La ruta del dinero K suma procesados

El juez Casanello procesó al platense Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar, presuntos testaferros de Lázaro Báez.  Las operaciones en Panamá en la mira

La ruta del dinero K, que habría servido para blanquear dinero sucio de la política, estaría saliendo a la luz pública. Ayer, el juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva al "valijero" Leonardo Fariña, un licenciado en Economía nacido y criado en nuestra ciudad, y al financista Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI, por el delito de blanqueo de capitales.

Ambos habían sido indagados en junio del año pasado. En tanto, el empresario Lázaro Báez sigue imputado, pero aún no fue indagado. Tampoco su hijo, Martín Báez, dueño de la cuenta de la empresa panameña Teegan, que depositó 1.500.000 dólares en el banco Lombard Odier de Suiza. Precisamente, una de las claves del blanqueo de divisas se encuentra en Panamá. Ese país es considerado un paraíso fiscal y no sólo los empresarios K harían negocios allí. Uno de los casos que llama poderosamente la atención es el de la empresa de residuos Covelia (ver aparte).

A Fariña el juez le embargó los bienes por 32 millones de pesos y le prohibió la salida del país. Al ex dueño de SGI, Casanello le aplicó un embargo de hasta 27 millones de pesos. También le prohibió dejar el país y lo obligó a presentarse en el juzgado cada 15 días y a notificar “todo cambio de domicilio y toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse por más de 24 horas”.  
 
En su resolución, de 206 carillas, el magistrado también embargó los bienes de SGI Argentina; de la sociedad Vanquish Capital Group, utilizada por Elaskar para comprar una Ferrari 430 en 300 mil dólares; sobre el departamento donde vivía Fariña con la modelo Karina Jelinek, ubicado en Avenida Del Libertador 2434, piso 23°; y sobre la estancia “El Carrizalejo”, ubicada en Mendoza. Casanello también aplicó embargo preventivo sobre un BMW X6, dominio JMK- 762; sobre una Ferrari, modelo California, dominio INP- 622, y sobre las acciones de las sociedades Andrómeda Corporate Finance S.A. y Diego Sociedad Anónima S.A.

 La causa se inició en abril del año pasado por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, quien recogió una investigación periodística. Luego de idas y vueltas entre varios jueces, la causa quedó radicada en el juzgado de Casanello. El primer requerimiento fiscal, firmado por los fiscales Ramiro González, Carlos Gonella y Omar Orsi, no imputaba a Báez ni a su hijo. Sólo mencionaba unos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados tardíamente por la UIF.

En mayo del año pasado, el fiscal Guillermo Marijuán, amplió el requerimiento de instrucción e imputó a Lázaro Báez, Martín Antonio Báez, Fabián Rossi y el contador Daniel Rodolfo Pérez Gadín. Eso derivó en una serie de allanamientos.  

Según explicó el juez Casanello, la investigación tenía dos líneas muy marcadas: las operaciones financieras que presuntamente habrían llevado a cabo los Báez junto a Fariña, Elsakar, Rossi y Pérez Gadín para sacar del país unos sesenta millones de dólares, tal como probó el suspendido fiscal José María Campagnoli, y las operaciones llevadas a cabo en el mercado local por Fariña y Elaskar. El magistrado optó por la primera. Así lo justificó: “Estas últimas operaciones (las del lavado) constituyen el objeto del presente pronunciamiento, pues son las que motivaron el pedido de indagatoria de la Fiscalía y sólo en torno a ellas se alcanzó el grado de sospecha al que alude el art. 294 del C.P.P. Estas operaciones, a priori, no guardarían relación con aquellas conductas de expatriación de capitales”.

En un hecho llamativo, el juez destacó en el fallo los motivos que complicaron, léase demoraron, la investigación. Lo justificó por la repercusión mediática del caso. Casanello explicó que el lavado de dinero “exige contar con una premisa: el origen delictivo de esos activos”. Esto es, si provienen del narcotráfico, de hechos de corrupción, u otros. “La principal dificultad en tanto ésta causa no es derivación de otra donde se haya demostrado, o cuanto menos investigado, ese hecho ilícito precedente, sino que se inició de forma autónoma a partir de una denuncia que se hizo eco del mentado informe periodístico”, escribió el juez.

El fallo fue festejado en el entorno del empresario patagónico, quien tuvo otra buena noticia en Tribunales: logró el sobreseimiento de Báez, Pérez Gadín y otros imputados en la causa donde estaban acusados de extorsionar a Elaskar para vender “La Rosadita”.
 
Fariña está detenido en la cárcel de Ezeiza por el delito de evasión agravada a raíz de la compra de un campo en Mendoza por 4 millones de dólares. El juez Manuel Blanco investiga la evasión de 28 millones de pesos en concepto de IVA 2010/2011, Ganancias 2010/2011 y Bienes personales 2010/2011/2012.

Las sospechosas operaciones de Covelia en Panamá

Al igual que Federico Elaskar, la empresa de residuos Covelia, que actualmente está en el centro de la atención pública por el conflicto de la basura en Quilmes, realizó actividades en Panamá, país considerado como uno de los principales paraísos fiscales del planeta.

En el año 2010, según pudo saber Hoy, representantes de Covelia participaron en un evento organizado por la embajada argentina. Durante el  cóctel, presentaron la “Contenerización de carga lateral automatizada”, a la que calificaron como “una solución innovadora al problema de la basura”. Un  año más tarde, el gerente comercial de Covelia, Carlos Vázquez, reconoció en declaraciones periodísticas que estaban realizando tratativas para ingresar a ese país centroamericano.

El embajador argentino en Panamá, que organizó la exposición de Covelia, fue Jorge Arguindegui, que ocupó el cargo hasta 2011. Es un exdiplomático salpicado por distintas denuncias. Por ejemplo, fue señalado como amigo de Fabián Rossi, el exesposo de la vedette Eliana Calabró, acusado de armar las sociedades off-shore en ese país para Fariña y Elaskar.

Arguindegui tuvo un rol protagónico durante el menemismo, cuando privatizó empresas estatales. Concretamente, participó en la "racionalización" de la metalúrgica Somisa de San Nicolás y luego fue "liquidador" del mayor yacimiento minero de la provincia de Río Negro. Más tarde, fue “asesor” en temas internacionales del presidente del Senado, Carlos Ruckauf. También tejió una buena relación con integrantes del Gobierno K y durante su carrera siempre mantuvo un interés paralelo por los negocios, a los que hoy se dedica exclusivamente en Panamá, como CEO de la empresa Arnie Group.

Con Néstor Kirchner en la Casa Rosada, Arguindegui había escalado al cargo de "ministro plenipotenciario". En julio del año 2005 fue designado por el canciller, Rafael Bielsa, como embajador argentino en Panamá. Según los registros de audiencias del Estado, cuando era embajador, se reunió con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el 24 de junio del 2005, en calidad de "visita protocolar". No fue el único contacto con funcionarios investigados. En noviembre del 2006, se mostró en público con el ministro de Planificación Julio De Vido y el ex titular del Occovi, Claudio Uberti, quien debió renunciar luego del escándalo de la valija de Antonini Wilson.