16/03/2014 - 07:39hs
EN FOCO
La semana que pasó demostró, con una claridad meridiana, la profundidad de la crisis que estamos viviendo a causa de las erráticas políticas económicas que impulsa el gobierno nacional, cada vez más encerrado en su soberbia y empeñado en no modificar el rumbo.
Empresas e industrias que venían resistiendo la crisis, en los últimos días decidieron tirar la toalla y empezaron con los despidos y/o suspensiones masivas de su personal, en momentos donde la inflación y la recesión no dan tregua. Mientras esto ocurre en el sector privado, en el sector público los maestros continúan con las medidas de fuerza que tienen en vilo al sistema educativo: ya se perdieron 8 días de clases en distintas provincias.
La crisis económica ha llevado a que se cambiara la lógica de las paritarias de los últimos años, donde las negociaciones salariales con el sector docente marcaban la tendencia de lo que luego ocurría en el resto de la administración pública. En esta ocasión, en el caso del gobierno bonaerense, tuvo como prioridad acordar una solución para los sectores salarialmente más postergados de la administración pública, que son los más afectados por la inflación, a los que se les pagará un aumento de hasta 42 por ciento en dos cuotas.
Ahora bien, cerradas las negociaciones con los estatales, queda abierto el conflicto docente donde las posturas entre el gobierno provincial (que ofrece 30,9% en dos cuotas) y los gremios aparecen como irreconciliables, al menos por el momento. Lo que está ocurriendo tiene su base en la delicada situación económica. Buenos Aires, al igual que otras provincias, no cuenta con recursos genuinos suficientes para poder otorgar aumentos salariales a todos sus empleados que compensen la pérdida real del poder adquisitivo ocasionada por la inflación.
Dada la cantidad de docentes que existe a lo largo y ancho del país, sólo en territorio bonaerense hay más de 250 mil, la magnitud de la recomposición que se tiene que realizar requiere necesariamente de un financiamiento nacional. Pero, lejos de atender la situación, el gobierno de Cristina Kirchner parece estar mirando otra película: no ha dado ninguna señal política en ese sentido.
El gobierno de CFK prefiere seguir secando las arcas del Estado pagando una deuda externa ilegal e ilegítima, despilfarrar fondos en el Fútbol para Todos y pagar millonarios subsidios que, en gran parte, terminan favoreciendo a sectores sociales acomodados.
Lejos de dedicarse a resolverse la crisis educativa, la presidenta parece tener otras prioridades. Por ejemplo, irse a París, para intentar arreglar con los buitres que durante décadas se enriquecieron con la deuda externa argentina, a costa del hambre de miles de compatriotas, a cambio de supuestas inversiones que, como ya se sabe, nunca vendrán. De hecho, en los últimos 10 años, se ha pagado la friolera suma de 175 mil millones de dólares (casi 6 veces las reservas que hoy tiene el Banco Central) en concepto de vencimiento de deuda externa, y hoy la Argentina se encuentra totalmente excluida del mercado de capitales.
Crisis e inseguridad
El efecto de la crisis no es neutro. Por el contrario, está pegando cada vez más fuerte en la sociedad. La crisis de la educación pública se esté volviendo endémica y amenaza con sumir a una parte muy importante del país en la incultura. Se están destruyendo así los cimientos que permitieron, durante varias décadas del siglo pasado, que la Argentina fuese la nación con mejor calidad de vida, y con la clase media más afianzada del continente. El ascenso social en aquellas décadas fue posible, en parte, por la universalización de la educación pública, que permitió que los hijos de los obreros pudieran convertirse en profesionales, en función de su esfuerzo y sacrificio. De forma paralela, se fueron creando las condiciones para la creación de empleo genuino a partir del desarrollo de la industria que le dio valor agregado a la economía, desarrollando un prospero aparato productivo y un robusto mercado interno.
Ninguno de estos pilares fueron tenidos en cuenta por el modelo económico K, que apostó al clientelismo como forma de mantenerse en el poder, y mediante una alocada emisión monetaria se incentivó de forma artificial el consumo sin que, al mismo tiempo, existiera una oferta que pudiera hacer frente a la demanda de bienes y servicios. ¿El resultado? La Argentina hoy tiene uno de los índices inflacionarios más elevados del planeta.
La inflación descontrolada, en un sistema capitalista, es una máquina de producir pobres e indigentes. En otras palabras, provoca deterioro social y por no es casualidad que la inseguridad, haya llegado a un punto extremo. El último viernes, por ejemplo, en el Conurbano fueron asesinadas 6 personas en distintos hechos delictivos.
El gobierno está llevando a que la vida, en la Argentina, valga cada vez menos. Quizás llegó el momento de que la clase dirigente no sólo se dedique a quedar bien con el Papa Francisco con frases grandilocuentes y visitas al Vaticano. Es hora de empezar a aplicar en la realidad concreta el mensaje de concordia del Santa Padre, buscando consensos entre sectores políticos, empresariales y del trabajo en pos de soluciones superadoras.
Si Francisco, con decisión política y valentía, está cambiando la Iglesia, en la Argentina deberíamos empezar a transitar por el mismo camino de transformación.