“Las deudas son de nosotros, las ganancias son ajenas”

Si Atahualpa Yupanki estuviera vivo, entonaría nuevos versos para expresar la crítica situación que vive hoy el pueblo trabajador en la Argentina, un país donde el Salario Mínimo Vital y Móvil no alcanza para cubrir los gastos mensuales que debe afrontar una familia tipo, sobre todo tras el reciente tarifazo de los servicios, el aumento de la inflación y el consecuente incremento de los precios de la Canasta Básica de Alimentos. 

Frente a esta dura realidad, cada vez más ciudadanos se han endeudado con el sistema financiero para poder llegar a fin de mes, fundamentalmente a través de tarjetas de crédito y préstamos personales. Según datos suministrados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el año 2017 concluyó con un 48% de la población adulta comprometida con algún tipo de préstamo. Si bien la mayoría de las personas acuden a esta forma de financiamiento para encontrar un desahogo que les permita salir del pozo financiero en el que se encuentran, muchas veces, en vez de salir a flote, lo que se hace es profundizar la asfixia económica tomando préstamos a tasas usurarias.

El Gobierno nacional, por su parte, lejos de concentrarse en generar trabajo, proteger las economías regionales y las pymes y fomentar la industria nacional, se enfoca en promover la adquisición de créditos por parte de los que menos tienen y en beneficiar a las entidades bancarias. 

Bajo la promesa de disminuir las tasas de interés de los préstamos, lo cual ayudaría a que gran parte de la gente que hoy no califica para adquirir un crédito logre hacerlo, el Presidente Mauricio Macri resolvió que las cuentas sueldo podrán ser embargadas. Lo hizo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), luego replicado por el oficialismo a través de un proyecto para modificar la Ley de Contrato de Trabajo. El monto que se pretende embargar será “el equivalente a tres veces el salario promedio recibido por el trabajador en los últimos seis meses”. Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario de 30.000 pesos, el embargo debe aplicarse a partir de lo que exceda los 90.000 pesos, según una explicación dada a conocer por el Banco Central (BCRA).

El DNU n° 27/18, que no tiene nada de Necesidad ni de Urgencia, elimina la Ley N° 27.320, que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2016 para proteger el bolsillo de los que menos tienen estableciendo que las cuentas sueldo no pueden ser embargadas. Antes, la única posibilidad de embargar parte del salario era a través de la retención de hasta el 20% de lo que superara el Salario Mínimo Vital y Móvil, que solo podía retener el empleador. La nueva normativa establece que a partir de ahora también se podrá embargar parte del salario directamente de las cuentas sueldo de los empleados. 

Durante la reunión informativa que celebró ayer por la mañana el plenario de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Finanzas y Legislación General en la Cámara de Diputados, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, si bien reconoció que se trata de un “tema polémico”, hizo énfasis en que, a juicio del Gobierno, “es positivo para la inclusión financiera”. 

Algunos referentes de la oposición salieron al cruce de la medida por “no respetar la división de poderes” y “facilitar el embargo de las cuentas sueldo de los trabajadores”. La dirigente Margarita Stolbizer (GEN), por su parte, anunció que va a pedir que la Justicia la declare “inconstitucional”.

También el constitucionalista Andrés Gil Domínguez se expresó al respecto y señaló que es “incomprensible” que el Gobierno modifique una ley sancionada por el Congreso hace poco más de un año, para “limitar el derecho al trabajo y la intangibilidad del salario. Con esta decisión, se apuesta a una visión mercantilista y neoliberal, que choca contra los derechos garantizados en la Constitución Nacional”.