15/06/2017 - 01:39hs
Tras la polémica decisión del Ministerio de Desarrollo Social, se conoció que le sacaron el beneficio a la atleta que ganó en los Juegos de Río de Janeiro en 2016. Además, la Iglesia pidió que el derecho se restituya “de inmediato”
La atleta paralímpica Yanina Martínez, quien resultó ganadora de una medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro el año pasado, también sufrió la quita de la pensión por discapacidad por decisión del Gobierno, con el argumento de que posee un contrato de sponsoreo. La joven, de 23 años, integra desde 2009 la selección paralímpica argentina y tiene una extensa trayectoria deportiva. Sobre la quita del beneficio, su madre, Claudia Chávez, expresó: “El movimiento paralímpico no es muy conocido y la actividad se hace con mucho esfuerzo. Hace algunos meses logramos un contrato de patrocinio y por eso decidieron suspenderle la pensión”.
Ganadora de los 100 metros llanos, Martínez fue una de las personas afectadas por la suspensión de pensiones por parte del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley, según confirmó la madre de la atleta. “Desde febrero no percibe el subsidio y nos dijeron que la decisión llegó porque Yanina se sacó el monotributo, justamente para percibir el dinero que llegaba desde el Banco Provincia de Buenos Aires” que es su sponsor, aseguró Chávez.
“El dinero del sponsor lo repartimos, por lo que queda menos o igual que la pensión. Quizás cortaron a ciegas. Yani no tiene casa ni nada”, expresó su madre, aclarando que el monto que percibe del patrocinador lo comparte con los miembros del equipo con el que se entrena a diario.
Por otro lado, el responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote Pablo Molero, afirmó ayer que “es necesario restituir inmediatamente” las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas, ya que esos beneficios “han generado la posibilidad de vida digna y desarrollo para mucha gente”. El religioso sostuvo que querer aplicar actualmente un decreto de otra época es “un error grave” porque implica olvidar lo que sucedió en 2001 y la pobreza estructural que existe.
Molero también cuestionó el criterio que el Gobierno siguió al quitar ese derecho a personas con discapacidad, que poseen no solo invalidez laboral sino también una situación socioeconómica vulnerable. “Nuestro país cuenta con familias que no pueden dar respuesta a las necesidades de sus integrantes, y si lo tuvieran que hacer solamente con sus ingresos tendrían que decidir si comer o atender al miembro con discapacidad”, advirtió el sacerdote.
La Justicia exige explicaciones al Gobierno
El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, requirió ayer al Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Carolina Stanley, información detallada sobre la suspensión de pensiones por discapacidad. Entre estos datos, pidió conocer la cantidad de beneficios recortados, el listado de las personas perjudicadas y el criterio aplicado para tomar la decisión.
El fiscal solicitó esa información en el marco de una investigación preliminar sobre “la posible existencia de irregularidades en el trámite de baja de las pensiones”. Entre otras precisiones, pidió que se detallen los criterios que sustentan la decisión de suspender parte de las pensiones por discapacidad, el medio de notificación al beneficiario sobre el cese del derecho, y que se acompañen las constancias respectivas que acrediten dicha notificación.
“A los efectos de investigar la posible existencia de irregularidades en el trámite de baja de las pensiones, es necesario determinar cuáles fueron los criterios aplicados y si estos tienen sustento en la normativa aplicable o, por el contrario, fueron definidos a discreción del organismo”, sostuvo De Vedia.
El representante del Ministerio Público contó que se busca identificar si en todos los casos se cumplió con el procedimiento vigente y se respetó la tutela administrativa efectiva contemplada en distintos instrumentos internacionales. Además, el funcionario judicial expresó que las pensiones por discapacidad son “un derecho adquirido, no es limosna ni caridad”.
“Si se descubre algo contrario a derecho, hay que hacer una actuación administrativa, citar al beneficiario, darle derecho a defensa y esto va a conducir a que se tenga una decisión fundada, no que se entere en un cajero automático”, explicó el titular de la Ufises. “La Corte dijo que era inconstitucional”, destacó el fiscal, en referencia al decreto de 1997 utilizado para quitar el beneficio.