Ley de Medios: el Gobierno aprieta el acelerador

El gobierno kirchnerista ayer confirmó que pisará el acelerador a fondo para lograr que todos -o casi todos- los medios de comunicación respondan a sus intereses políticos, utilizando para ello todo el poder del Estado. 

Un total de 20 grupos deberán adecuarse antes del 7 de diciembre a la ley de Medios, aseguró ayer el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, y añadió que para los que “no” se presenten se abrirá un proceso de “no más de 100 días hábiles” para efectuar los cambios.

Después del llamado 7-D, el Gobierno iniciará el “proceso de transferencia de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del servicio y las fuentes de trabajo”, para lo que recurrirá “a todas las herramientas del Estado”, subrayó Sabbatella, durante una conferencia de prensa realizada este mediodía en la Manzana de las Luces.

El titular de la Afsca hizo una presentación en la que detalló que, por diversas razones, desde una participación mayor al 35 por ciento en el mercado, hasta incompatibilidades cruzadas a nivel local y nacional y un exceso nominal de licencias, son 20 los grupos que deberán presentar un “plan voluntario” de adecuación.

Según Sabattella, se trata de los grupos Clarín, Uno, Cadena 3, Pampa Difusora, Ick, Prisa, Directv, Telefe, Cadena Eco, C5N, Telecentro, Indalo, Radiodifusión Cero, Red Intercable, Radiovisión Jujuy y los que figuran como Schroeder (2) en Neuquén, Alejandro Tirachini, Jorge Nemesio y Roberto Ferraris.

“Nadie tiene coronita”, enfatizó Sabbatella durante su exposición, en la que remarcó que la ley de Medios 26.522, sancionada por el Congreso en octubre de 2010, busca “que no haya un gigante toma todo que lesione la posibilidad de que el resto exista”.

En cuanto a las compañías que ya presentaron un plan “voluntario” de desinversión, Sabbatella sostuvo que lo hizo “la mayoría, y los que no han expresado su voluntad de hacerlo, excepto uno”, el Grupo Clarín.

Ayer, el Grupo Clarín respondió a través de un comunicado a las manifestaciones Sabbatella. Afirmó: “La amenaza del titular de Afsca de avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales del Grupo Clarín implica un desafío al estado de derecho y constituye un desconocimiento de la propia ley y del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el artículo 161 de la ley de Medios está totalmente suspendido para el Grupo Clarín por su presunción de inconstitucionalidad”. 

“Lejos de negarse a cumplir la ley, los medios audiovisuales del Grupo han sido los primeros en cumplirla en todos sus puntos vigentes. Pero el artículo 161 está suspendido judicialmente, y por eso el Afsca, como organismo estatal, sabe que no puede exigirle al Grupo Clarín ningún paso administrativo respecto de ese artículo”, agrega. Y concluye: “Aunque el Gobierno intente confundir, el plazo de un año previsto por el artículo 161 recién comienza a correr para el Grupo Clarín a partir del día en que entre en vigencia dicho artículo. De lo contrario, se daría la paradoja de que quienes no litigaron, no acudieron a los tribunales y no obtuvieron tres fallos a favor en distintas instancias -incluyendo la Corte Suprema- estarían más beneficiados que los que sí lo hicieron”. 

En foco
El proyecto de querer controlar los medios

Ningún medio independiente puede estar en contra de los fundamentos que llevaron a que se sancionara una ley de medios: evitar la concentración en el manejo de la información.

Pero el Gobierno K, con la excusa de esta norma, está llevando adelante un proceso que consiste en reemplazar un grupo hegemónico de carácter privado, como es Clarín, por empresarios amigos del poder político y medios sostenidos por el aparato de propaganda oficial.

No es casualidad que, en los últimos tres años, la administración K allanara el camino para que empresarios que se enriquecieron durante su gobierno, gracias a negocios con el Estado, hayan avanzado decididamente en la compra de medios  de comunicación. El caso paradigmático es Cristóbal López, con radio 10 y el canal C5N. Compró medios luego de amasar una fortuna obtenida a partir de los favores que le dio el kirchnerismo en el negocio de los juegos de azar (casinos y tragamonedas): primero en Santa Cruz, y luego a lo largo y ancho del país. Al ser contratista del Estado, este empresario no debería haber podido comprar medios en la forma en que lo hizo.

Otras empresas K que se fueron quedando con medios, gracias a los favores de la Casa Rosada, es el grupo Vila-Manzano, Electroingeniería; y el tándem Matías Garfunkel y Sergio Spolski, que estaría estrechamente vinculado con sectores de la SIDE. Todos ellos, en mayor o menor medida, también tienen negocios con el Estado.

Una clara muestra de cómo el Gobierno nacional busca una prensa adicta es el manejo absolutamente discrecional de la pauta publicitaria, favoreciendo exclusivamente a aquellos medios que le resultan absolutamente obsecuentes.

De hecho, hasta antes de la pelea con el campo, el grupo mediático preferido para los K era Clarín, al punto que Néstor Kirchner -pocos días antes de dejar la presidencia- habilitó la fusión de las empresas Multicanal y Cablevisión, permitiéndole al holding que encabeza Héctor Magneto tener el control de gran parte del negocio de la TV por cable a lo largo y ancho del país, reduciendo la competencia a su mínima expresión.

Uno de los pocos medios que, en aquel entonces, denunció abiertamente esta situación fue el diario Hoy, que desde un comienzo alertó las consecuencias de la concentración mediática. Los hechos no hicieron más que darnos la razón. El Gobierno nacional ha dado sobradas muestras de no tolerar el ejercicio del periodismo independiente, ni ninguna clase de críticas a su accionar.