09/10/2014 - 06:27hs
Una empresa de limpieza tercerizada, cuyos dueños fueron aportantes de las campañas del Frente para la Victoria, es el mayor proveedor del ministerio de Trabajo. Denuncian que los inspectores de la cartera no estarían debidamente registrados
En el Ministerio de Trabajo de la Provincia, al enterarse que el diario Hoy puso la lupa sobra las oscuras contrataciones que se realizan en esa cartera, se pusieron muy nerviosos. Y más teniendo en cuenta el impacto que tiene la distribución de 60 mil ejemplares gratuitos.
Concretamente, según consta oficialmente en la Contaduría General de la Provincia, el mayor proveedor del Ministerio de Trabajo es la firma Lyme SA (antes se llamaba Lyme SRL), cuyos titulares serían Lucas Morzilli y Jorge Antonio Gobbi. En lo que va del año, esta empresa es lejos la que más pagos recibió del ministerio, recaudando más de 5,3 millones de pesos al 5 de agosto de 2014. En tanto, en 2013 le pagaron $9,8 millones. Lyme también tiene contratos millonarios en otros ministerios, que suman más de 32,5 millones de pesos.
¿A qué se debe semejante favoristimo? La empresa está inscripta en la AFIP como prestadora de servicios de limpieza. En tanto, la hermana de Morzilli, que se llama Ruth, es socia de Elda Tobar en la empresa Ingeniería en Servicios Integrales. Todos los antes mencionados fueron importantes aportantes de la campaña del Frente para la Victoria en las elecciones de 2009 y 2011.
Como se sabe, el financiamiento de las últimas campañas políticas del oficialismo está bajo la lupa de la Justicia ya que se sabe habrían recibido aportes de empresas y empresarios sospechados de distintos ilícitos, como el tráfico de efedrina y la venta de medicamentos adulterados.
Ahora bien, el año pasado, ante las situaciones de extrema precarización de las empresas de limpieza contratadas por el Estado bonaerense, la Provincia decidió estatizar el servicio y absorbió a unos 5.000 trabajadores que desempeñaban tareas en hospitales. Al día de hoy, estos trabajadores están cobrando una beca, ni siquiera se le hizo un contrato y, pese a las promesas oficiales, no hay perspectivas que pasen a planta permanente. Siguen en una situación de extrema precariedad.
Una de las denuncias apunta contra Lyme apunta directamente a la contratación del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, varios empleados habrían recurrido a la Justicia al ser contratados por esa empresa para realizar tareas de limpieza en distintas delegaciones del Ministerio. Si bien cuando ingresaban firmaban un contrato con un horario de 14 a 18 horas, trabajaban tres horas más por día y percibían una parte de sueldo en negro. Situaciones similares se repetirían por cientos.
Lejos de ser una situación aislada, la precarización también alcanza hasta los propios inspectores de la cartera que conduce Oscar Cuartango que insólitamente, teniendo la tarea de controlar que no haya empleados en negro en las empresas, muchos no están debidamente registrados. Los propios empleados del ministerio vienen denunciando que se está incumpliendo de manera flagrante con el artículo 6 del Convenio 81 de la OIT - Organización Internacional del Trabajo –, violando la Constitución Provincial e incurriendo, por lo tanto, en fraude laboral.
Tercerizadas y millones gastados en alquileres
Durante la gestión de Roberto Mouilleron, en el Ministerio de Trabajo boonaerense se creó un fondo, con dinero de las multas que aplica el ministerio, para hacer una nueva sede que unifique todas las dependencias. Pasaron siete años, y el nuevo edificio nunca se construyó pese que supuestamente se había comprado un predio en 12 y 40.
Actualmente, el ministerio funciona en cinco dependencias diferentes: calle 7 y 40, 115 y 67, 7 entre 520 y 521, calle 56 entre 17 y 18, y 46 entre 12 y 13. Este último inmueble pertenecía a la Federación de Trabajadores Municipales, sindicato que era asesorado por Cuartango. Asimismo, el edificio de calle 115 era de la mutual AMTE, que durante años fue conducida por el polémico expresidente de Gimnasia, Juan José Tuerto Muñoz (ya fallecido), y no sería apto para alojar a un ministerio.
En definitiva, se estarían gastando millones en alquileres y gastos de traslado generado por la dispersión de sedes.
Por otra parte, a lo largo de su carrera como abogado, Cuartango habría avalado distintos procesos de vaciamiento. En su juventud, desde el año 1975 hasta 1981, trabajó en la Mutual 10 de Junio de Berisso, que se creó a partir de la desaparición del sindicato de la Carne que dejó de existir a partir de la cierre de los frigoríficos. En esa época, se sospecha, el sindicato se desprendió de casi todos sus activos.
Luego, a fines de los ’90, Cuartango y su hijo participaron activamente en la creación de empresas tercerizadas (con trabajadores precarizados laboralmente) ligadas al sindicato de Obras Sanitarias, que actualmente tienen el control operativo de ABSA.
Hasta el año 2001 inclusive el titular de Gral Saneamiento, una de las tercerizadas, era nada menos que el actual ministro de Trabajo bonaerense. Además, el ministro formaba parte de la Fundación de Estudios Sanitaristas y Ambientales, accionista de Gral.
A su vez, el hijo ministro, Gonzalo Cuartango, integró Agualar, otra tercerizada que fue disuelta en el año 2001. Esta firma estaba vinculada con Gral Saneamiento y con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias.