Los personajes que forman parte del polémico negocio

La construcción de la planta potabilizadora estará a cargo de un consorcio conformado por la empresa estatal de aguas de Israel, Mekorot, Eleprint SA, Mako SA y la firma 5 de Septiembre SA. Esta última está integrada por dirigentes del Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (Sosba), que tiene el 10% de ABSA.
La firma Mako pertenece al abogado Marcelo Salinas que, a su vez, es titular de otra empresa que comparte el control operativo de ABSA junto a la firma 5 de Septiembre: Gral Sanea-miento SA.
Además, Salinas también fue asesor de Armando Canosa, secretario de Transporte durante el menemismo, y tuvo sus minutos de fama en los
programas de chimentos cuando, en  2006, contrajo matrimonio con la vedette María Eugenia Ritó. La revista Noticias lo definió como “un abogado millonario”. Y no era para menos, ya que la fiesta habría salido unos $ 600 mil, y tuvo 550 invitados: entre ellos, quien por aquel entonces era ministro de Infraestructura bonaerense, Antonio Eduardo Sícaro.
Sícaro fue ministro de Infraestructura bonaerense hasta el año 2007 y hasta el año pasado fue el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Tuvo que renunciar a raíz del escándalo generado por el choque del tren en estación Once, que se cobró la vida de 51 personas. Sícaro está imputado en la causa, acusado de no haber controlado a la empresa concesionaria del
tren siniestrado.
Asimismo, Salinas y Nicolás Sícaro, que sería hijo del extitular de la CNRT,  son socios en la firma Casfi SA, dedicada por cuenta propia o de terceros a la actividad inmobiliaria.
Otro de los invitados al casamiento de Salinas y Ritó fue el diputado provincial Raúl Pérez, quien no por casualidad fue uno de los legisladores que operó -sin éxito- para que no avanzara el pedido de informes que fue aprobado en la Legislatura bonae-rense a fines del año pasado. Pérez,
durante más de una década, arrastró una pesada denuncia por enriquecimiento ilícito.
Las firmas 5 de Septiembre y Gral Saneamiento están conformadas por dirigentes y empleados del Sosba, y están en la mira dado que funcionarían como tercerizadas desde finales de los años ‘90, en momentos en que el servicio de agua era prestado por la privatizada Azurix, empresa que se fue de la Provincia en el año
2001 en medio de un escándalo. Así fue como se conformó ABSA, con mayoría de participación de estatal, pero manteniendo como tercerizadas tanto a la firma 5 de Septiembre como a Gral Saneamiento, en un esquema muy similar al que adoptaron otros gremios, como la Unión Ferroviaria, la cual, con los trabajadores despedidos producto de las privatizaciones, conformó cooperativas con empleados que se desempeñaban en negro, con contratos basura y en condiciones por demás precarias. Uno de ellos era Mariano Ferreira, quien fue asesinado en 2010 en una protesta por mejores condiciones de trabajo y que luego derivó en el arresto del titular la UF, Oscar Pedraza.
Desde 2002 al presente, la firma 5 de Septiembre presta “asistencia técnica en la gestión operativa” de Absa -en los hechos es la gerenciadora de la empresa de agua- y Gral. tiene contratos para la reparación de averías en la vía pública y para nuevas conexiones.
Un dato, por demás llamativo, es que hasta el año 2001 inclusive el titular de Gral Saneamiento era nada menos que el actual ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango. Este tenía el mismo cargo que hoy ostenta Salinas. Además, el ministro formaba parte de la Fundación de Estudios Sanitaristas y Ambientales, accionista de Gral.
A su vez, el hijo ministro, Gonzalo Cuartango, que es su mano derecha en la cartera laboral, integró Agualar, otra mercerizada que fue disuelta en el año 2001. Esta firma estaba vinculada con Gral Saneamiento y con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias.

Eleprint, otra empresa sospechadaOtra de las empresas con pasado oscuro que interviene en el negocio de la planta potabilizadora es Eleprint SA. Se trata de una firma que presta los servicios de ingeniería y construcciones de obras en áreas de electromecánica, petróleo y gas, petroquímica e industriales, que se ha visto salpicada en diversos escándalos judiciales, como el caso Skanska. Estuvo en la mira ya que habría emitido facturas truchas. Su titular es el ingeniero Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Eleprint, además, aparece en la denuncia penal que realizó el exdiputado nacional Adrián Pérez, en el año 2005, por sobreprecios en la construcción de cárceles.
Las aparentes anomalías consistieron en millonarios aumentos de los presupuestos de ejecución de las obras, que se incrementaron entre el 52 y el 86 por ciento respecto de las cifras previstas originalmente. Esas variaciones fueron convalidadas por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner.

Venta de válvulas a precios exorbitantes
Los expertos de la Dirección de Hidráulica bonaerense también denunciaron que la empresa Mekorot ya está vendiendo válvulas y cañerías de alto costo a la empresa estatal ABSA.
Afirmaron que el valor en dólares de estos insumos es muy elevado dado que por ser elementos de alta tecnología para ser usados en el desierto, en nada se adecúan a nuestra región, donde hay una gran cantidad de humedales. Además, los expertos afirman que, en nuestro país existen repuestos de fabricación local que responden a las características de las necesidades de la Provincia y que pueden ser pagados en pesos, y no en dólares.
“Entendemos que la multinacional Mekorot viene por todo y en esto tenemos que ver que va a suministrar agua con negocios privados a grandes empresas  con bajos valores, dejando el pago de las obras al erario bonaerense. Por otro lado, al vender una depuradora sistema llave en mano va a ser imposible su operación y reparación al no tener la tecnología disponible, por lo que se va a tener que recurrir a esta empresa solamente creando un mercado cautivo”, explicaron los expertos consultados por Hoy.

El ejemplo de Obras Sanitarias
Recurriendo a la historia argentina, se puede saber encontrar varios ejemplos de lo que significaron las auténticas políticas de Estado en los que se refiere a planes sanitarios y de agua potable, que pusieron a nuestro país a la vanguardia a nivel mundial, sin necesidad de recurrir a empresas extranjeras de dudosa confiabilidad.
En 1910, sin los avances tecnológicos que existen actualmente, Obras Sanitarias de la Nación (OSN) empezó a desarrollar sus tareas, manteniendo y expandiendo la red de agua corriente y desagües de la Ciudad de Buenos Aires y
asesorando a ciudades del interior del país para el desarrollo de las propias. 
Junto con la creación de OSN se estableció una verdadera escuela de ingeniería sanitaria, que alcanzó su máximo desarrollo en el año 1940, convirtiéndose en líder en América Latina.
Con la legada Juan Domingo Perón a la presidencia, en 1946, se presentó el Plan Quinquenal, un programa de obras, para el periodo 1947-51, que preveía la construcción de grandes diques, el regadío de extensas zonas, la provisión de agua y la ejecución de desagües cloacales y pluviales para numerosas ciudades y pueblos del territorio nacional. El plan fue un éxito rotundo. Es más, los méritos de la institución eran reconocidos dentro y fuera del país. Sus trabajos merecían elogios de prestigiosas instituciones y figuras del saneamiento de todo el mundo. Técnicos extranjeros visitaban la empresa estatal y quedaban impactados por las instalaciones del establecimiento central que estaba en el barrio porteño de Palermo y por la magnitud de los emprendimientos realizados a favor de la higiene y la salubridad nacional. Y todo fue logro de expertos argentinos, formados en nuestro país.
En 1980 fueron finalmente provincializados los servicios de agua corriente y desagües, a excepción del Area Sanitaria Metropolitana. Y en los ‘90, de la mano de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, el servicio de agua nacional y de la Provincia se privatizó y con ello se profundizó la debacle. En Capital Federal y el Conurbano, la prestación del servicio quedó en manos de la empresa Aguas Argentinas, propiedad en su mayor parte del grupo francés Suez, la española Aguas de Barcelona y grupos privados locales como el Banco Galicia.
En tanto, en la Provincia, apareció Azurix, de capitales norteamericanos. Ambas concesiones fracasaron a comienzos de la década pasada, pero sus modelos de gestión tienen plena vigencia. Al punto que ahora se le quiere dar nuevo impulso al modelo privatizador, con la llegada de Mekorot.