13/03/2017 - 01:06hs
La Fiscalía de Delitos Complejos tomó declaración a una exfuncionaria del área centralizadora de defunciones del Registro de las Personas y a una oficial de Policía. Confirmaron al menos cinco casos irregulares. Citarán a dueños de varias casas de sepelios de la región
Como parte de la investigación de la denominada causa de la Morgue, en la que se intenta determinar si por una asociación ilícita pudieron haber quedado impunes crímenes en la región, la Justicia platense tomó declaración a una mujer policía y a una exfuncionaria del Registro de las Personas.
El fiscal Hugo Tesón, de la UFI nº 8 de Delitos Complejos, ya tiene en el expediente los testimonios de Liliana de la Canal, quien trabajó en el Registro de las Personas, y de la oficial principal de la Policía Bonaerense, Adriana Salgueiro. De la Canal explicó que en el área ubicada en 1 y 60, dependiente de la Jefatura de Gabinete, hay una oficina que se ocupa de registrar las firmas de los médicos que se desempeñan en las morgues.
La exfuncionaria habría confirmado que los empleados del Registro de las Personas dejaron pasar firmas truchas en al menos cinco certificados de defunción. “El cotejo de las rúbricas falló en varias ocasiones. Por eso es muy posible que citemos a más empleados de esa dependencia oficial”, le dijo a diario Hoy un vocero judicial. En tanto, Salgueiro, la mujer policía que cumplía funciones en la morgue ubicada en las instalaciones del Cementerio Municipal de La Plata, habría asegurado que un perito eviscerador falsificaba firmas de los médicos de guardia.
Lo que se presume es que se vendían certificados de defunción en blanco, con firmas apócrifas de galenos, sus sellos y diagnóstico de muerte natural, a por lo menos dos empresas funerarias de La Plata. Por tal razón, el fiscal Tesón analiza convocar a la UFI nº 8 a los propietarios de las casas de sepelios sospechadas de participar en las irregularidades.
Un proceso de casi cuatro años
La Justicia platense arrancó con una minuciosa investigación luego de la trágica inundación del 2 de abril de 2013 en la región, tras recibir varias denuncias respecto a personas que, aunque habían muerto al quedar sumergidas en el agua, en los certificados se indicaba que habían fallecido por un paro cardiorrespiratorio.
Lo que causa preocupación es que las maniobras detectadas podrían haber ocultado crímenes como el que fue descubierto en el caso de la socióloga María Marta García Belsunce. Como se recordará, la mujer iba a ser sepultada con un certificado de defunción que indicaba como motivo del deceso un fuerte golpe accidental en la cabeza, mientras que, en realidad, había recibido seis disparos.
El primer paso de esta investigación se dio con la muerte de Juan Carlos García, un hombre que se ahogó en la vía pública el 2 de abril de 2013 en la zona de 21 y 32, y sin embargo, de acuerdo al acta de defunción, su fallecimiento había ocurrido por un paro cardiorrespiratorio.
Desde la UFI nº 8 empezaron a tirar de la punta del ovillo y desenmascararon maniobras gravísimas. Un vocero judicial le indicó a este diario cómo era el procedimiento. “Se descubrió que varios certificados de defunción tenían la firma de médicos que aseguraron no haber estampado esa rúbrica”, señaló la fuente. A partir de la afirmación de los galenos, se ordenaron pericias caligráficas y se llegó a la conclusión de que empleados de la Morgue falsificaban las firmas de los certificados de defunción (más conocidos como los formularios 03), para luego venderlos a casas de sepelios ubicadas en la capital provincial.
Además de las irregularidades en la Morgue y en las firmas funerarias, la tercera “pata” necesaria para cerrar el circuito está en la administración provincial. Se trata del área centralizadora de defunciones del Registro de las Personas, desde donde, en un marco de connivencia, habrían hecho la vista gorda, al parecer, a cambio de un retorno.
Por investigar, una funcionaria fue sancionada por Falbo
Una de las personas que más acciones tomaron para desenmascarar los tenebrosos manejos en la Morgue de La Plata es la licenciada en Informática, Soledad Escobar, funcionaria de la Procuración General bonaerense. Escobar fue contundente y le dijo a diario Hoy que, “en la Provincia, matar con impunidad es más fácil que aplastar una cucaracha”. Cabe destacar que, por sus investigaciones, la mujer fue sumariada de manera irregular por la exprocuradora María del Carmen Falbo.
En este contexto, la funcionaria detectó al menos cuatro métodos para alterar documentos públicos y manipular la identidad de los óbitos y los entierros: 1) inhumación de cuerpos con identidad falsa; 2) inscripción como NN de cuerpos que en realidad han sido identificados; 3) doble inscripción, cambiando el lugar de defunción; 4) solicitud de inscripción de cuerpos que ingresaron a la Morgue luego de una exhumación.
En diálogo con este medio, Escobar recordó la historia de Gabriela, que en 2013 enterró dos veces a su padre, Jaime Isla. Luego de un largo derrotero judicial, le entregaron un cajón con un cuerpo que sepultó el 22 de noviembre de 2013. Pero al día siguiente su tía le indicó que ya lo habían enterrado en enero. Los restos de Isla descansan en una de las dos tumbas que llevan su nombre en el Cementerio, pero nadie sabe quién ocupa la otra. El cuerpo se inscribió por segunda vez mediante el “formulario 25”, el cual permite la identificación mediante dos testigos cuando no es posible hacerlo por DNI o huellas dactilares. En este y el resto de los casos, los testigos son empleados de la Morgue.
Un mecanismo con garantía de impunidad
El mecanismo que aparentemente se implementaba en la Morgue local bien pudo haber ocultado varios asesinatos. Hasta ahora, la Fiscalía de Delitos Complejos detectó cinco casos, pero podrían ser muchísimos más.
“Ha muerto gente que fue enterrada sin autopsia, por lo que no se pudieron determinar las causas de los decesos. Si alguien asesinó a alguien y pagó por certificados truchos, el caso quedó impune”, explicó un vocero de la UFI nº 8 de Delitos Complejos.
La investigación descubrió ribetes escandalosos y se podría estar en presencia de una “caja de pandora”. El gran interrogante es cuál será el impacto de este circuito de impunidad.