Milei propone “pagar” deudas provinciales con bienes públicos y desafía la administración bonaerense

El gobierno libertario busca resolver el déficit fiscal cancelando deudas provinciales con activos nacionales. La propuesta enfrenta dudas en Buenos Aires, donde los compromisos del Estado nacional superan los 5 billones de pesos y los detalles de este "pago en especie" resultan insuficientes para sus autoridades.

Política

02/11/2024 - 00:00hs

El gobierno de Javier Milei presentó un plan para reducir el déficit fiscal cancelando deudas con las provincias mediante la entrega de bienes públicos, como tierras, empresas estatales, hospitales y rutas. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas", fue anunciada como una salida al prolongado reclamo de los gobernadores sobre fondos retenidos. Sin embargo, los líderes provinciales se muestran escépticos: aún no se han aclarado los detalles de las deudas específicas a incluir ni las condiciones de este "pago en especie".

Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete, presentó el régimen como un "borrón y cuenta nueva" entre las provincias y la Casa Rosada, buscando que los gobiernos provinciales asuman la administración de estos activos. Catalán defendió la medida diciendo que cada jurisdicción decidirá si adhiere o no a esta nueva modalidad, donde podrán negociar los activos que mejor sirvan a sus necesidades. Sin embargo, las condiciones impuestas, como un plazo de solo 30 días para aceptar, generan preocupación entre los mandatarios.

Impacto en la Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires, que acumula una deuda pendiente de más de 5 billones de pesos en obras y servicios nacionales, se encuentra entre las provincias más afectadas por esta política. A la deuda total de $1,2 billones se le suman $4,4 billones en obras prometidas y otros $73,5 mil millones en obligaciones que aún esperan fondos nacionales. El esquema de "pago en especie" no resuelve estas demandas, ni ofrece soluciones claras sobre cómo los bienes propuestos podrían solventar necesidades urgentes, como la mejora de infraestructura o el sostenimiento de las cajas jubilatorias provinciales, que desde hace meses dependen exclusivamente de fondos locales.

El decreto presidencial establece que las provincias deberán presentar en 60 días la documentación que respalde sus reclamos, pero los líderes de Buenos Aires ya manifestaron dudas sobre la viabilidad de esta propuesta. Según funcionarios bonaerenses, aceptar esta modalidad implicaría recibir bienes que representan más un gasto de mantenimiento que un activo real, agregando dificultades en lugar de soluciones.

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