14/03/2016 - 06:10hs
La cuestionada jefa de los fiscales bonaerenses ordenó en abril pasado que se informe de inmediato al gobierno de Cristina Kirchner cualquier novedad sobre causas relacionadas con la comercialización de efedrina. Buscaba la impunidad de Aníbal Fernández. La Justicia estuvo de rodillas ante los K
La Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia, María del Carmen Falbo, quedó en medio de otra crisis política luego de que trascendiera una orden emanada por ella a todos los fiscales bonaerenses, rubricada en abril pasado, para que se informara al gobierno de Cristina Kirchner cualquier denuncia relacionada con el tráfico de efedrina u otros precursores químicos, en una clara medida de protección a su amigo, el cuestionado Aníbal “La Morsa” Fernández.
El polémico dictamen muestra cómo el poder judicial se encontraba absolutamente sumiso al poder Ejecutivo K y denota la preocupación para mantener impune al entonces Jefe de Gabinete Aníbal Fernández.
El 28 de abril del 2015, Falbo, de reconocidos vínculos con “La Morsa”, emitió la resolución 314/15. Y en una acción inédita para la Justicia de la Argentina, ordenó a los fiscales generales bonaerenses que, a partir de ese momento, debían informarle a un organismo que depende de la Presidencia de la Nación el “hallazgo de precursores químicos”, “documentación de comercialización de los mismos”, “y/o cuando surjan operaciones sobre dichas sustancias (sea mediante escuchas telefónicas, declaraciones o cualquier otro elemento probatorio) que surja de sus procesos en curso”.
El ente gubernamental al que los fiscales de Buenos Aires fueron obligados a informarle sobre el material crucial para tener éxito en sus pesquisas sobre tráfico precursores químicos era, justamente, la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Nación (SEDRONAR).
Falbo argumentó que tomaba esa decisión por pedido del “señor Secretario de Estado, Juan Carlos Molina”, entonces titular del organismo que trabaja en la órbita presidencial. Ese párrafo explicita que la medida se tomó por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Sin dudas, el gobierno K estaba preocupado y necesitado por acceder en tiempo real a toda la información y las pruebas que se recolectaban en las causas judiciales que investigaban en la provincia de Buenos Aires al tráfico prohibido de los químicos que se usan para fabricar drogas. Entre esos estimulantes, por supuesto, estaba incluida la efedrina.
Todo parece indicar que CFK sabía la tormenta que se estaba por desatar. Y no se equivocó, cuatro meses después el condenado por el triple crimen de General Rodríguez, Martín Lanatta, desde la cárcel de Alvear, declaró en la televisión y en la Justicia que su jefe en la red del tráfico de efedrina y armas era Aníbal “La Morsa” Fernández. El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner lo negó, pero desde entonces surgieron nuevas declaraciones y pruebas que lo comprometen.
Los motivos para blindar a “La Morsa”
La campaña presidencial del 2007 del Frente para la Victoria fue financiada en buena parte por empresarios que vendían precursores de drogas a carteles internacionales. Varios ex funcionarios nacionales también estaban –están aún– siendo investigados por la Justicia por su posible participación en esa trama, que transformó a la Argentina en uno de los mayores paraísos para comercializar esas materias primas de narcóticos mortales.
Una amistad que daña a la Justicia
La jefa de los fiscales bonaerenses, María del Carmen Falbo, quedó en una imposición muy incómoda cuando el mes pasado un nuevo testigo confirmó que ella “cajoneó” durante años causas penales en las que se investigaba el doble crimen en el Unicenter y el tráfico de cocaína de los hermanos Juliá. El testimonio implica en forma directa también al suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y dejó a los dos magistrados como protectores de narcos.
Como se recordará, Novo y cuatro de sus colaboradores están siendo investigados por el presunto encubrimiento de una red de narcotráfico internacional.
Además se sabe que Falbo responde políticamente a Aníbal “La Morsa” Fernández desde hace décadas. Además de mantener una amistad con él, fue su abogada cuando el ex funcionario era intendente de Quilmes en 1994. En aquella ocasión, la Justicia pidió la captura de Fernández en el marco de una causa de malversación de fondos públicos.
Gracias a sus defensores Falbo, Federico Domínguez y Marcelo Ordoqui, Fernández fue sobreseído. Domínguez hoy es camarista de Casación en Buenos Aires y Falbo la Procuradora General.