08/01/2014 - 06:38hs
El gobierno hizo agua al amagar con la ampliación del tributo a los bienes personales a sectores de bajos recursos. Hubo contramarcha y contradicciones de funcionarios
El impuestazo que pretendía instalar el gobierno nacional para aumentar la recaudación, incorporando a sectores de menores recursos en el pago del impuesto a los bienes personales, es tan incoherente como las diferencias de opiniones entre los funcionarios kirchneristas, que ayer se volvieron a contradecir. Eso demuestra el caos y el desgobierno en el que se convirtió la administración de Cristina Fernández.
El viernes pasado, el titular de la Afip Ricardo Echegaray, anunció oficialmente que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para que se comiencen a tomar los valores de mercado en lugar de la valuación fiscal de los inmuebles en el cálculo del impuesto a los bienes personales, lo que significa que quienes posean propiedades cotizadas en más de $ 305 mil serían alcanzados por el tributo.
“Para achicar el déficit fiscal lo que hace ahora el Gobierno nacional es apelar cada vez más al ajuste con más impuestos, como el de las ganancias o ahora, con lo que se estipula en los cambios en los bienes personales”, dijo a Hoy el economista jefe de investigaciones de Idesa, Jorge Colina.
La modificación en Bienes personales provocaría un impuestazo K, como adelantó la semana pasada este diario, que recaería sobre jubilados que cobran un haber mínimo de $ 2.477 o sobre trabajadores que tengan una propiedad con de menos de 60 metros cuadrados con un sólo dormitorio y sin los servicios esenciales en un barrio periférico de la ciudad (ver aparte). Varios martilleros platenses consultados por Hoy coincidieron en que “cuesta encontrar propiedades de buenas condiciones por menos de $ 305 mil en el mercado inmobiliario local”.
No solo las casas, también los autos y hasta los saldos en cuenta corriente y efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera, están alcanzados por el impuesto que se creó en 1991 con "carácter de emergencia” y “por el término de nueve períodos”, según se estableció por ley. Aunque, fue prorrogado en épocas de bonanza por el kirchnerismo y desde 2007 que no se actualiza el mínimo no imponible, a pesar de la elevada inflación.
No obstante, el gobierno nacional pretendía aumentar los $ 10.296 millones que recauda anualmente por Bienes personales ampliando los contribuyentes alcanzados por ese impuesto, según había anunciado Echegaray. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, primero contradijo al recaudador de los K, pero después aseguró que el proyecto de modificación de bienes personales “va a ser elevado para tratarse en sesiones extraordinarias”, del Congreso y que la valuación de los inmuebles, que son el 44% de lo que grava este impuesto "será a precios de mercado".
Finalmente, ayer, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo: “Hablé con la Presidenta y no hay ninguna medida de bienes personales en curso". El funcionario K hasta reconoció que aumentar la presión en ese impuesto “tendría efectos negativos”.
El impuesto que grava al patrimonio de las personas es utilizado en pocos países del mundo y se cobra a quienes poseen bienes de gran valor. En España, por ejemplo, se paga a partir de los 300 mil euros, mientras que en Francia a partir de los 700 mil. En Argentina, en cambio, están exentos quienes tengan bienes por menos de 21 mil euros.
“Argentina es el país que mayores impuestos tiene en toda América Latina. Está ya alrededor del 40% del PBI. Entonces, de lo que la gente trabaja, el 40% va hacia el Estado”, reconoció Colina. “Un gasto público tan alto lleva a las autoridades a hacer crecer más la presión tributaria y va a llegar un momento en donde no va a recaudar más impuestos, porque la economía está estancada y la capacidad de adquisición de las personas no está creciendo por lo que la gente no va a poder pagar”.
En foco //
Un gobierno que no comprende la realidad
El kirchnerismo trató de tergivesar ayer a la tarde, a través de los canales de televisión y las radios de los grupos económicos amigos, la noticia del impuesto extorsivo sobre los bienes personales. La modificación que pretendía establecer el Gobierno en ese tributo involucra a sectores sociales muy amplios. Recaería sobre jubilados que cobran la mínima y trabajadores que dedicaron toda su vida para tener una casa, a los que un impuesto extorsivo le recortaría una parte de sus magros ingresos que se devalúan cada día.
Los lacayos de la presidenta, como el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, el ministro de Economía, Axel Kicillof y el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, en la puesta en escena llevada a cabo ayer se contradijeron con lo que ellos mismos habían dicho unas horas antes. Esta es la demostración de la profunda destrucción de la economía nacional. Además de la falta de previsión para tomar medidas en un momento en que la inflación es la más alta de los últimos 20 años, con un dólar paralelo que ayer rozó los 11 pesos, con una balanza de pagos tan desfavorable que pone en peligro cualquier actividad productiva.
En este contexto, el gobierno nacional pretende apretar aún más un limón que no tiene jugo, lo que demuestra que Cristina está teniendo serios problemas de compresión de la realidad y está dando pasos que nos están llevando sin pausa hacia un destino nada previsible.
La falta de respaldo jurídico lleva a que un funcionario mandado por la presidenta pueda decidir sacarle dinero a cualquier contribuyente, como también que se tape el flujo de fondos de todas las cajas donde los K pusieron su mirada, como las reservas del Banco Central, el Anses o el Pami.