15/09/2013 - 07:20hs
El exfiscal y actual diputado Manuel Garrido visitó la redacción de Hoy y dialogó sobre el enriquecimiento del matrimonio presidencial y los problemas en la justicia. La corrupción K bajo la lupa de un especialista
Manuel Garrido, fue director de investigaciones a fines de los noventa y fiscal nacional de investigaciones administrativas durante el gobierno de Néstor Kirchner y los primeros dos años del de Cristina Fernández.
Le tocó investigar muchos casos de corrupción del menemismo y del kirchnerismo, entre ellos los del matrimonio presidencial. “No hubo una investigación seria por la evolución patrimonial de los Kirchner”, aseguró en su visita a la redacción del diario Hoy.
“La razón por la cual el procurador general en ese momento (Esteban Righi) recortó las facultades de la fiscalía de investigaciones administrativas fueron éstas investigaciones. Una de ellas en la que yo apelé en contra de la decisión de no investigar y otra la que yo había empezado a requerir informes a la provincia de Santa Cruz. Después de eso se abrió otra causa y se cerraron todas. Lo que no significa que no puedan abrirse nuevas causas, de hecho tanto la gestión como lo que tiene que ver con la evolución patrimonial que sigue siendo notable año tras año son puntos que se pueden investigar nuevamente”, agregó.
¿Había suficientes pruebas para que las causas no se cerraran?
Lo que había era una evolución patrimonial extraordinaria que surge de los informes de los formularios de declaración jurada, que no podían ser considerados razonables. Eso es un punto de partida para lo que se tendría que haber considerado una investigación que pueda reconstruir como ese patrimonio evoluciona año tras año. El crecimiento del patrimonio y de los activos supera el mil por ciento desde que (los Kirchner) comenzaron a estar en el gobierno en el año 2003. Lo que nosotros habíamos marcado con dictámenes de los propios peritos contadores de la fiscalía de investigaciones administrativas era que no parecían razonables esos ingresos y lo que pedía como fiscales que se abriera la investigación cosa que nunca se hizo y las causas se cerraron algunas teniendo solo el informe del contador (Alejandro) Manzanares, que es el contador del matrimonio presidencial y otras ni siquiera con eso.
¿Cree que hay los argentinos tienen conciencia de esta situación?
De repente ahora toman estado público algunas situaciones, aparecen conexiones de Lázaro Báez con la presidenta, movimientos de fondos destinados a paraísos fiscales, sociedades extrañas, posibles casos de testaferros y el tema cobra nuevamente interés o actualidad. Pero está claro que a la presidenta nunca le hicieron una investigación seria sobre cómo pudo tener el patrimonio que tiene ahora.
¿De qué manera inciden las declaraciones juradas en un proceso judicial?
Las declaraciones juradas por sí mismas ameritan una investigación sobre el patrimonio. No por nada la presidenta intentaba destrozarlas dentro del paquete de reforma de la justicia. El sistema de declaraciones juradas es un mecanismo preventivo de la corrupción que lo que permite es comparar el estado de un patrimonio año tras año y saber si esa evolución es razonable o no. Si hay una evolución desmesurada es el punto de partida para una investigación, un indicio de que pudo haber habido un enriquecimiento ilícito. A partir de ahí hay que buscar los antecedentes para poder reconstruir o no esa evolución patrimonial. Acá tenemos declaraciones que muestran un crecimiento del patrimonio que supera lo razonable, teniendo en cuenta el monto de lo consumido las diferencias notables entre lo consumido en diferentes años o consumidos que no pueden justificarse. Por ejemplo, en el caso de la presidenta no alcanzarían ni siquiera para pagar los costos de la educación universitaria de la hija en los años en los que estudió en Nueva York. Es decir, tenés indicios por los que la declaraciones están dibujadas como diríamos vulgarmente.