Ñoquis y la destrucción educativa: De eso no se habla

EN FOCO 

Las paritarias nacionales y bonaerenses ayer, nuevamente, tuvieron la presencia de dirigentes sindicales que, en lugar de negociar salarios, deberían estar dando explicaciones a la Justicia por el saqueo orquestado durante la era K.

Realmente cuesta entender y aceptar que, desde la máxima conducción del Estado, no se haga la más mínima objeción al hecho de que, por ejemplo, uno de los dirigentes que se sentó en la mesa de negociaciones haya sido el titular del SUTEBA, Roberto Baradel (un ferviente promotor de la candidatura a gobernador del procesado Aníbal “La Morsa” Fernández en las últimas elecciones) que, pavoneando su ancho abdomen, dijo tras finalizar el encuentro que se dedicará a analizar la oferta recibida.

La realidad es que, si realmente el gobierno estuviera comprometido en la lucha contra la corrupción, y en recuperar un sistema de educación pública que se encuentra en ruinas, lo primero que debería hacer es poner todas las cartas sobre la mesa y aportar todos los elementos necesarios para que los responsables de esta situación, como Baradel y varios funcionarios K, estén en el banquillos de los acusados. 

Durante los últimos años, en las páginas del Hoy, mostramos con lujo de detalles, con pruebas concretas y contundentes, cómo la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), la cartera educativa más importante del país, fue convertida en una cueva de ñoquis. Si todas las personas que aparecen nombradas decidieran concurrir a la sede central no resistirían los cimientos del histórico edificio que, en el siglo XIX, fue ocupado por Domingo Faustino Sarmiento. 

Estamos en pleno siglo XXI y si el ilustre prócer se levantara de su tumba, y viera en lo que han convertido al sistema educativo bonaerense que tanto ayudó a levantar, no tardaría en hacer tronar el escarmiento.  Ocurre que, en los últimos años, se terminó de dilapidar el prestigio de la educación pública al punto tal que Baradel, y sus secuaces, aplaudieron cuando el gobierno de Daniel Scioli ordenó suprimir los aplazos como forma de manipular las estadísticas. Eso no fue todo: hicieron uso y abuso del sistema de licencias. Por eso, mientras numerosas escuelas pierden todos los años valiosos varios días de clases por la falta de maestros, hay nombrados un promedio de cinco docentes por cargo. Peor aún, existen indicios de que serían más de 30 mil los agentes nombrados en la DGCyE que cobran sin prestar ningún tipo de servicio. Muchos de ellos reportan al propio titular de SUTEBA, camuflados bajo la figura administrativa conocida como “órdenes técnicas”, que se contarían por miles en la Provincia.  

Todos ello lleva a que gran parte del presupuesto educativo, en lugar de destinarse a construir más y mejores escuelas -y a capacitar a muchos docentes que no tienen las herramientas y los recursos de estar a la altura del avance de los nuevos conocimiento y saberes- se termine derivando a sostener esta elefantiásica estructura clientelar.   

Como lo expusimos reiteradamente las páginas de Hoy, Baradel también está seriamente sospechado por el vaciamiento del IOMA. Es más, su representante en el directorio de la principal obra social bonaerense,  Patricia Viviana Nisembaum, se encuentra involucrada en casi todas las denuncias penales de corrupción que actualmente tramitan en la Justicia Penal de La Plata y que fueron realizadas, oportunamente, por los profesionales del Instituto. Como si todo esto fue poco, Nisembaum también formó parte –y lo sigue haciendo- de la Obra Social Docente (Osplad) que también fue vaciada durante la era K, al punto tal que actualmente se encuentra en convocatoria de acreedores. Las sospechas apuntan a que se habría utilizado fondos de esa obra social para financiar la estructura política de la rama kirchnerista de la CTA, central sindical que es conducida por el jefe político de Baradel: Hugo Yasky. 

Algo similar ocurre con los distintos representantes que tuvo el titular de UPCN, Carlos Quintana, en el directorio del IOMA, con el agravante además de que varios de ellos están implicados y procesados por delitos realmente infames como es haber desviado medicamentos oncológicos de alto costo, que deberían haber sido recibidos por afiliados enfermos de cáncer, para ser vendidos clandestinamente en una red de farmacias.

A esta altura, que una persona se vista con ropajes de gremialista para sacar ventajas personales en detrimento de la salud de sus representados es tan condenable como un cura pedófilo.

La pasividad del gobierno de Mauricio Macri llama la atención. Ya mostró una peligrosa genuflexión cuando en los últimos días aceptó los aprietes de Hugo Moyano y echó para atrás las modernización del sistema bancario, que hubiese implicado que todos los clientes –en su gran mayoría trabajadores- pudiera recibir los resúmenes de forma on line, algo acorde a los nuevos tiempos. El argumento esgrimido es que, supuestamente, unos cuantos carteros, que aportan a la caja sindical de Moyano, debeían cambiar de función. Un auténtico anacronismo, como si aún viviéramos en la época de las carretas.

Esperemos, por el bien de todos los argentinos, que tanto Macri como la gobernadora María Eugenia Vidal sepan entender los graves problemas que afronta el país y actúen en consecuencia.