21/07/2014 - 06:01hs
Un empresario platense podría quedar imputado por dádivas junto al vicepresidente. Es por haber usado su helicóptero para que Boudou se traslade en Necochea. Radiografía de negocios oscuros que se multiplican
Así como intervinieron docentes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata en el llamado Boudougate, es decir en el proceso que terminó en la compra de la ex Ciccone por parte de presuntos testaferros del vicepresidente, hay otra denuncia que compromete seriamente al rockstar del kirchnerismo y que conduce a nuestra ciudad.
Concretamente, durante el fin de semana, se conoció que el empresario platense Marcelo Scaramellini, que estaría vinculado con Lázaro Báez, podría ser imputado por el delito de “dádivas” junto al vicepresidente. Así lo viene solicitando el fiscal federal Carlos Rívolo.
Scaramellini es directivo de Ecodyma, una empresa constructora que tiene sede en nuestra ciudad. Más precisamente, en calle 44 entre 140 y 141. Según pudo saber Hoy, Marcelo es director suplente. El presidente de la firma es su padre Juan Angel Bernardo Scaramellini, mientras que en la vicepresidencia se encuentra Josefina Delia Honorina Bacchiarelli. Su hermano, Carlos Bernardo, también es directivo de la empresa.
En sede judicial, Marcelo Scaramellini confirmó que trasladó gratis en su helicóptero al vicepresidente en el año 2011. Adujo que el viaje lo hizo como una “gauchada” y por pedido del entonces intendente de Necochea, el kirchnerista Horacio Tellechea, quien meses más tarde terminó siendo destituido por el Concejo Deliberante local por presuntas irregularidades en la compra de insumos para el hospital local.
Al admitir que el vuelo fue gratis, el fiscal Carlos Rívolo entendió que se había autoincriminado y pidió que deje de ser testigo para convertirse en imputado. En un primer momento, el juez Luis Rodríguez, a cargo de la investigación, no hizo lugar al planteo del fiscal. Ahora, el tema quedó en manos de la Cámara Federal, que deberá definir la situación procesal del empresario. Este mismo tribunal de alzada fue el que ordenó reabrir la investigación y profundizar las medidas de prueba en la causa, no haciendo lugar al sobreseimiento del vicepresidente que había sido dispuesto por el juez en primera instancia. Si la Cámara Federal mantiene este criterio, seguramente, la situación de Scaramellini será por demás comprometida.
La causa surgió a partir de una denuncia del concejal de Necochea, Alberto Esnaola (UCR). “Considero que hay elementos más que suficientes para que se avance en la investigación contra Boudou y la empresa de los Scaramellini”, le dijo el edil a Hoy.
Esnaola no solamente presentó pruebas irrefutables por el uso del helicóptero, sino que también dio cuenta de que funcionarios de la gestión de Tellechea se movían en dos camionetas pertenecientes a Ecodyma: una Ford Ranger XLT dominio KHJ 298 y una camioneta Volkwagen Saveiro dominio IRH 495. La compañía también le había cedido al municipio, sin tener contrato, dos máquinas balancín Mercedes Benz 1518 y una mini cargadora BOBCAT, además del equipamiento urbano de bancos y mesas colocados en la peatonal, la rambla y la Plaza San Martín.
“Nadie puede pensar que una sociedad anónima ceda sus bienes de capital a un Estado, sea este Nacional, Provincial o Municipal, si de él no espera ser beneficiada con un contrato, máxime cuando el objeto social de la misma son las construcciones”, apuntó Esnaola.
“Resulta paradójico que cuando Boudou vino en helicóptero, durante su visita, estuvo con ´facilitador de negocios´ como se autodefinió Roberto Porcaro, en la casa de veraneo de titular de TBA, Claudio Cirigliano, otro contratista afecto a los helicópteros y desafecto a los controles del Estado”, concluyó el concejal. Cirigliano tenía la concesión del tren que chocó en estación Once en el año 2012, siniestro que les causó la muerte a 51 personas, por lo cual ahora está siendo juzgado.
El lugar donde se hizo la reunión fue en el barrio privado Médanos, zona que también habría sido muy visitada por el vicegobernador Gabriel Mariotto. El vice bonaerense, cuando estuvo al frente de la Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), le habría entregado en bandeja un contrato millonario para la fabricación de decodificadores de la Televisión Digital Abierta a una empresa de los Cirigliano.
Negocio portuario
La intención de Ecodyma era quedarse con una obra de 160 millones de pesos en el puerto de Quequén, que no se pudo concretarse luego de que estalló el escándalo. La administración del puerto se encuentra a cargo de José de Gregorio, que responde a Porcaro.
En ese puerto, la firma Financial Net, una de las financieras ligadas al empresario a Lázaro Báez, logró en el año 2012 participar de una millonaria concesión para la construcción de un elevador de granos en la zona “sitio 0” o “giro 0”. Dicho predio representa uno de los terrenos más cotizados del partido de Necochea, ya que contiene alrededor de 8 hectáreas ubicadas en la boca del puerto.
Ahora bien, según pudo comprobar el fiscal José María Campagnoli, que hoy retomará sus funciones, en su momento Financial Net giró un millón de dólares hacia la cuenta de un operador kirchnerista y otro de los presuntos testaferros de la familia presidencial. La persona en cuestión es el mencionado Porcaro, un radical K que reside en Necochea, y el dinero fue depositado en la cuenta de su esposa, Patricia Sirvente. Esta aparece como integrante de dos empresas, una de ellas es Misión Consultora SA, y fue creada en 2009 para explotar una planta de verificación de camiones. En dicha compañía, Sirvente fue socia de quien fuera jefe de Operaciones del consorcio del puerto, Juan Carlos Chialva.
Ante este escenario, resulta evidente por qué Mariotto viene proponiendo, con insistencia, la estatización de esta terminal portuaria. No son pocos los que creen que se trata de una medida similar a la utilizada con la exCiccone, empresa que fue expropiada en tiempo récord, con el objetivo de borrar pruebas del Boudougate. El problema, para los kirchneristas, es que muchos han dejado los dedos marcados.
Estrechos lazos con Lázaro Báez
En 2011, Ecodyma se asoció con Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, para realizar la canalización del Río Salado, otra obra que dependía de la provincia de Buenos Aires. También intervino en la complicada y polémica construcción del Estadio Único de La Plata, una obra en la que se terminó gastando varias veces más que lo presupuestado. A cambio de 50 millones de dólares, la firma habría ejecutó el 25 por ciento del estadio.
Ecodyma también participó en el Plan Federal de Viviendas, en el Partido de General Rodríguez. Allí construyó el Barrio Bicentenario que fue inaugurado en agosto del año 2010, y la empresa fue denunciada por haber incumplido con los términos contractuales.
Esta firma también tuvo la concesión de la terminal de la ciudad de Gualeguay (Entre Ríos), contrato que terminó siendo rescindido por el municipio.