05/05/2016 - 06:12hs
La obra social de los jubilados y el instituto bonaerense viven una desoladora situación que los ponen en terapia intensiva. Funcionarios denunciados metamorfoseados en cargos centrales de los organismos. La devolución de favores políticos que ponen en peligro a millones de afiliados
Lejos de representar la prosperidad y la atención que supieron tener hace unas décadas atrás, el PAMI y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) bonaerense, pasan por una crisis estructural que llevó a que ambos organismos públicos se transformaran en una cueva de la corrupción para financiar las campañas políticas de diferentes partidos.
Ayer, el titular de la obra social de los jubilados y pensionados, Carlos Regazzoni, denunció el saqueo de los recursos del organismo cometidos bajo la era K, donde por ejemplo se hallaron 16 mil sillas de ruedas abandonadas en un galpón, o el armado de una red clandestina para fraguar la venta de recetas de medicamentos de alto costo.
En el IOMA el panorama es calcado, ya que como hemos dicho en reiteradas ocasiones desde las páginas del diario Hoy, son múltiples las denuncias existentes en la Justicia que hablan sobre el armado de un entramado ilegal para la comercialización de medicamentos utilizando datos de afiliados fallecidos o dados de baja por distintos motivos.
La obscenidad en la delincuencia para llevarse la plata de los jubilados y los bonaerenses mostradas por los diferentes funcionarios, haciendo la vista gorda ante los desfalcos cometidos, es clave a la hora de entender el estado de situación de estos organismos. Esto puede verse en el reciclaje y la continuidad de decenas de nombres ligados a hechos de corrupción durante el sciolismo y el kirchnerismo que siguen con altos cargos en la gestión de Cambiemos en ambos organismos.
Complicidades
Dentro del régimen de connivencia se destacan varios funcionarios de dudoso currículum a la hora de manejar los destinos del PAMI o del IOMA. Entre ellos está el actual Subdirector Ejecutivo de la obra social de los jubilados, Gonzalo Riobó, quien está denunciado en su paso junto a Regazzoni por el Ministerio de Educación porteño, por haberle brindado grandes contratos a diferentes empresas que fueron fuertes aportantes a las campañas de Mauricio Macri en 2007 y 2011.
A él le sigue un caso muy particular que une tanto al PAMI como al IOMA, como lo es el de Pablo Germán Ávila, que tal como anticipó Hoy en forma exclusiva el pasado 12 de febrero, fue designado por Regazzoni como Coordinador Ejecutivo del organismo en la ciudad de La Plata.
Ávila aparece mencionado en denuncias penales de profesionales del Instituto bonaerense, donde se desempeñó como Director de Gestión Institucional durante la era sciolista, por los graves hechos de corrupción acaecidos a su interior, y que le costaron a la provincia decenas de millones de dólares. Nada de esto pareció importar para que las actuales autoridades lo premiaran con un ascenso en la sede de la capital provincial.
Sin castigo
La mala prestación de los organismos, se da por la red de corrupción que es avalada desde sus propias autoridades. Hoy vemos que en el IOMA hay una especie de contubernio entre el gremio UPCN y sus máximos jerarcas, donde su titular, Sergio Cassinotti, se desempeñó como CEO de Unión Personal, la obra social del sindicato que en la Provincia conduce Carlos Quintana, y que viene causando destrozos en el instituto provincial.
Son innumerables la cantidad de delitos cometidos por integrantes de UPCN en el IOMA. De acuerdo a las diversas denuncias que descansan en los Tribunales platenses, distintos dirigentes vinculados a Quintana están acusados desde haber vendido clandestinamente medicamentos oncológicos de alto costo, hasta firmar contratos leoninos para los intereses del Estado provincial y pagar escandalosos sobreprecios por prótesis y distintos tipos de insumos. A eso se le sumó una gran cantidad de miembros del gremio que fueron ratificados y/o ascendidos dentro del instituto. Una clara muestra de este pacto es que el abogado Marcelo García Pacheco, mano derecha de la cuestionada titular de la regional platense del IOMA, Viviana Cherichetti (una de las funcionarias denunciadas por los profesionales del IOMA más vinculada a Quintana, que viene de la gestión Scioli y fue ratificada por Vidal), acaba de ser nombrado como responsable de la regional de la obra social en Bahía Blanca.
Asimismo, las actuales autoridades también ratificaron en la región Mar del Plata a Omar Ceberino, otro personaje vinculado a la conducción de UPCN –más específicamente al responsable de la seccional Junín del gremio, Eugenio “Lalo Pirani- que terminó preso tras un allanamiento- salpicado por el escándalo de las internaciones domiciliarias.
Tal como lo viene informando Hoy, desde la Asociación de Profesionales de la obra social acusan a Ceberino, y a los médicos auditores Lucas Camarero Vilches y Lucas Camarero hijo, quienes realizaban las autorizaciones una la empresa de internación domiciliaria llamada Hestía SRL –que manejaría Pirani a través de testaferros- que cobraba cifras millonarias por servicios inexistentes, para lo cual habría usado nombres de fallecidos. La empresa fantasma tiene sede en Junín, pero también abrió una sede en La Feliz.
“La prestación cayó a niveles imposibles de creer”
Por Eugenio Semino (Defensor de la Tercera Edad)
Especial para Hoy
Lo que sale a la luz ahora sobre la situación del PAMI, es algo que nosotros veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, ya que al organismo lo han vaciado las distintas autoridades sin que se haya cambiado sustancialmente de diciembre a hoy.
Más allá de las buenas palabras públicas, las acciones para acabar con todo el entramado de corrupción para favorecer a empresas amigas del poder todavía no se han detenido en el instituto.
La obra social no da ninguna clase de servicios en materia de prestaciones a los jubilados, y se ha empeorado en forma creciente una atención, que en los últimos años, cayó a niveles imposibles de creer.
En el IOMA sucede algo parecido a lo que se vive en el PAMI, una destrucción a su interior que ha llevado a que se viva un descontrol que en la gran mayoría de los casos, se paga con la vida de sus afiliados, que son los más indefensos ante la corrupción reinante.