15/07/2013 - 06:25hs
Trabajadores pidieron la intervención judicial de una de las clínicas que administra en Berisso y que recibe importantes cápitas del PAMI. Denuncian que, desde hace más de un año, no deposita los aportes y contribuciones a la seguridad social
Las irregularidades que estarían cometiendo en las clínicas De la Comunidad, que dirige Juan Manuel de Rosa, médico privado de Hebe de Bonafini, ya se dirimen en la Justicia.
Concretamente, trabajadores de la salud hicieron una presentación ante el Juzgado Civil y Comercial Nº14, donde se tramita el concurso preventivo del exInstituto Médico Argentino (IMA) de Berisso (uno de los sanatorios que administra De Rosa), a fin de poder reunirse con el magistrado Andrés Antonio Soto y pedirle la urgente intervención judicial del sanatorio.
Concretamente, los trabajadores denuncian -y así consta en un acta labrada el 12 de julio en el Ministerio de Trabajo bonaerense- que “no se está abonando el 45% del sueldo en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social, produciéndose una deuda millonaria en el transcurso del tiempo”.
Como se recordará, De Rosa actualmente impulsa la transformación del ex IMA en una cooperativa que, según los trabajadores, produciría un vaciamiento de la clínica en un claro intento de licuar las deudas que arrastra el nosocomio.
Una maniobra de características muy similares se cometieron en el proyecto denominado “Sueños Compartidos” para construir viviendas sociales, donde la Fundación Madres -a cargo de Bonafini y el parricida Sergio Schoklender- no hizo los aportes correspondiente de cientos de trabajadores, pese a que recibieron más de $700 millones (fondos que salen de los impuestos que paga la ciudadanía) desde el Ministerio de Planificación Federal. Un dato no menor es que la mayoría de las casas que deberían hacerse con ese dinero brillan por su ausencia, mientras que el patrimonio de Schoklender y el de la hija de Bonafini crecieron exponencialmente.
Vínculos
De Rosa y la titular de Madres mantienen una estrecha relación, al punto que muchos bautizaron al médico como “el nuevo Schoklender”. Producto de esta cercanía, la titular de Madres participó el año pasado en la inauguración de nuevas instalaciones de la clínica de la Comunidad de Ensenada.
En diálogo con Hoy, el secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA), Alfredo Villacorta, afirmó que “no depositar los descuentos en los salarios de los trabajadores es un delito penal. Estamos hablando de una maniobra ilegal de, por lo menos, 160 mil pesos por mes. Creemos que con el proyecto de la cooperativa están instrumentado un intento de vaciamiento. Nos preocupa la situación del personal”.
Cabe recordar que las clínicas de la Comunidad estarían siendo ampliamente beneficiadas con la asignación de cápitas por parte de la directora regional del PAMI, Araceli Mastellone. Se trata de una ex integrante de Quebracho (agrupación que tiene a De Rosa como una de sus máximas autoridades), que también mantiene un estrecho vínculo con Bonafini, al punto que ambas fundaron el grupo Las Cristinas en el año 2010 para impulsar la reelección de Cristina Fernández.
El arribo de De Rosa al IMA, a finales de 2011, se dio de la mano de Mastellone, quien impidió que las cápitas del PAMI que recibe el ex IMA se trasladaran al hospital público de Berisso, donde estaba planeado construir –con fondos de la obra social- una unidad de atención para afiliados.
Un delito que prevé hasta 6 años de prisión
El delito que estarían cometiendo quienes retienen aportes previsionales en el exIMA de Berisso se denomina “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”.
El Artículo 9° de la Ley Penal Tributaria dispone: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase los $20 mil por cada mes”.