11/01/2016 - 06:10hs
La Procuradora General bonaerense fue acusada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrir la fuga de presos de los penales provinciales. La demanda también involucra a Casal y al juez K César Melazo. Un nuevo escándalo que salpica a la vituperada jefa de fiscales
Con el escándalo de la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci del Penal Nº 30 de General Alvear, la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, quedó en el medio de la polémica por sus estrechos lazos con el ex jefe de Gabinete K, Aníbal “La Morsa” Fernández.
La inacción llevada adelante desde la Procuración, y los supuestos intentos de frenar distinta clase de allanamientos a allegados a los evadidos relacionados con Fernández, abrió el debate sobre el accionar de la funcionaria judicial bonaerense, que ha estado siempre involucrada en una serie de denuncias sobre su accionar en el cargo.
El viernes pasado, el abogado José María López, presentó una denuncia en los Tribunales platenses, que fue tomada por la UFI Nº11, que se encontraba de turno, a cargo de Álvaro Garganta, y que seguramente recaerá en los próximos días en la UFI Nº 8 de Investigaciones de Delitos Complejos al mando del fiscal Jorge Paolini, por la evidente constatación del incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la acusación, se deja en evidencia que Falbo, y su Secretario de Política Criminal, Homero Alonso, habrían incurrido en un inexistente contralor del sistema carcelario, y que ambos serían cómplices del delito de encubrimiento de evasión en 119 hechos que dejan a la Procuradora contra las cuerdas.
Encubrimiento y complicidad
La denuncia de López no solo involucra a la funcionaria y Alonso, sino también al juez de Garantías de La Plata, César Melazo, un conspicuo militante K, así como también al ex ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, por haber dado pié con sus labores a que se siguiera fomentando un supuesto accionar ilícito por parte de Falbo.
En diálogo con Hoy, el abogado denunciante afirmó que “acá son varias las personas que están involucradas en distintos actos ilegales, con conductas que rayan como mínimo en complicidad u omisión. El ex ministro Ricardo Casal y el juez César Melazo son algunos de ellos, más que nada por toda esa pantomima que se hizo con la detención y luego liberación de Marcelo Mallo por su implicancia en la triple fuga de General Alvear”.
Para el letrado, “la triple evasión es un hecho, pero Falbo está involucrada en el encubrimiento de la fuga de 119 presos de distintas unidades penales de la provincia. Ella fue la abogada de Aníbal Fernández cuando fue acusado por administración fraudulenta en su paso por la intendencia de Quilmes, y es obvio que los allanamientos que ella paró, con la anuencia entre otros de Melazo, son los que perjudicaban a Fernández”.
“Tengo más de 20 denuncias contra ella que están paradas por la instrucción que reciben los fiscales de su parte de no avanzar con las mismas. ¿Cómo hace un fiscal para investigarla cuando es un empleado a cargo de ella?, ya que los fiscales son empleados de la Procuradora: ella los nombra, los asciende o desciende. Es todo una gran incongruencia”, resaltó López.
La acusación judicial, que ya se encuentra en conocimiento del propio ministro de Justicia provincial, Carlos Mahiques, pone el acento en el accionar oscuro que ha tenido Falbo a lo largo de su carrera judicial, con implicancias políticas en cada una de las decisiones que ha tomado, y que ponen a su carrera en la Justicia al borde del precipicio.
Un hecho más que demuestra cómo la política está entrometida en las decisiones judiciales, y que los propios fiscales que ella puso en el cargo y vigila, serán los encargados de dar luz sobre la labor de la Procuradora, que más que brindar Justicia, parece haberse dedicado a brindar impunidad.
Una funcionaria multidenunciada
Otra de las partes de la denuncia del abogado José María López, incrimina a María del Carmen Falbo en “acciones ominosas” vinculadas a la política de persecución a los delitos de género.
La funcionaria fue acusada por no haber dado jamás cumplimiento a la Ley 12659 de Violencia Familiar, a pesar del alto impacto que tiene en la sociedad los delitos de violencia doméstica, careciendo la provincia de Protocolo de Actuación de los fiscales y de las oficinas de atención a la víctima, sumiendo a la ciudadanía en una orfandad de recursos que dan ventaja a los delincuentes sobre los sujetos pasivos.
Se la acusa también de no acreditar conocimiento en materia penal, y en faltarle capacidad para la designación “espuria” de funcionarios fiscales generales y fiscales de grado.
Además, se nombra la complicidad y el encubrimiento que ha tenido con ciertos fiscales a su cargo acusados de graves delitos, dejando constancia entre ellos el caso de Julio César Novo de San Isidro (sospechado de proteger narcos) y el de Enrique Ferrari de Lomas de Zamora.
Un pasado sombrío
Iniciada políticamente en el duhaldismo, María del Carmen Falbo supo ser una fiel seguidora de los lineamientos políticos del ex presidente, de quien fue Subsecretaria y luego Secretaria de Justicia en sus ocho años al frente del sillón de Dardo Rocha.
Como muchos otros personajes ligados a Eduardo Duhalde, participó de la apertura de negociaciones políticas con el kirchnerismo, y es así que en el año 2004 llegó al cargo de Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, estando involucrada desde el comienzo de su gestión en cientos de denuncias por su accionar.
Entre algunos de los hechos que se le adjudican a Falbo, están el de haber llevado adelante la designación espuria de Ayudantes Fiscales en el conurbano bonaerense donde la letra de la Ley prohibía que esto se hiciera, así como también ha sido inculpada por los delitos de coacción agravada y tráfico de influencias en la función pública.