11/05/2014 - 07:31hs
A través de jueces adictos, el gobierno avanzó con procesamientos y condenas contra trabajadores petroleros que realizan reclamos a multinacionales asentadas en el sur. Funcionarios y presuntos testaferros K, implicados
Las Heras, ciudad petrolera de Santa Cruz, reviste un dato por demás curioso. Según señalan dirigentes sindicales, el 5% de su población se encuentra procesada judicialmente por emprender protestas y movilizaciones.
El conflicto de intereses en el lugar pareciera tener que ver con una intensa puja entre los reclamos de los trabajadores petroleros (entre otros) y las grandes empresas del sector, que en su mayoría se encuentran resguardadas por el gobierno nacional.
La detención, y posterior denuncia de torturas de Martín Oñate, vocal de la Comisión Directiva del Sindicato Petrolero de Santa Cruz y trabajador de la empresa Bacssa, sacó a la luz un oscuro entramado que vincula al poder político y empresarial con los altos funcionarios del estrato judicial. Junto al dirigente fueron apresados otros cuatro trabajadores más que se encontraban realizando reclamos por mejoras salariales y reincorporación de despedidos. “Es indudable que nuestra acusación y nuestra detención es menor en relación con la sentencia hacia los compañeros; pero el objetivo es el mismo; quieren atemorizar a la masa obrera para que no reclame; en las dos causas se ve un abuso de Poder Judicial; al obrero se lo mete preso sin causa, la democracia para el obrero es ficticia”, aseguró a la prensa Oñate quien denunció la persecución a trabajadores, entre los que se encuentran aquellos condenados a cadena perpetua (ver recuadro).
Según consta en su sitio web, Bacssa posee un peso específico en la región teniendo como clientes a 33 de las principales empresas de energía asentadas en el país. Una de ellas es la YPF co-conducida por Miguel Galuccio y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Otra de las que figura en los registros es nada más y nada menos que Skanska, el capital sueco que en 2005 fue investigado por pagar coimas en el marco de la adjudicación para la construcción de dos gaseoductos. En esta investigación fue el ministro Julio De Vido quien quedó más expuesto ante las operatorias fraudulentas, que según comprobó la justicia incluyó la emisión por parte de Skanska de 118 facturas apócrifas a al menos 23 empresas fantasma o irregulares.
A primera vista pareciera que al gobierno no le agrada demasiado que se metan con los intereses de los capitales petroleros, mucho de los cuales tienen vinculación directa con el kirchnerismo, ya sea a partir de la petrolera estatal como de aquellas empresas vinculadas con casos de corrupción que manchan a los funcionarios. De hecho, la detención de los obreros petroleros fue dispuesta por la Jueza Paola Ormaechea, identificada por las organizaciones opositoras como integrante de la tendencia kirchnerista dentro de la justicia santacruzeña.
“Claramente el juzgado de Las Heras, que está encabezado por el juez Eduardo Quelín y que tiene a como jueza Subrogante a Paola Ormaechea, tiene un posicionamiento muy cercano al gobierno nacional teniendo en cuenta las resoluciones que han venido tomando, donde están procesado cerca de 50 docentes, 25 o 30 empleados municipales, dirigentes y delegados petroleros. Por ese mismo juzgado estuvieron procesados trabajadores desocupados que reclamaban trabajo”, indicó a Hoy Omar Latini, dirigente de Adosac, sindicato docente de Santa Cruz.
Además sostuvo que “la Gendarmería enviada por el gobierno nacional a la ciudad fue alojada en hoteles propiedad de la familia del doctor Querín”, quien “ha obtenido favores políticos para la adquisición de tierras en la localidad turística de los Antiguos, un modus operandi parecido al que han utilizado otros funcionarios gubernamentales para obtener predios en el Calafate”.
Condenados a cadena perpetua por nada
En la apertura de las sesiones legislativas de este año, la Presidenta Cristina Fernández cuestionó, al pasar, a aquellas organizaciones que venían reclamando por la absolución de cuatros petroleros de las Heras condenados a cadena perpetua por ser los presuntos asesinos del policía Jorge Sayago.
El juicio se dio luego de que en 2006 dichos trabajadores se movilizaron contra el impuesto al salario y la precarización laboral. En una de las manifestaciones murió, en circunstancias poco claras, un efectivo policial.
Ahora bien, la condena, que el prestigioso periodista Osvaldo Bayer supo calificar como “una de las más grandes injusticias históricas” del país, no posee pruebas sobre los acusados y está plagada de irregularidades, como por ejemplo la obtención de testimonios en base a torturas. Esto último fue constatado a partir de la declaración post juicio de un testigo de apellido Rosales que dijo que su dichos, que incriminaba a uno de los condenados, habían sido realizado bajo apremios ilegales. La impunidad llegó a tal punto que el fiscal Candia durante el juicio justificó los apremios a testigos aludiendo que una bolsa en la cabeza y un par de “cachetadas” no podía considerarse como torturas.
Lo cierto es que la condena no solo fue desestimada por el premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la integrante de Madre de Plaza de Mayo "Línea Fundadora" Nora Cortiñas, sino que incluso gran parte de la familia consideró que los acusados son “perejiles” y apuntó a una interna policial.
Los intereses de Lázaro Báez y Cristóbal López
Los intereses petroleros defendidos por el gobierno en Santa Cruz no parecieran ser ingenuos respecto a las compañías que intervienen en el millonario negocio.
A partir de sus empresas, dos de los empresarios kirchneristas más importantes vienen haciéndose cuantiosas sumas a partir de los contratos y concesiones petroleras otorgadas por el estado. Lázaro Báez(foto), presunto testaferro K, pudo, a través de sus compañías Epsur SA y Misahar SA, hacerse en 2012 de siete áreas de explotación hidrocarburíferas en la provincia presidencial. Años después pudo constatarse que no se habían cumplido con los planes de inversión por las cuales les fueron concesionadas.
Por su parte, Cristobal López, a partir de Oil M&S, accedió a siete áreas concesionadas por un monto de inversión cercano a los ocho millones de dólares. A partir del distanciamiento político entre el gobernador Daniel Peralta y la Presidenta Cristina Fernández, el “zar del juego” vio peligrar las concesiones adquiridas, ya que en 2012 el Instituto de Energía provincial decidió sacarle la concesión que tenía sobre las áreas Gran Bajo Oriental y Sierra España desde 2007.