“Piqué comunicó por WhatsApp que no podía mandar policías”

Así lo dijo a Hoy un testigo clave de los operativos. Afirmó que las autoridades municipales sabían, desde el 30 de diciembre, que se iba a realizar una fiesta clandestina. Emilia murió ahogada en la madrugada del 1º de enero

Un testigo clave de los episodios que se registraron entre el 30 de diciembre de 2015 y la madrugada del 1º de enero de 2016, que desembocaron en la muerte Yésica  Emilia Uscamayta, contó a Hoy detalles de las irregularidades que se habrían cometido en los operativos realizados por personal de Control Urbano. Por ejemplo, el testigo reveló que el secretario de Seguridad, Daniel Piqué, respondió vía WhatsApp que no podía enviar efectivos de la Policía Local para desalojar la fiesta clandestina. Además, confirmó que las autoridades municipales estaban al tanto de la organización del evento 48 horas antes del trágico desenlace.

“El día 30 ya se sabía que se iba a realizar la fiesta clandestina y se habían realizado dos actas de comprobación para que no se realice. El personal de Control Urbano trabaja las 24 horas, los 365 días del año. Sin embargo, los días festivos como Navidad o fin de año se corta a las 22 y después se retoma la actividad entre la 1.30 y las 2. Ese fin de año ingresaron a la 1.30 am y el personal fue notificado de forma verbal sobre dos fiestas que debían clausurarse: una ubicada  en 27 y 66, que se hacia en la vía publica, y otra en la quinta de avenida 520, en Melchor Romero. En los operativos estuvieron Gerardo Gioglio, director de Nocturnidad; el director de Tránsito, Walter Echevest,  y Emanuel Reyes, director de Inspecciones. Cuando llegaron a la quinta de 520 ya estaba la fiesta funcionando, la calle estaba llena de gente. Ingresaron al predio por un acceso ubicado en calle 161 entre 520 y 521”, relató el testigo.

“En ese momento apareció Santiago Piedrabuena (dueño de un boliche platense) y los tres directores hablaron con él. La música se escuchaba muy fuerte, había mucho ruido, y era muy difícil poder hablar. Mientras los directores hablaban, el personal sin cargo de director que formaba parte del operativo se apartó. La realidad es que no había mucho de que hablar: ya se sabía lo que había que hacer porque era una fiesta sin permiso, y los organizadores no tenían ni siquiera un papel. Después de 15 minutos de charla, le ordenaron a un supervisor del área que hiciera el acta. Había que desalojar, pero los directores comunicaron que no contaban con apoyo policial para hacer el procedimiento. Se realizó entonces el acta de clausura y justo apareció el dueño de la quinta (Carlos Bellone), que hizo ingresar al personal y a los directores a una casa que funcionaba como depósito dentro del predio. Los directores, entre ellos Gioglio, ingresaron por una cocina. Se hizo el acta, donde consta que no había apoyo policial, y se dejó constancia de que posteriormente tenían que pasar para dejar la faja de clausura. No es el procedimiento correcto, pero la realidad es que se hacía habitualmente”, agregó.

“Los directores argumentaron, ante el personal que tenían a cargo, que pidieron el auxilio de la fuerza pública y que le respondieron desde la Policía que no tenían los medios disponibles para desalojar tanta cantidad de gente: había más de 1.500 personas. Los directores sabían que había que desalojar con policías; es más, un supervisor se los exigió en dos oportunidades. Por ejemplo, Reyes, que ya había estado en una gestión anterior, debería saberlo. Ante la insistencia, los directores dijeron que habían hablado con Piqué y el secretario de Seguridad (tiene a su cargo el control operativo de la Policía Local) respondió que no tenia los medios para hacer un desalojo de esas características. Lo extraño es que la comunicación se hizo con mensajes de WhatsApp. Creo que que no es la forma en que un director tiene que pedir el apoyo policial”, finalizó.

“Todo hacía prever una catástrofe"

En diálogo con Hoy, el exsecretario de la Justicia de Faltas y Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, Dr. Guillermo Chávez, afirmó que los responsables de que la Policía no se haya hecho presente para desalojar la fiesta clandestina del 1º de enero pueden llegar a ser acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Una fiesta de esas características hacía prever una catástrofe”, remarcó.

“La responsabilidad de un funcionario con rango de director o secretario, ante fiestas de este tipo, es comunicarse con la Policía y exigir el inmediato auxilio de la fuerza pública. Incluso ahora cuentan con muchas más herramientas para actuar, porque existe la Policía Local, que depende del secretario de Seguridad municipal”, dijo Chávez. Y remarcó: “Las intendencias, según la Ley Orgánica de Municipalidades, deben velar por la seguridad de la ciudadanía”.

El exfuncionario recordó: “Durante mi gestión, por ejemplo, desalojamos el boliche La Grieta que funcionaba en calle 60 entre 5 y 6, donde había gran cantidad de menores consumiendo alcohol y mucha más gente que la que permitía la habilitación. Fui en persona a pedir apoyo a la comisaría Novena. El comisario no estaba y le comuniqué al jefe de servicio que, si no se hacía presente y actuaba en consecuencia, me iba a tener que tomar la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Acto seguido, pudimos clausurar ese boliche antes de las 4 de la madrugada y nunca más volvió a abrir”.

“Hacemos responsable a Garro por la muerte de Emilia”

Para el abogado que representa a la familia de Yésica Emilia Uscamayta Curi, la joven estudiante de Periodismo ahogada en la fatal fiesta de Año Nuevo en el barrio Melchor Romero, no quedan dudas: “Esa muerte constituye el primer hecho de corrupción de la gestión del intendente Julio Garro”, sostuvo a Hoy el letrado Adrián Rodríguez Antinao, quien hizo “responsable político” al jefe comunal de lo ocurrido aquella fatídica primera noche de enero.

Esa responsabilidad, según Antinao, se extiende al día de hoy a raíz del “silencio cómplice del Municipio que ni siquiera hizo un sumario administrativo de los funcionarios acusados”. A saber: Néstor Galarraga, Walter Etchevest, Emanuel Reyes y Gerardo Gioglio, este último director de Nocturnidad, que además de esta causa, suma problemas por sus vínculos con el doble crimen de Gorina (ver página 3). 

Tal como anticipó Hoy, la querella pedirá la imputación de los cuatro, porque “en la madrugada del primero de enero se hicieron presentes en el lugar y solo labraron acta, abandonando el lugar de los hechos sin haber instrumentado ninguna medida para evitar que prosiguiera la fiesta”.

En el caso ya están imputados Raúl “Peque” García, Carlos Bellone y Santiago Piedrabuena, organizadores de la fiesta. Pero el abogado de la víctima busca que se investigue “toda la cadena de corrupción política que hay detrás de la muerte de Emilia”, ya que está “convencido de que hubo un pago de sobornos para que la fiesta se realizara. Todos los elementos que hay en la causa indican que el Estado municipal hizo la vista gorda”, y amplió que “desde el intendente Garro, pasando por el secretario de Seguridad comunal, Daniel Piqué, hasta Gioglio son responsables de que aquel evento se haya llevado a cabo, de no haberlo impedido pese a su ilegalidad, las denuncias de los vecinos y con todos los recursos para hacerlo”.

De acuerdo a lo manifestado por Antinao, a los acusados podrían caberle penas de 8 a 25 años por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, nombre al que, según consideró, debe cambiar la carátula. Porque “la muerte de Emilia no fue producto de un homicidio culposo; no fue un accidente, sino que se debió a la impericia municipal”, dijo Antinao, al tiempo que precisó que “quienes permitieron esto, por el Código de Nocturnidad, tienen un deber de garantías jurídico para proteger la vida y la integridad física de las personas. La Municipalidad no garantizó nada de esto.

Para el abogado, esa cadena de suscesos fue la que determinó el desenlace de “aquella noche de descontrol absoluto, con más de seis mil asistentes, frente a un Estado ausente que no las protegió”.

Es por todo esto que la querella, además de acelerar la imputación de los funcionarios mencionados, insistirá en el grado de “responsabilidad” de Garro, “quien debería avanzar en un sumario preventivo y aclararle a la sociedad este desastre impune”.

Una tragedia evitable

El pedido de imputación para los cuatro funcionarios municipales apunta a la responsabilidad política de lo ocurrido en la madrugada del 1° de enero en la quinta de Melchor Romero, donde tuvo lugar la fiesta denominada “La frontera” y cuyo slogan premonitorio fue “El límite lo ponés vos”. 

Sin ambulancias, personal de salud, guardavidas o agentes de seguridad, pese a las reiteradas denuncias de vecinos al 911 y al 0800-Municipal, el evento se desarrolló peligrosamente alrededor de una piscina profunda. Comenzó a las 2 de la mañana y estaba previsto que durara hasta las 4 de la tarde, pero a Yésica Emilia Uscamayta Curi la sacaron de la pileta casi sin pulso alrededor de las 9.30 de la mañana y falleció antes de llegar al hospital de Melchor Romero.

Esa muerte, tal como sostiene la querella, pudo haberse evitado si solo hubieran atendido las advertencias ciudadanas.