En la audiencia que se llevó a cabo el jueves pasado, el ingeniero agrónomo Carlos Anaya declaró en calidad de testigo y calificó como “una locura” los motivos esgrimidos por la empresa encargada de las tareas que generaron un grave perjuicio ambiental.
02/10/2022 - 00:00hs
El jueves 29 de septiembre se llevó adelante en sede judicial una audiencia de la cual participaron los representantes legales de la Municipalidad de La Plata y del Foro en Defensa del Árbol en el marco de la demanda que interpuso dicha organización por la poda indiscriminada del arbolado público en la ciudad (tal como reflejó este multimedio en ediciones anteriores), que derivó en la orden judicial para suspender dichas acciones, algo que la Comuna que conduce Julio Garro resolvió ignorar.
En ese contexto, en dicha audiencia debía estar presente en calidad de testigo Juan Pablo Alonzo, propietario de la firma “El Gran Mono”, empresa que el Municipio contrató para desarrollar las tareas de poda. Alonzo no se presentó.
Sin embargo, en calidad de testigo de los demandantes, sí estuvo presente Carlos Anaya, ingeniero agrónomo y arborista certificado por la International Society of Arboriculture, quien respondió a los interrogantes tanto de los denunciantes como del Municipio.
Anaya en su exposición –además de haber realizado un informe que forma parte de la denuncia– dejó muy claro el nivel de desidia con el que trabaja la Municipalidad y la falta de idoneidad para abordar la poda y el cuidado del ambiente.
Uno de los primeros puntos que el especialista derrumbó tiene que ver con la decisión de llevar adelante la campaña de poda durante “los meses sin erre” aludiéndose que de esa manera tiene menos impacto en los árboles, algo que el propio intendente Julio Garro promocionó en redes sociales.
“Esa afirmación no es correcta”, apuntó el perito, y agregó: “Las podas deben realizarse de acuerdo al fundamento biológico y de acuerdo a cada especie”. Por ende, “no es obligatorio hacerlo”.
La Plaza 19 de Noviembre, ubicada en 44 y 25, fue una de las que más sufrieron el impacto de la poda desmedida de la Comuna; de hecho, los vecinos de la zona fueron los primeros en organizarse y, en el momento mismo en que se llevaba adelante la tarea, cuestionaron a la empresa que estaba allí.
Los propios frentistas plantearon por qué no se hacía de forma paulatina la poda, a lo que el empresario les señaló que “el Municipio desde el 85 hasta la actualidad lo hizo de esa manera”. Primero “cortaban en un lado y después en otro, y al año tenían que volver; en cambio, este gobierno está haciendo una poda por zonas y en altura para que dure por lo menos diez años”, había añadido.
Sobre ese punto, Anaya fue terminante: “Esa afirmación es una locura, hacer una poda así sacrifica los beneficios ecosistémicos que un árbol puede brindar y es muy probable que mueran”.
En ese momento, la asesora legal del Municipio le preguntó si había accedido a los informes técnicos de la Comuna para objetar de tal manera la decisión. Allí el ingeniero agrónomo le aseguró que “no había tenido acceso” al mismo, pero que “no lo necesitaba porque debe entenderse siempre que la poda y la seguridad pública no deben ir en detrimento del medioambiente”.
“Aun no viendo los informes o justificativos, hubo negligencia al haber eliminado tantas ramas. Es imposible que las mismas hubiesen entrado en crisis en el mismo momento”, confirmó el especialista.
El antecedente de su socio político, Horacio Rodríguez Larreta
Teniendo en cuenta que muchas de las decisiones que el intendente Julio Garro toma para la ciudad de La Plata vienen ya ensayadas en la Ciudad de Buenos Aires a manos de su “amigo” político, Horacio Rodríguez Larreta, el tema de la poda también le dio dolores de cabeza al alcalde porteño y sentó un precedente nacional.
En el mes de julio de este año, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que prohibió la poda indiscriminada de árboles en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la causa iniciada por la abogada Claudia Heras y la ONG Basta de Mutilar Nuestros Árboles en 2017, quienes habían argumentado que esta práctica “viola el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado y el derecho a la preservación del patrimonio natural”.
El máximo tribunal se pronunció por unanimidad a favor del “amparo ambiental”, ratificando así la suspensión de la tala y la poda excesiva de árboles y rechazando la última apelación del gobierno porteño, que buscaba reducir el arbolado público en toda la ciudad de manera abusiva y sin detallar los fundamentos para realizar esta actividad.
De acuerdo al fallo, en caso de que se requiera necesariamente talar o podar los árboles, “se deberá publicar en la página oficial de internet –de modo claro y accesible– los informes técnicos respectivos e imágenes que ilustren detalladamente la situación previa y posterior a la intervención”.
La modalidad de poda que venía desarrollando el gobierno de la Ciudad provocó que se “destruyeran árboles de alineación, de plazas, estaciones de ferrocarril y bulevares por mutilación, mochado, terciado y talado”, explica la denuncia, y añade: “Las firmas contratadas para el servicio de arbolado público no tienen como objeto social la realización de trabajos vinculados con la poda, tala, plantación o cuidado de árboles, por tanto no son idóneas”.
La medida cautelar fue confirmada en todas las instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema, luego de la última apelación presentada por el gobierno porteño. No obstante, el máximo tribunal rechazó por unanimidad el “recurso de queja” porque, detalló, “la medida cautelar que se ataca no es una sentencia definitiva ni es equiparable a tal”.