Por el camino del lawfare...

El variopinto abanico de estratagemas judiciales con el que el macrismo llegó y mantuvo el poder osciló desde operaciones mediáticas hasta dirigentes detenidos sin un proceso judicial. El lawfare o persecución judicial hacia dirigentes opositores fue sin embargo una de las denuncias que siguen dando que hablar en las calles y en la opinión pública.

En la causa “dólar futuro”, por ejemplo, la actual vicepresidenta de la Nación expuso con claridad una metodología que quedó al descubierto en varias oportunidades. “El lawfare no es solamente la persecución judicial, es además la articulación con los medios de comunicación”, dijo.

Hoy la resolución que tomó el Tribunal Oral Federal N° 5 también desmoronó una causa que no solo estuvo alentada por la clase política opositora, sino que también fue apoyada por los medios de comunicación que están íntimamente aliados a la derecha macrista.

La utilización de la Justicia como una herramienta de persecución política ha sido una estrategia para alcanzar y mantener espacios de poder por parte de la gestión anterior, guiada por el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, lógica con la cual llegó hasta a apoyar un golpe de Estado mediante el envío de armas a Bolivia.

Frente a esto, ¿quiénes deberían ser los investigados?

Según se dio a conocer, el fiscal que llevó adelante la causa Hotesur fue Gerardo Pollicita, quien contó con la colaboración de su colega Ignacio Mahiques, hijo del exministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques, designado por Macri en la Cámara de Casación. De este modo, el entramado judicial era una red que todo lo (en)cubría.

Sin embargo, las causas de “dólar futuro”, Qunita y Memorándum de Entendimiento con Irán no prosperaron debido a la inexistencia del delito.

“Que la Justicia investigue me parece bárbaro, para eso está. Hasta debería investigarse muchas veces a sí misma”, había dicho en su momento Máximo Kirchner, uno de los sobreseídos en la causa Hotesur.

El método Macri

En la gestión de Cambiemos se dio a conocer que el expresidente Mauricio Macri se reunía en Casa Rosada y Olivos con los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, miembros del máximo tribunal penal del país, que eran a su vez los encargados de controlar el destino de las causas de mayor relevancia política.

Por otro lado, también se descubrió que el exasesor de Macri, “Pepín” Rodríguez Simón, fue quien lideraba “las mesas judiciales” del exmandatario, lo cual terminó po­niéndolo en el centro de una causa en la que se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos”, que tenían que ver con “hostigamiento y ahogo financiero” a dirigentes y empresarios durante la gestión de Cambiemos.

Esta y muchas otras prácticas más han hecho que el macrismo llevara adelante una campaña para perseguir, hostigar y dañar a opositores, mientras sus funcionarios se sentaban en los canales de televisión jactándose de “luchar contra las mafias”.

El lado B de la persecución

El testimonio de Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta, fue uno de los más esperados y de los más desgarradores. “Lo que pasó en los últimos cuatro años fue más allá del ensañamiento mediático”, declaró en abril de 2020, luego de una gran especulación en los medios por su estado de salud.

“Empezó a haber ensañamiento judicial, mandaban policías a mi casa, parecía que todas las semanas iba a pasar algo”. “Tenía tres jueces que hacían conmigo lo que querían: eso fue lo que me enfermó a mí”, dijo de manera contundente.

Además, la hija de la vicepresidenta aseguró que, ante el hostigamiento por parte de la Justicia y los medios opositores, no supo hacer otra cosa que “guardarse”, en un estado de total vulnerabilidad luego de haber dado a luz.