El próximo 8 de noviembre, miles de compatriotas coparán las calles en los principales centros urbanos del país para reclamar contra la inflación, el cepo cambiario, la inseguridad, la corrupción y los intentos de eternizar a Cristina K.
31/10/2012 - 02:29hs
Una inflación del 30% que continúa creciendo
Uno de los reclamos puntuales de quienes organizan el 8N se centra en la preocupante inflación que el Gobierno esconde de la mano del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La realidad marca que, mientras Moreno y sus seguidores buscan por todos los medios desmentir y ocultar los elevados índices, varias consultoras dan por hecho en sus estudios que el porcentaje inflacionario bordea el 30% en la actualidad.
Sin ir más lejos, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, confirmó que sólo en la primera quincena de octubre, el seguimiento de precios de una canasta seleccionada de 38 productos arrojó un aumento del 0,78%.
De la misma manera, hace pocas semanas, un relevamiento hecho por este mismo medio daba cuenta del incremento de precios en almacenes y supermercados: en un año, el kilo de papa pasó de 3,49 pesos a 8,90 -registrando un aumento del 143%-, y el paquete de kilo de yerba de mediana calidad aumentó un 104% respecto al mismo mes de 2011.
Asimismo, otros alimentos de consumo cotidiano para las familias argentinas experimentaron subas considerables en octubre de 2012. En este contexto, la carnaza aumentó un 1,26%; la carne picada común, un 1,94% y el osobuco ya roza los 24 pesos en cualquier carnicería.
Pese a que el Gobierno sostenga la estrategia de negar las constantes subas de precios, desde el Ejecutivo nacional son conscientes de que dicha problemática es una de las principales causas de movilización ciudadana. En ese marco, cabe recordar que la cuestión inflacionaria fue uno de los ejes que interpeló a miles de personas en el conflicto entre las entidades agrarias y el Gobierno en 2008, protestas que llevaron al kirchnerismo a perder las elecciones legislativas del año siguiente.
El cepo cambiario y los errores de la política económica
Otro de los principales motivos que lleva a los ciudadanos de clase media a hacer oír su reclamo es la violación al derecho a la propiedad que constituye el cepo cambiario impuesto poco después de que Cristina Kirchner obtuviera la reelección.
El conjunto de la ciudadanía se ve privada de cuidar sus ahorros y el patrimonio en su conjunto, debido a que el Gobierno nacional ha decidido secar el mercado de divisas para que todos los dólares disponibles sean destinados a pagar la fraudulenta deuda externa, sin ningún tipo de auditoría previa.
De forma infame, el Gobierno nacional decidió favorecer al poder financiero internacional, a cosa de sus propios ciudadanos. ¿Qué hubiese ocurrido si, en lugar de pagarle por anticipado y en efectivo 10 mil millones de dólares al FMI, se hubieran volcado esos recursos a desarrollar el mercado interno y llevar adelante políticas para industrializar el país? Seguramente, los ciudadanos no estarían siendo afectados por medidas que hacen recordar a lo peor del stalinismo.
Para colmo de males, pese al cumplimiento sistemático con los acreedores de la deuda que entró al canje -que en muchos casos son tan buitres como los quedaron afuera y ahora lograron embargar la Fragata Libertad en Ghana-, la Argentina sigue siendo considerada un país en default. Por eso tiene vedado todo acceso al mercado de capitales para obtener financiamiento, y las consecuencias las están pagando provincias como Buenos Aires, que, cada vez que sale a colocar un título para obtener recursos, tiene que pagar tasas superiores al 17%, más de doble de lo que paga un país quebrado como Grecia. En tanto, Bolivia, país caracterizado como el más pobre de Sudamérica y gobernado por un presidente considerado de izquierda, acaba de conseguir financiamiento a tasas del 4,4%. El cepo cambiario ha provocado un verdadero desastre económico, haciendo perder unos 100 mil puestos de trabajo y profundizado una recesión económica que ha llegado para quedarse.
Los casos de corrupción extrema, también en la mira
Otro de los puntos oscuros que convoca a los organizadores del 8N es el nivel de corrupción del Gobierno K, que sigue llenando su prontuario de manchas negras difíciles de remover.
Este diario denunciaba hace pocas horas un turbio negocio en lo que respecta a las apuestas deportivas on line, en el que el kirchnerismo había asomado las narices. Sin embargo, no alcanzan los dedos de ambas manos para contar la cantidad de casos en los que la misma Presidenta o sus funcionarios terminaron empantanados.
El hecho que más repercusión tuvo fue sin lugar a dudas la investigación que lleva a cabo la Justicia sobre el vicepresidente Amado Boudou por delitos de tráfico de influencias y lavado de dinero en la compra de la empresa ex Ciccone Calcográfica. Pero a la lista se suman además los vínculos entre la Casa Rosada y la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable de la tragedia en la estación de Once; el escándalo que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el supuesto desvío de 765 millones de pesos destinados a construir viviendas sociales; o el polémico apoyo a la instalación de mineras de origen extranjero en territorio argentino.
Incluso cabe recordar que la investigación del caso Skanska, uno de los primeros hechos de corrupción que golpearon públicamente al kirchnerismo, hizo que a fines de 2010, el juez federal Norberto Oyarbide procesara a los exfuncionarios gubenamentales Fulvio Madaro (ocupó la jefatura del ente oficial Enargas), y Néstor Ulloa (quien fue gerente general de la Nación Fideicomisos) por los delitos de defraudación a la administración pública y cohecho debido a los presuntos sobreprecios en la contratación de empresas para la realización de un gasoducto.
Como si fuera poco, la bronca de la gente también estalló por los incrementos patrimoniales de los funcionarios K, como sucede con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuyas riquezas se incrementaron más de un 90% entre 2010 y 2011.
La inseguridad, un flagelo que no cesa y castiga a la Provincia
El flagelo de la inseguridad sigue en estado latente en la Argentina y golpea con fuerza en varios estratos sociales. Las estadísticas no mienten: un estudio reciente realizado por el Observatorio Hemisférico de la Organización de los Estados Americanos reveló que la Argentina tiene el índice de robos más alto del continente, con una tasa de 973 cada 100.000 habitantes.
La gravedad de la situación es tal que incluso en varios municipios del Conurbano bonaerense -uno de los focos de la delincuencia-, vecinos autoconvocados diagramaron diversas estrategias para buscar soluciones. Uno de los casos más interesantes es el de Quilmes, en donde los habitantes impulsaron un sitio web, www.provinciainsegura.com.ar, con el fin de desarrollar actividades y reuniones con importantes funcionarios para discutir el asunto.
“Estamos haciendo los congresos desde hace dos meses, con miembros políticos de la oposición e inclusive del oficialismo, para quien quiera venir, con esta temática de que el pueblo quiere saber”, dijo a Hoy Hugo Salinas, uno de los integrantes de Provincia Insegura, quien confirmó que “los puntos más álgidos en cuanto a la inseguridad son Quilmes, Lanús y La Matanza”.
Salinas también confirmó que el grupo de autoconvocados participará del 8N “con una bandera de cien metros por nueve en la Avenida Callao y Santa Fe”.
“Esa va a ser la presentación nuestra, para que la vean desde la estratósfera”, comentó el vecino quilmeño, y añadió: “La gente por lo que está protestando es por la inseguridad. Obviamente que viene todo lo otro por detrás, pero la bronca más grande es por eso. Tenemos mucho miedo, parece que somos un coto de caza nosotros”.
Las violaciones y la droga, en la mira
Más allá de este tipo de iniciativas, el panorama no asoma demasiado alentador y en los últimos días, la noticia de la violación y posterior asesinato de la joven Tatiana Kolodziez encendió luces de alarma en torno a los peligros que corren las mujeres en las calles a altas horas de la noche.
Justamente, la nocturnidad se volvió un problema de difícil resolución para las autoridades municipales y provinciales. En Quilmes, por ejemplo, el tratamiento de la problemática se trasladó hacia el seno del Concejo Deliberante local a partir de los sucesivos hechos de violencia que se generaron en los alrededores de las discotecas y que derivaron en las muertes de varios jóvenes.
Pero a esto se le suma, además, la inmensa cantidad de delitos relacionados al tráfico de drogas en el país. En una nota publicada anteriormente por este mismo medio, el especialista en seguridad, Luis Vicat, aseguró que “el narcotráfico tiene relación directa o indirecta con aproximadamente el 90 por ciento de los delitos que se cometen actualmente”.
En sintonía con estas palabras, el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, remarcó en su momento que “en nueve de cada diez menores que cometen delitos las drogas dicen presente”.
“Los adictos viven con miedo y eso los torna peligrosos. Tienen miedo de no conseguir la próxima dosis, de que la víctima se resista. Es un temor irracional, como la de un enajenado”, puntualizó.
El rechazo a la polémica reforma constitucional K
La gente también empezó a hacer visible su indignación por el proyecto kirchnerista de reformar la Constitución nacional para que Cristina Fernández se eternice en el poder.
“No a la reforma constitucional y a la perpetuidad K, sumate” es una de las tantas páginas de la red social Facebook que cuestionan la movida K. Esta misma crítica llegó a Twitter, donde los usuarios expresaron sus quejas, resaltando que “el #8N tendremos la oportunidad de detener el avance K y la reforma de la Contitución nacional”.
“Considero que la reforma constitucional en este contexto sería claramente negativa. La misma tendría como único objetivo perpetuarse en el poder y esto es totalmente antidemocráctico”, indicó a Hoy Félix Loñ, titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Además, señaló que la intención del kirchnerismo “es una típica postura de los gobiernos autoritarios”, ya que “creen que sin ellos no se puede continuar la obra que están llevando a cabo” y se consideran “indispensables e irremplazables”. Pero, al igual que los usuarios de internet, son muchos los políticos que alzaron su voz repudiando la estrategia oficialista que buscará perpetuar el mandato de la Presidenta.
“No tengo dudas de que el kirchnerismo intentará modificar la Constitución para que Cristina se eternice en el poder. Todo lo que digan sobre una actualización de la Constitución es mentira. Como no tienen ninguna figura de recambio, la única chance es que siga Cristina”, había embestido meses atrás el presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra.
En la misma sintonía que Gil Lavedra, el diputado nacional por el Pro Federico Pinedo había advertido que “es muy peligroso cuando los políticos se quieren adueñar de la democracia, que es de todos, para beneficio propio”.
Una seguidilla de errores que pone en riesgo la defensa nacional
El escándalo de la Fragata Libertad en tierras ghanesas no hizo más que dejar al descubierto una serie de errores del Gobierno en cuanto al manejo de la situación de las Fuerzas Armadas.
Si bien las irresponsabilidades de los funcionarios del kirchnerismo salieron a la luz después de que el buque insignia nacional fuera retenido en el puerto de Tema, las fallidas políticas surgidas de Casa Rosada para asegurar la defensa nacional en las fronteras no eran una novedad.
Fue este mismo gobierno el que, de la mano de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, continuó con el proceso de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, poniendo en riesgo la soberanía nacional. En este contexto, el diario Hoy, en sus ediciones anteriores, denunció que las unidades de la flota de mar navegan, apenas, un promedio de 32 días anuales y la cantidad de buques de la flota de mar no supera la docena.
La misma suerte correrían las horas de vuelo de las Fuerzas Aéreas, que, según el exviceministro de Defensa de la Nación, Angel Tello, “en el presupuesto de 2013 que fue al Congreso se bajan a la mitad”.
La realidad se volvió tan insostenible que fuerzas de la Prefectura y Gendarmería tuvieron que poner el grito en el cielo para que su reclamo sea escuchado por la Presidenta, quien prefirió mantenerse al margen y delegar la responsabilidad en otros funcionarios para emparchar las desprolijidades.