23/05/2017 - 04:00hs
Desde la Federación Agraria afirman que se ven desde hace años agobiados por las presiones de una de las multinacionales más poderosas en el mundo. Mientras tanto, las autoridades estatales se mantienen en silencio y no toman medidas al respecto
El coordinador bonaerense de la Federación Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi, dialogó con diario Hoy y se refirió a la situación que atraviesan los pequeños productores ante el avasallamiento de Monsanto, una multinacional estadounidense productora de agroquímicos y biotecnología que se destinan a la agricultura.
“Las denuncias contra Monsanto vienen desde hace mucho tiempo. En esta etapa, la compañía tiene un vínculo con los productores e intenta establecer una forma de contratación por una tecnología que ellos dicen tener patentada, cuando no está tan claro que tengan la patente”, aseveró.
“Monsanto le impone al productor ciertas condiciones que en realidad no están en la legislación argentina”, expresó Solmi. “La Ley de Patentes le permite al productor agropecuario comprar las semillas para producirlas y, una vez que lo hace, le deja reservarse una parte de las mismas para volver a producir. Bueno, Monsanto no permite esto y obliga a que le paguen un canon por ello”, contó el director de la FAA. De este modo, la firma desconoce el derecho del uso de la semilla que tiene el productor, aduciendo que como su producto está protegido por una patente, y no por la Ley de Semillas, deben pagarle.
Por otro lado, Solmi contó que Monsanto avanzó mucho sobre las cooperativas y toda la cadena de comercialización del agro, por lo que desde la FAA hicieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia por abuso de posición. “Nosotros decimos que Monsanto tiene una posición dominante respecto de las tecnologías”, sostuvo.
Además, China, para comprar soja transgénica, requiere de un certificado de inocuidad del material y Monsanto es el que tiene que darlo. Pero la firma solo entrega dicho certificado si se ha constatado el pago de la tecnología.
Otras empresas que entregan ese certificado, sin embargo, no ponen ninguna condición, lo que reafirma la posición de la Federación Agraria, que sostiene que Monsanto está cometiendo un abuso de su posición dominante. “La primera denuncia fue en 2014, la ampliamos y el año pasado se hicieron audiencias, pero hasta ahora la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia no ha resuelto nada al respecto. Mientras tanto, la empresa sigue cobrando a los productores”, lamenta Solmi.
“Nosotros decimos que se debe sancionar a Monsanto o emitir alguna resolución, ya que este silencio de la Comisión Nacional de la Competencia favorece a la multinacional, porque le permitió que la cosecha de 2016 y ahora la cosecha de 2017 se comercialicen con sus pretensiones. Y es mucha plata en dos años”, denuncia el director de la FAA, teniendo en cuenta que la soja es la principal exportación de la Argentina.
Asimismo, Solmi advirtió que hay un costo muy grande en toda la logística de venta de soja que Monsanto impone, el cual antes no existía. Los productores no son formadores de precios, no los fijan, entonces “cuando se vende un kilo de papas, el precio te lo pone el mercado. Si vendés soja, lo mismo; por lo que nosotros decimos que en el precio que nos pagan está incluido este costo, que es enorme, porque se analiza camión por camión”, explicó. El sistema de Monsanto es muy lento y produce mucho gasto de tiempo que, indefectiblemente, termina perjudicando a los productores.
El mundo marcha contra el gigante químico
Los pasados 20 y 21 del corriente se manifestaron en distintas partes del mundo miles de personas en lo que fue la quinta marcha mundial contra Monsanto.
Las protestas se llevaron a cabo en más de 400 ciudades de 40 países de todo el globo, contra la firma recientemente sentenciada en La Haya por “ecocidio”, al dañar la salud y el ambiente. La primera manifestación mundial fue realizada en 2013 y tenía los mismos objetivos que la de este año: evitar que la empresa siga ganando terreno en otros sectores de la economía mundial.
Las consignas se basaron en denunciar “las injusticias de nuestros sistemas alimentarios y los crímenes contra el medio ambiente”, para evitar más consecuencias irreparables.
Los autoconvocados contra Monsanto en la Argentina señalan que alrededor del 80% del área cultivable de Argentina se utiliza para monocultivos transgénicos, y 423 millones de litros de agrotóxicos son esparcidos directamente sobre 17 millones de personas año a año, lo cual, según sostienen, provoca nacimientos de niños con malformaciones, abortos espontáneos, infertilidad, leucemia, enfermedades renales, lupus, problemas neurológicos, afecciones respiratorias severas, dermatitis, y otras tantas enfermedades, entre las que se destaca el cáncer.
“Preocupa la concentración”
En el marco de la resistencia que vienen sosteniendo los productores argentinos contra las imposiciones de la cuestionada multinacional, Jorge Solmi se refirió a la fusión entre la compañía Bayer y Monsanto.
La firma químico-farmacéutica cerrará la compra de la empresa líder en transgénicos antes de fin de año, pasando a convertirse en la primera en el mundo en el sector de agroquímica, creando la mayor productora de semillas y pesticidas a escala global.
“Me preocupa la fusión de Bayer con Monsanto. Es enorme la concentración que se está dando, a este ritmo van a quedar en el mundo tres empresas proveedoras del total de la tecnología y los insumos para la producción agropecuaria en el mundo. Esto obviamente no es bueno, creo que hay que diversificar porque cuantos más actores haya, más transparente va a ser la comercialización”, sostuvo el director bonaerense de la FAA.
“En este caso no sé cómo será, pero a este paso lo único que garantizaría la transparencia es la ética de las empresas. Y estar amparado a la ética de las empresas es un riesgo demasiado grande. Digo esto porque en la Argentina, con esta demora, nosotros no tenemos protección del Estado en la defensa de la competencia”, señaló. Frente a ello, lo único que les queda, según Solmi, es “rezarle a Dios” para que los directivos de las empresas no cometan abusos.