Prohíben la eliminación de programas sobre violencia de género

A través de la resolución 11167/2024, la Justicia le prohibió al Gobierno suprimir programas destinados a combatir la violencia de género.

Política

25/01/2025 - 00:00hs

La Justicia ordenó al Gobierno nacional mantener los programas destinados a prevenir y asistir a mujeres y niños en situación de violencia de género. A través de la resolución 11167/2024, la Sala de Feria A de la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal, rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo, que buscaba desmantelar estas políticas mediante ajustes presupuestarios.

De esta manera, la decisión judicial garantiza la continuidad de estas iniciativas, ratificando una medida cautelar presentada por organizaciones sociales y de derechos humanos. Estas entidades, entre las que se encuentran el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Mujeres por Mujeres (MxM), denunciaron el riesgo de que el Estado incumpliera obligaciones legales e internacionales en materia de género.

La resolución

El fallo exige al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo “abstenerse de reducir recursos humanos o infraestructura de las áreas dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia”. Asimismo, se ordena “mantener la producción y difusión de estadísticas e informes vinculados a estas políticas públicas”.

Ante esta resolución, distintos sectores demandaron certezas sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales del Estado Nacional en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y, sobre todo, cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas mediante normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido.

El papel de las organizaciones

Por otra parte, la medida reconoce formalmente la legitimidad de las organizaciones para actuar en representación de mujeres, niñas y adolescentes. Se trata del primer antecedente judicial de este tipo durante la gestión de Javier Milei y marca un precedente sobre el compromiso del Estado frente a las violencias de género.

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