Se viene una agenda cargada en el Congreso
Diputados debatirá la Ley Hojarasca y otros proyectos clave impulsados por el oficialismo.
Mientras Nación habilitó a nueve provincias a gestionar rutas, el Gobierno bonaerense presentó una impugnación a la exclusión.
18/04/2026 - 00:00hs
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, presentó una impugnación formal contra la exclusión de la empresa estatal Aubasa en la licitación por la concesión del corredor de la autopista Riccheri. La medida incluyó el respaldo de una garantía de 350 millones de pesos y fue elevada ante los organismos nacionales competentes, luego de que Vialidad Nacional descalificara a la firma bonaerense en la etapa de precalificación.
Desde la administración provincial sostienen que la decisión carece de fundamentos sólidos y que responde a criterios discrecionales que afectan la transparencia del proceso licitatorio. El dictamen oficial argumentó que Aubasa no acreditó experiencia en la ejecución directa de obras viales, requisito considerado clave en los pliegos impulsados por Nación. Frente a ello, la Provincia defendió el perfil de la compañía y su trayectoria en la gestión integral de corredores, señalando que la idoneidad no debe limitarse a la construcción, sino también a la operación y mantenimiento.
Nación abrió el juego a nueve provincias
El proceso forma parte de la Red Federal de Concesiones, que prevé adjudicar miles de kilómetros de rutas nacionales a operadores privados por hasta 20 años. En paralelo, el Ejecutivo nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales mediante el cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026. Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz fueron habilitadas para iniciar procesos de administración directa. La normativa aclara que la propiedad de las rutas sigue siendo nacional y fija un límite temporal de treinta años para los contratos.
Ante este escenario, la exclusión de Aubasa es interpretada por el gobierno bonaerense como una decisión política que busca limitar la participación de la provincia de Buenos Aires en un negocio clave.
La definición queda ahora en manos del Gobierno nacional, que deberá resolver si hace lugar a la impugnación o ratifica la exclusión de la firma estatal. El resultado no solo impactará en la licitación, sino también en la relación política entre Nación y Provincia, que arrastra tensiones en varios frentes, con la infraestructura vial como uno de los más sensibles.