Respuesta a la conferencia de prensa del intendente

Política

06/09/2016 - 06:12hs

Por Dra. Marianella Fernández

Apoderada de la Red 92

La presente tiene por finalidad aclarar algunos aspectos respecto a los dichos efectuados en conferencia de prensa del día 29 de agosto del corriente año por el intendente municipal Julio Garro. En primer lugar, porque este medio que represento, desde hace más de 20 años tiene un compromiso social con esta comunidad, y no desde hace ocho meses. Siempre ha estado informando con veracidad, transparencia, responsabilidad e independencia respecto a todos los temas que atañen a nuestra región, como así también a nivel provincial, nacional e internacional.

Hoy, nos encontramos en la necesidad de comunicarles a los vecinos, lectores y oyentes, acerca de los dichos del intendente Julio Garro  que, a través de sus manifestaciones, intenta poner en tela juicio la reputación e imagen de este medio, como así también pretende responsabilizar de las posibles consecuencias dañosas que repercutirían en los vecinos de nuestra ciudad, a causa del directo e improcedente accionar de quienes oportunamente ocuparon la dirigencia política de esta comuna. 

No resulta honesto que el intendente Julio Garro siga encontrando culpables a los problemas que, tal vez, no sepa resolver esta gestión, ganada a través del voto de todos los vecinos de esta ciudad, que confiaron en el cambio. En este caso, no resulta correcto adjudicarle a un medio la responsabilidad de la imposibilidad del cumplimiento de los compromisos atinentes al funcionamiento de la ciudad. Ya que su función, sobre todo en el contexto político y social que en teoría se encontró al momento de tomar posesión de su cargo, es resolver los problemas con la responsabilidad y capacidad inherente al cargo que ocupa. 

Entendiendo que esto último no es lo que estaría haciendo nuestro intendente, en honor al compromiso social que tenemos con la comunidad en nuestro rol de comunicadores, es que resulta necesario expresarles que el contenido de lo manifestado por el intendente Julio Garro es incorrecto, falaz y malintencionado.

La realidad es la que resulta de las constancias judiciales a las que remitimos como respaldo de las manifestaciones que por este medio estamos efectuando. No hay ninguna medida ilegal o ilegítima, y todo lo relacionado al juicio que posee este medio con la Municipalidad de La Plata ha procedido en el marco de las normas del debido proceso y en respeto de todas las garantías constitucionales. 

En el año 2008, este medio inició un juicio a la Municipalidad de La Plata porque de manera arbitraria e intempestiva cortó la pauta publicitaria oficial, vulnerando normas constitucionales con jerarquía internacional que garantizan, respetan y protegen la libertad de expresión y de prensa. A través de la distribución equitativa a todos los medios, se garantiza que la pauta publicitaria oficial no se transforme en una herramienta de propaganda política utilizada para fines partidarios. Sin embargo, esa política de discriminación a estos medios, que duró siete años, mientras la Municipalidad de La Plata recurrió y utilizó todas las herramientas jurídicas dilatorias para evitar su responsabilidad y así cumplir su cometido y no establecer pauta publicitaria oficial, tuvo su fin cuando en el mes de abril de 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación definitivamente rechazó los recursos interpuestos. Así, de manera inmediata, el Municipio se vió obligado a restablecer dicha pauta publicitaria oficial con estos medios, no porque como mal lo expresara el intendente Julio Garro –tal vez por ignorancia- se reconociera el derecho a este medio, sino porque se obligó a que la Municipalidad respete y haga operativo un derecho existente que le asiste a tanto a este como a todos los medios. 

Discriminación

Por ello, atento a que durante todos esos años el Municipio discriminó a este medio y no estableció pauta publicitaria para que este también participe de la información pública de la comuna y que sea dirigida así a sus oyentes, se inició el reclamo en sede judicial, para cobrar todo aquello que legítimamente debería haber percibido este medio. Atento a que el Municipio se negaba a abonarlo –y lo sigue haciendo- se intenta judicialmente dicho cobro. Con lo cual, no es cierto que no exista sentencia definitiva, ni un monto determinado, ya que la Municipalidad, al momento en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligara al Municipio a restablecer la pauta, lo remite a los términos expuestos en la sentencia del Juzgado de primera instancia y así cumple, solo que omitiendo los períodos anteriores mediante los cuales el Municipio se dedicó a recurrir, apelar y diferir todo tipo de instancia que efectivamente lo interpele a cumplir con las leyes. Hoy el intendente municipal, dentro de sus facultades, tiene la posibilidad legítima de saldar esa deuda, con todas las facilidades que ofrecían quienes se encuentran en la dirección de este medio (que propusieron un plan de pagos de hasta 41 cuotas), evitando intereses y mayores costos y costas provenientes de las instancias judiciales atinentes a un proceso que incrementarían significativamente el valor de la demanda original. Garro tiene legítimamente la posibilidad de cerrar tres litigios que llevan siete años, pero no lo hace, aludiendo otro tipo de excusas que no son ni más ni menos que las mismas maniobras que efectuó la gestión anterior. 

Obrar ilegítimo

En este contexto resulta muy importante aclarar, en virtud de los irresponsables dichos del intendente, que hoy el Municipio posee un embargo preventivo en sus cuentas, a causa de su propio obrar ilegítimo en el marco de las causas judiciales. Es hora de que cada parte se haga responsable de sus propios actos. No es el obrar ilegítimo de la Justicia, ni un medio inescrupuloso que embarga cuentas destinadas a servicios públicos -ya que de las constancias que se encuentran en el expediente judicial surge que son de libre disponibilidad y por ello se pudieron embargar-, es el propio obrar de los responsables de la intendencia municipal que no querían responder ante la Justicia por los costos de manipular el presupuesto municipal a su antojo con fines personales, políticos y partidarios y después no soportar las consecuencias legales que dicho obrar genera. Entonces resulta mas sencillo manipular la realidad a su antojo y mentirle a la comunidad abusándose de la investidura estatal que representa. El embargo preventivo que hace un mes poseen las cuentas municipales, no es ni más ni menos que una de esas consecuencias visibles de la impunidad política de la dirigencia municipal a través del tiempo acreditada en un expediente judicial, que no tiene otro respaldo documental más que el ilegítimo obrar del Municipio. 

Por eso, las manifestaciones del intendente municipal no resultan correctas ni veraces, ni hablan de su capacidad de gestionar este Municipio con la debida diligencia que un dirigente debe poseer. Resultaría necesario que en vez de crear responsables externos, nuestro intendente se dedique a resolver todos los problemas, que pudieron ser producto de las más variadas causas, pero que lamentablemente él debe resolver con el compromiso, responsabilidad y capacidad que prometió tener para ello.

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