29/06/2016 - 06:09hs
El testaferro de la familia Kirchner presentó ayer una recusación contra el juez que investiga el destino del dinero ilegal. Se acusa al magistrado de montar un “show televisivo” y de “inacción” en la causa
La estadía en la cárcel para Lázaro Báez no pasa con tranquilidad. Es que luego de que se conocieran las condiciones de privilegio que tiene su encierro, el supuesto testaferro de la familia Kirchner se decidió a avanzar en la causa denominada Ruta del dinero K, y ayer presentó una recusación contra el juez interviniente en la misma, Sebastián Casanello.
Uno de los puntos del escrito presentado en Tribunales por sus abogados, Daniel Rubinovich y Rafael Sal-Lari, destaca la “inacción” del magistrado para llevar adelante una investigación que comprometa también a quienes fueron parte de todo el entramado corrupto desde el propio Estado, como lo son la expresidenta Cristina Kirchner, y el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Para el empresario patagónico, “nos encontramos ante un magistrado que se ha apartado de su rol de juzgador y que actúa mancomunadamente con la fiscalía dando por cierta una información de inteligencia que carece de respaldo probatorio por los canales diplomáticos pertinentes".
A través de sus letrados, Báez explica que el juez Casanello interpuso distintas medidas “que sirvieron para trabar la causa por un cauce que evite la interpelación a exfuncionarios públicos”, logrando asi escapar a una supuesta comparecencia en Tribunales de las máximas personalidades del kirchnerismo.
Además, se reclama “la declaración de nulidad de la citación a prestar declaración indagatoria” de Lázaro Báez “y de todos los actos procesales dictados en su consecuencia, entre los que se encuentra naturalmente la citada que dispuso mi procesamiento”.
Montaje par la TV
En otra de las partes del escrito, acusa al magistrado de estar montando “un show televisivo”, lo que lo llevó a Casanello a brindar una “conferencia de prensa en las puerta de su despacho el mismo día que (Báez) declaró en el marco del incidente de recusación ante la Sala II que VS se encontraba en la Quinta Presidencial de Olivos junto a la Dra. Fernández”.
Según el dueño de Austral Construcciones, “lo más curioso de este show televisivo no es su espectacularidad, sino que la información que allí expuso no es más que la reedición de información que jamás se pudo corroborar mediante los distintos exhortos que se viene solicitando a Suiza sin ningún resultado desde el año 2013”.
“Las manifestaciones que (el juez) realizó ante la prensa demostrarían que, antes de que las pruebas vía diplomática sean contestadas, ya se había formado una impresión de un supuesto circuito financiero que no puede ser constatado y que lleva a formar una visión desfavorable de nuestro asistido antes de resolverlo, lo cual claramente sería incompatible con el principio de imparcialidad judicial”, concluye la recusación hecha por Báez.
Allanamiento a una fiscal
En el marco de la causa en la que se investiga el dinero sucio de la corrupción kirchnerista, el juez federal Sebastián Casanello allanó en la ciudad de Córdoba el domicilio de Betina Graciela Groppi, fiscal de Violencia Familiar de esa provincia.
El operativo tiene como fin la búsqueda de papeles que sirvan para esclarecer algunos de los negocios de Lázaro Báez con la obra pública durante la era K, sobre todo documentación que implique al financista Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic Services Group, que vive en Suiza y tiene pedido de detención emitido por Casanello.
Según se señaló desde el juzgado interviniente en el allanamiento, la clave fue tratar de encontrar poderes notariales, mandatos y cartas-documentos que puedan echar luz sobre el dinero transferido de manera ilegal al viejo continente, eludiendo la ley argentina para evitar el pago de impuestos.
Para los investigadores, el circuito del dinero sucio se integra desde la salida de estos fondos a través de una “cueva” como era la Rosadita, ubicada en Puerto Madero, para luego despegar estos fondos por medio de un depósito en el exterior a través de sociedades off shore del dinero y la mecánica de los bonos para reingresar el dinero.
Nueva denuncia contra el empresario y sus hijos
Un informe presentado ayer por la Unidad de Información Financiera (UIF) muestra cinco nuevos reportes de operaciones sospechosas (ROS) en donde los involucrados son Lázaro Báez y sus hijos Martín y Luciana.
Mientras sus empresas entraban en cesación de pagos y la Justicia lo empezaba a acorralar, el presunto testaferro de la familia Kirchner y dos de sus hijos llevaron a cabo una serie de maniobras bancarias por más de 148 millones de pesos para esquivar ese cerco judicial y los embargos de sus acreedores, lo que llevó a que se encendieran las alarmas del organismo de contralor.
La operación más abultada pasó por la sociedad M&P SA, en la que Martín Báez figura como accionista y miembro del directorio. Recibió transferencias interbancarias por un total de $ 114.614.183 entre el 1 de febrero y el 30 marzo de 2016. Esos giros, resultaron sumamente superiores a los registrados durante el mismo período del año anterior.
Complicidades extremas
La ruta del dinero K involucra de lleno, en palabras de Lázaro Báez, al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien habría hecho la vista gorda ante los diferentes hechos ilícitos que se cometían por parte de los amigos del poder K desde los diferentes puestos de mando que ocupó durante la década pasada.
Según ha dejado trascender Báez en Tribunales, la AFIP, con Echegaray a la cabeza, habría orquestado toda una maniobra ilegal para permitir que pasara sin problemas el dinero sucio de la corrupción sin que los controles del Estado se activaran ante dichas transferencias de plata al extranjero.
Ya en el pasado, Echegaray había acusado al exmandamás del ente recaudador por enriquecimiento ilícito y por incompatibilidades en la función pública.
Esto se suma al pedido hecho la semana pasada por el juez federal Julián Ercolini de llamar a declaración indagatoria al extitular del ente recaudador y a su mano derecha, Guillermo Michel, por la causa en la que el empresario K Cristóbal López eludió el pago de impuestos entre los años 2011 y 2015 por más de 8.000 millones de pesos.