Tras la difusión de la Gestapo antisindical, más dirigentes macristas quedaron en la mira por la persecución sindical.
29/12/2021 - 14:47hs
La persecución sindical en el gobierno de Cambiemos vuelve a escribir un nuevo capítulo luego de la revelación de un video donde varios dirigentes de la gestión de Vidal planeaban los pasos a seguir para armar causas judiciales contra sindicalistas opositores.
En este sentido un nuevo audio revela que Gladys González donde reconoce que el objetivo de Cambiemos es meter preso al ex líder del SOMU, el "Caballo" Suárez.
La dirigente del espacio político de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, fue interventora en el SOMU luego de que el juez Canicoba Corral interviniera en el sindicato y el presidente Macri la designara.
En 2016, Omar Suárez fue detenido por asociación ilícita pero la verdadera finalidad era disciplinar y advertir a los demás sindicatos.
"¿Quién está haciendo todo para que al Caballo (Suárez) lo metan preso con toda la asociación ilícita? ¿yo o el juez y los otros dos (interventores del gremio)?", pregunta de manera retórica González a los sindicalistas.
"Ahora una cosa es la causa, y además vamos a presentar denuncias por otros lados y esta causa se va a cerrar, porque el objetivo que tenemos es que en efecto 'el Caballo' vaya preso", reconoce la ahora senadora nacional, en ese momento diputada.
En otro pasaje del audio, González dice que no piensa retirarse del SOMU porque tiene "una misión" y la va cumplir. Al respecto, rechaza los intentos de desplazarla del cargo por supuesta incompatibilidad.
"Estoy preocupada porque hay una presentación en el juzgado por mi incompatibilidad supuesta y les aclaro: no existe incompatibilidad. Un diputado puede cobrar dos sueldos mientras no los cobre de dos poderes del Estado", afirma.
De esta manera, queda de manifiesto un práctica mafiosa adoptada por el gobierno de Mauricio Macri no solo a nivel regional y provincial sino nacional.
La paja en el ojo ajeno
La exdiputada y actual senadora nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires Gladys González tiene diversas denuncias por malversación de fondos, malversación de caudales públicos, falso testimonio, usurpación de cargos y bienes, y por coimas a cambio de cargos públicos.
González fue denunciada por la revista Veintitrés en 2006, cuando prometía publicidad oficial con dinero del Banco Ciudad a cambio de notas periodísticas que hablaran a favor de Horacio Rodríguez Larreta.
Luego del escándalo revelado por la revista que le había pertenecido en su momento a Jorge Lanata, le vetaron desde la Legislatura porteña la posibilidad de estar al frente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual le dieron como consuelo el cargo de subsecretaria de Atención Ciudadana. Allí tiene diversas denuncias, entre las que se encuentran sobreprecios en las compras de, por ejemplo, cestos de basura a unos 300 dólares.
Durante la campaña de 2015, declaró un domicilio falso en Avellaneda para poder presentarse como candidata a intendente en dicha localidad, además de pedir coimas a cambio de futuros cargos públicos en el municipio.
Finalmente, fue la ocupada de manejar el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) en la primera intervención a un gremio en democracia. Durante su estadía en ese lugar, tiene denuncias por haber realizado negocios con el primo del presidente y extitular de la firma Iecsa, Ángelo Calcaterra, y por haber utilizado dinero de la Fundación Azul (dependiente del sindicato) para hacer campaña por Cambiemos.
El antecedente: la declaración de uno de los exinterventores del SOMU en la Justicia
Jorge Alonso, quien fue uno de los interventores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), declaró semanas atrás en el juicio oral contra el “Caballo” Suárez. Luego de ello, en declaraciones periodísticas Alonso (nombrado por el exministro de Trabajo Jorge Triaca) recordó haber participado en mayo de 2016 en una reunión con el juez Canicoba Corral, Gladys González (representante por el Ejecutivo) y Santiago Viola, la tercera pata del armado de Cambiemos en el sindicato en representación del magistrado.
“González le pregunta al juez cuándo lo iba a meter preso a Suárez. Sonó a una exigencia. Canicoba le dijo entonces que no había elementos en la causa. Ella respondió que por orden del presidente había que meterlo preso. Lo dijo dos veces. El juez dijo que vería qué se podía hacer”, relató el exinterventor, quien fue removido de ese cargo una vez que la actual diputada quedó a solas a cargo del gremio por instrucción del Ejecutivo. Alonso dejó constancia de ese episodio en su declaración testimonial ante el tribunal que juzga a Suárez (TOC 4).
Entre otros episodios que dijo haber percibido como irregulares, Alonso contó que un contrato que firmó durante su paso por el gremio para alquilar un remolcador de la organización por 62.000 dólares mensuales fue eliminado por González y reemplazado por otro de 30.000 dólares por mes.