05/12/2016 - 08:48hs
Al menos fueron seis las irregularidades graves que detectó un relevamiento interno de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en su sede en Bahía Blanca. Todas ocurrieron durante la gestión de Ricardo Echegaray en el Gobierno de Cristina Kirchner. El beneficiario de los errores y demoras: Lázaro Báez, el empresario detenido y señalado como presunto testaferro de la familia de la expresidenta.
El informe fue entregado a las nuevas autoridades de la AFIP a fines de octubre y pone foco en dos firmas locales que son investigadas por haberle facilitado facturas apócrifas a Austral Construcciones, la principal empresa de Báez. Las compañías son: Grupo Penta SA y Calvento SA, que tienen en proceso una causa por facturas truchas.
"No se solicitaron a los clientes de la fiscalizada los contratos que regularan la adjudicación de obra pública y la forma en que se instrumentaron los pagos efectuados".
"No se solicitaron a la proveedora Stekli elementos que acreditaran la efectiva disponibilidad de los bienes cedidos en locación a la fiscalizada".
"No se solicitó la intervención de peritos idóneos en la materia, a efectos de que diligenciaran tareas tendientes a ponderar la efectiva tramitación de la obra [en teoría desarrollada por Penta para Austral Construcciones], el grado de cumplimiento de lo convenido contractualmente, la posibilidad de llevar adelante la misma con la maquinaria relevada y el personal que resultara utilizado por la proveedora, y la valoración económica de la obra en relación con los montos facturados".
La primera es la "excesiva dilación de los tiempos insumidos para analizar si la firma Calvento SA correspondía ser incluida en la Base E Apoc". En resumen, el listado oficial de usinas de facturas apócrifas de la AFIP. La segunda, "demora injustificada en la tramitación de la OI" sobre esa misma sociedad bajo sospecha, es decir, la "orden de intervención" de los nuevos sabuesos que asumieron el caso.