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El déficit de vivienda afecta a más de 10 millones de hogares y se agrava con las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.
22/03/2026 - 00:00hs
La crisis habitacional en Argentina dejó de ser un problema coyuntural para transformarse en un fenómeno estructural que afecta a siete de cada diez hogares. El déficit no se limita a la falta de vivienda, sino que incluye carencias en servicios básicos, irregularidad en la tenencia y condiciones materiales deficientes. En este escenario, el ajuste estatal promovido por el Gobierno nacional agravó la crisis y dejó a millones de familias en situación de vulnerabilidad social.
De acuerdo a informe de Tejido Urbano, 10,7 millones de hogares presentan algún tipo de problema habitacional. De ellos, 7,4 millones carecen de servicios públicos esenciales, enfrentan dificultades en la construcción o viven en condiciones de tenencia irregular. Dentro de ese panorama, más de un millón necesita una vivienda adicional por hacinamiento crítico o por habitar en casas irrecuperables.
Déficits múltiples
El estudio advierte que casi todos los hogares con viviendas defectuosas también sufren falta de servicios básicos y tenencia irregular. Cinco millones carecen de acceso a servicios públicos, 4,7 millones no tienen regularidad dominial y 1,1 millón habita viviendas deficitarias. La situación se agrava en los hogares que requieren una vivienda adicional, donde predominan los sectores sociales de menores ingresos.
Deterioro de políticas públicas
El desmantelamiento de programas oficiales agravó la crisis. La eliminación de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat paralizó más de 100.000 viviendas y dejó sin continuidad obras de servicios básicos. En esa línea, la derogación de la ley de Alquileres desreguló el mercado, generando contratos más cortos, aumentos frecuentes y desalojos.
Por otra parte, la inversión pública en vivienda y urbanismo sufrió un recorte inédito. Entre 2023 y 2025, el gasto cayó entre 85% y 95%, con programas paralizados y fondos fiduciarios disueltos. En 2025, la inversión nacional en infraestructura y vivienda se redujo 27% en términos reales, con una baja de 93,5% en el área de vivienda y urbanismo.
La crisis habitacional se consolida como uno de los principales desafíos sociales del país, y demanda respuestas estatales que garanticen acceso, servicios básicos y condiciones de vida dignas.