01/07/2017 - 01:25hs
En una decisión que genera polémica, la administración nacional creará una unidad para analizar todos los aspectos de la licitación obtenida por el consorcio de empresas integrado por la exfirma de Ángelo Calcaterra
El Gobierno nacional creó un equipo de trabajo que se encargará de relevar el contrato de obra del soterramiento de la línea de ferrocarril ex-Sarmiento para detectar posibles irregularidades, en medio de la investigación judicial por el supuesto pago de coimas de la empresa brasilera Odebrecht.
La decisión, que fue comunicada ayer a través de la publicación en el Boletín Oficial, envuelve una fuerte polémica ya que se trata de la obra en la que intervino Iecsa, la constructora que hasta mediados de marzo perteneció a Ángelo Calcaterra, primo del Presidente Mauricio Macri. La firma brasilera Odebrecht, junto con la excompañía de Calcaterra, la empresa italiana Ghella y las firmas españolas Comsa-Emte, conformaron una unión transitoria de empresa (UTE) que obtuvo la licitación de las obras del soterramiento y recibieron por parte del gobierno macrista un multimillonaria suma de dinero
La unidad que se encargará de la auditoría tendrá entre su objetivos “verificar la correcta aplicación de la normativa vigente al momento del procedimiento de selección, celebración del contrato y sus respectivas modificaciones y, en su caso, determinar los posibles desvíos que se detecten” y “la existencia de distorsiones en el precio de la obra y, en su caso, valoración de los posibles perjuicios fiscales”.
En este sentido, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló, en una entrevista televisiva brindada el pasado 25 de mayo, que el Gobierno nacional no debía encargarse del financiamiento de las obras. Según relató la actual candidata a senadora, “cuando se licitó, Odebrecht debía traer el financiamiento. La plata no la tenía que poner el Estado, sino la empresa. Luego vino la crisis y no les dieron el crédito. Después querían que le reconocieran un 30% más del precio de la licitación”.
Los trabajos de soterramiento fueron motivo de una serie de idas y venidas por el financiamiento de la obra, y finalmente la misma se puso en marcha en octubre del año pasado. Por decreto, el Gobierno asignó 45.000 millones de pesos.
Esa importante suma de dinero aportada por el erario público fue a parar a manos de las empresas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa-Emte.
Manejos oscuros
Las sedes de las compañías en cuestión fueron allanadas el pasado 5 de junio por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, en el marco de las investigaciones por supuestas coimas aportadas por la firma brasilera para la obtención de la licitación.
En tanto, en un dictamen emitido a principios de mes, el fiscal Franco Picardi advirtió que entre 2005 y 2014 hubo un “habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales” para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.
Respecto al trabajo que ahora anunció el Gobierno, se informó que podrá requerir la “colaboración de todas las entidades del sector público, a fin de obtener los datos, documentos e informes relacionados con la obra”.