16/06/2016 - 06:08hs
El juez Martínez Di Giorgi llamó a declarar, además, a Julio De Vido, José López y otros 43 imputados, entre funcionarios y exfuncionarios acusados de desviar más de 200 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales
"El sueño de unos pocos con el dinero de todos y todas”. Así debió sincerarse el Programa de Viviendas Sueños Compartidos, que investiga la Justicia y por el que ayer fueron citados a declarar como sospechosos el exministro Planificación Federal Julio De Vido, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; los hermanos Schoklender, el exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el titular del PRO, Humberto Schiavoni, gobernadores, exgobernadores y el exsecretario de Obras Públicas, José López, por cuya detención se reactivó la causa.
En total son 43 indagatorias que comenzarán el 4 de julio dispuestas por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que investiga el plan federal de construcción de viviendas implementado por el gobierno de Cristina Kirchner y que permitió que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibiera, en forma directa, millones de pesos para la construcción de casas a costos “entre cuatro y cinco veces superior a los de plaza” y subcontratando a firmas vinculadas a miembros y empleados de esa entidad para “dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas”.
Entre las irregularidades, el magistrado habría podido comprobar un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos que debían destinarse a la construcción de casas; además de que se habrían salteado los controles estatales y no se habrían realizado las licitaciones para adjudicar las obras.
De Giorgi busca establecer si “Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, utilizaron a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales habrían sustraído luego de su destino específico, con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado”.
Más allá del beneficio espurio del que en los últimos 12 años gozaron empresarios y funcionarios K, lo novedoso de la resolución es que involucra como sospechosa a Bonafini, que hasta ahora solo había declarado como testigo. Su firma aparece en un convenio marco celebrado con De Vido, quien junto a López será indagado por el delito de administración fraudulenta.
La ronda de declaraciones comenzará el 4 de julio con Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas. También están citados el exministro de Trabajo Carlos Tomada; el exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el intendente de Ezeiza Alejandro Granados; el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich (por su rol de exgobernador); y el exgobernador de Misiones Maurice Closs, entre otros.
La causa
La causa Sueños Compartidos se inició en 2011 y recayó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide. En 2013, tras una serie de fallos críticos, la Cámara Federal apartó a Oyarbide de la investigación, desprocesó a los Schoklender y la causa quedó en manos de Martínez De Giorgi. Hebe deberá declarar el 7 de juli, y Los Schoklender, el 11 y el 12.