07/08/2018 - 06:55hs
Después de que se ahogó el niño, María tapó el pozo, reza el popular refrán. Y la Gobernadora parece hacerle triste honor, corriendo tras la urgencia de dos muertes irreparables. Tarde, muy tarde.
Ayer, cuatro días despúes de la explosión que mató a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez, de la escuela nº49 de Moreno, desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense anunciaron que gasistas e inspectores harán un “operativo exhaustivo” en las escuelas de ese distrito.
Solo la tragedia impulsó las tardías inspecciones. Pues, desde el colegio ya habían denunciado en ocho oportunidades las pérdidas de gas, roturas y faltas de mantenimiento. No solo eso, en mayo, tal como informó este diario, los maestros bonaerenses acercaron hasta el despacho que la Gobernadora tiene en calle 6 una carpeta con todas las denuncias e irregularidades de mantenimiento, escuela por escuela. En esa carpeta, que se le entregó en mano al ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, figuraba el colegio de Moreno.
En tanto ayer, los docentes elevaron una nota al ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, para exigirle que de una vez por todas se garantice la seguridad en las escuelas, al tiempo que advirtieron que “no alcanza” con que la Provincia envíe 40 gasistas a revisar los establecimientos de Moreno. “Necesitamos inspectores que verifiquen las condiciones globales de higiene y seguridad del trabajo en todas las escuelas, cualquier situación que tenga que ver con poner en peligro vida de las personas”, expresaron, e insistieron con “la situación de abandono” que atraviesan las escuelas.
Miles de alumnos sin clases
La conmoción y el temor tras la explosión que mató a Calamano y Rodríguez excedieron a la escuela nº49, y a Moreno, para extenderse hacia toda la Provincia. Por eso ayer, directores de más de cien escuelas decidieron suspender las clases hasta tanto no se garantice la seguridad de los establecimientos.
La situación afectó a gran parte del Conurbano: empezando por Moreno, donde si bien no hubo dictado de clases, los maestros se las ingeniaron para alimentar a los alumnos que, como tantos de la Provincia, reciben su único plato de comida en una escuela. Concientes de ello, dieron de comer a los estudiantes en un templo ubicado frente al establecimiento de la tragedia.
También se suspendieron las clases en colegios del interior provincial y La Plata. En la ciudad, al menos tres escuelas suspendieron sus clases por pérdidas de gas: la Secundaria Nº 92 y la Primaria Nº 31 de Tolosa, y la Secundaria Nº 59, de Villa Elvira. En otro orden, el jardín de infantes nº 989, de Los Hornos, acusó múltiples falencias que dejaron a los alumnos sin clases.
Mientras que en Pilar, una escuela fue evacuada de urgencia por posible riesgo de explosión, ante una fuga de gas registrada en la sala de auditorios. También en Merlo, distintos escapes de gas motivaron la suspensión de las clases.
Apenas el 1% a infraestructura
A la decena de reclamos desoídos por la Gobernadora, habría que sumar la escasa inversión en infraestructura para intentar explicar las muertes evitables de Moreno. Algunos números ayudan: la Provincia asignó a educación inicial, primaria y secundaria públicas un presupuesto de $143.000 millones para 2018. Pero de él, solo el 1% es para infraestructura escolar, según consta en el documento oficial. Casi todo el resto se destina al pago de salarios, con un agravante: ni siquiera alcanza para que los docentes, que al igual que los alumnos conviven en situaciones de extrema precariedad escolar, perciban sueldos que superen la línea de la pobreza.
Los resultados, a la vista: escuelas que son verdaderas bombas de tiempo, en las que se enseña indignamente. Ergo, se aprende indignamente.