07/07/2016 - 06:11hs
Así lo aseguró a Hoy el fiscal Antonio Castaño, quien busca determinar cómo el extitular de la AFIP permitió que el empresario evadiera millones de pesos a través de una usina de facturas truchas ubicada en Bahía Blanca. Además, apunta a los vínculos con la ruta del dinero K
"Tengo pruebas para sostener que Ricardo Echegaray encubrió a empresas de Lázaro Báez”, aseguró en diálogo con Hoy el fiscal federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño, quien impulsa una investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento contra el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el marco de la causa por las facturas truchas emitidas a través de una usina bahiense hacia Austral Construcciones, del supuesto testaferro de los K.
Tal como hemos informado desde estas páginas, el empresario patagónico recibió boletas apócrifas por decenas de millones de pesos de al menos tres grupos empresarios de esa localidad, entre los que se encuentran sociedades del bahiense Juan Ignacio Suris, (amigo de Leonardo Fariña y ex de la vedette Mónica Farro) que espera detenido en prisión un juicio oral por narcotráfico .
Para Castaño, Echegaray “no podía desconocer” la millonaria evasión impositiva de uno de los hombres más beneficiados con la obra pública K. Por lo mismo, resulta casi una confesión de parte que en agosto de 2012 el exrecaudador haya decidido disolver la regional Bahía Blanca de la DGI para frenar la investigación; que haya desplazado a 49 funcionarios, que haya remitido los expedientes a Mar del Plata y que allí, “autoridades puestas por él”, hayan ordenado archivar cualquier pesquisa contra Báez.
“Una cuestión sindical”, se defiende el desplazado (por esta y otras causas judiciales) presidente de la Auditoría General de la Nación. Pero “no hay dudas” de que el exrecaudador “estaba al tanto de lo que fue el desastre de la DGI bahiense. Todos los testimonios descartan que esto haya estado ligado a una cuestión
gremial; demuestran que Echegaray bajó línea directa para intervenir la Regional y, de ese modo, encubrir el lavado de dinero de Báez”, aseguró el fiscal.
—¿Tiene pruebas como para impulsar el llamado a indagatoria?
—Sí. Hay elementos, informes internos de la DGI que salen a la luz ahora. Hay gente, exempleados que en su momento fueron separados, amenazados o deportados y ahora se animan a hablar. Estoy recabando todo como para poder determinar que esto era así y pedir la indagatoria.
Una causa “venenosa”
Como en Hotesur, cuando el juez Claudio Bonadio avanzó sobre los vínculos entre los Kirchner y Báez hasta que fue apartado; en el caso de las usinas truchas, el juez Santiago
Ulpiano Martínez también terminó recusado por investigar al empresario K.
Castaño reconoció los vicios y admitió que está ante una causa “venenosa”, aunque anhela llegar a buen puerto: “La gente se pregunta por qué recién ahora avanza la Justicia y la respuesta es que antes, organismos como la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF) , que dirigía el multidenunciado José Sbatella, ocultaban información, ordenaban planchar las investigaciones sobre determinadas personas y avanzar sobre otras. Era imposible reunir las pruebas que tenemos ahora”.
Ruta del dinero K: el delito precedente
El 17 de mayo pasado, Echegaray debió acudir a una de sus tantas citas en Comodoro Py. Ese día declaró como imputado por la millonaria evasión impositiva de Báez a través de las facturas apócrifas, que el juez Sebastián Casanello considera parte del delito precedente de las maniobras que investiga la denominada “ruta del dinero K”.
“Los vínculos son manifiestos”, aseguró Castaño, y agregó: “Por un lado, están los sobornos que Casanello investiga en la obra pública, que beneficiaban a empresas de Báez que, a su vez, resultaba favorecido con la vista gorda de Echegaray. Todo parece ser parte de la misma ruta”.
Es en el marco de ese caso que el propio Casanello le remitió a Castaño la declaración de una contadora de la Regional Bahía Blanca de AFIP, quien confirmó que hubo persecución contra quienes osaron investigar a Austral.
La doble vara del exrecaudador
Mientras desde la AFIP se perseguía y denostaba a sectores de la oposición o medios críticos como el diario Hoy, por otro lado se beneficiaban amigos del poder K como el mencionado Báez o el zar del juego, Cristóbal López, quien, entre 2011 y 2015, eludió el pago de impuestos por más de $ 8.000 millones.
La maniobra fue con el beneplácito de Ricardo Echegaray y su mano derecha, Guillermo Michel, ambos imputados por el juez federal Julián Ercolini, quien entiende que ambos exfuncionarios omitieron controlar a la empresa Oil Combustibles SA, posibilitándole evadir el pago del Impuesto a Transferencia de los Combustibles (ITC), al tiempo que ampliaba su patrimonio en perjuicio del Estado nacional.
El prontuario que lo expulsó de la AGN
A principios del mes pasado, la jueza en lo Contencioso Administrativo, Claudia Rodríguez Vidal, hizo lugar a un amparo presentado por la diputada de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, y suspendió a Ricardo Echegaray de la presidencia de la Auditoría General de la Nación. Motivos sobraban: la multiplicidad de denuncias y procesamientos que pesan en su contra.
Entre otros casos, el fiscal federal Gerardo Pollicita lo imputó por supuesto abuso de autoridad contra el diario Hoy, acusándolo de groseras irregularidades y arbitrariedades en los procedimientos impositivos que tuvieron por objetivo silenciar y frenar nuestras notas e investigaciones.
Por ejemplo, desde estas páginas revelamos cómo buena parte de su entorno estaba vinculado con casos de narcotráfico y lavado de dinero. En el mismo sentido, días atrás el presunto autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, involucró a Echegaray con el tráfico de la efedrina.
En tanto, el fiscal federal Jorge di Lello pidió su indagatoria en la causa por la compra de la imprenta Ciccone, por la que está procesado el exvicepresidente Amado Boudou.
También, el juez Claudio Bonadio lo procesó por los presuntos delitos de violación de secretos y falso testimonio contra el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.