Tienen que devolver toda la que se llevaron

Realmente, resulta lamentable que se le pretenda hacer pagar la quiebra que afronta la Provincia -producto de más de una década de negociados realizados por kirchneristas y sciolistas- a los trabajadores, especialmente a aquellos empleados públicos más rezagados en la escala salarial.

Hablamos, obviamente, de los trabajadores genuinos, que nada tienen que ver con los ñoquis que fueron nombrados a mansalva a partir de espurios acuerdos políticos, sellados entre gallos y medianoche por distintos personajes que cumplieron funciones públicas y algunos sindicalistas cómplices. Estos dirigentes sindicales, no por casualidad, son los mismos que ahora aparecen negociando por debajo de la mesa con las autoridades bonaerenses, rifando el poder adquisitivo de sus representados a cambio de que se les mantengan sus cajas y privilegios.

Realmente cuesta digerir que, desde el gobierno bonaerense, se diga abiertamente que la provincia se encuentra quebrada y, hasta el momento, cuando pasaron 85 días del cambio de autoridades, aún no se haya presentado ni una sola denuncia penal contra Scioli como así tampoco contra ninguno de sus funcionarios. Peor aún, hay varios personajes que se reciclaron y ahora ocupan cargos de primera y segunda línea, con acceso a presupuestos millonarios.

Asimismo, existen negociados en la Provincia que se mantienen inalterables. Tal es el caso de las tragamonedas, una aspiradora de recursos de economías locales y de asalariados que terminan en manos de un puñado de empresas y empresarios amigos del poder, sospechados a su vez de ser financistas de proyectos y campañas políticas.

Solo las maquinitas que funcionan en las 46 salas de bingos de la Provincia recaudan, por año, la friolera cifra  de 15 mil millones de pesos. En ese sentido, si se cumpliera lo que manda la Constitución bonaerense, respecto al que juego no puede ni debe estar en manos de privados, el Estado podría contar con los fondos suficientes para satisfacer gran parte de las demandas salariales en la Provincia.   Es decir,  con decisión política, cumpliendo con el mandato de cambio que el soberano expresó masivamente a través de las urnas, la Provincia podría salir a flote.

En definitiva, la cuestión no pasa solamente con llevar a los corruptos al banquillo de los acusados. El principal de-safío es hacer que todos aquellos funcionarios o sectores privilegiados, que saquearon el país, sean obligados a devolver toda lo que se llevaron.