“Todo lo que hace el Poder Judicial está teñido de sospecha, arbitrariedad, incluso de extorsión”

El exvicepresidente Amado Boudou consideró que el fallo de la Corte Suprema, que dejó firme su condena a cinco años de prisión en la causa por la apropiación de la calcográfica Ciccone, es “otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina”.

En la misma línea que las declaraciones que hizo a este multimedio el senador provincial Francisco Durañona, Boudou consideró que el máximo tribunal optó por desoír las argumentaciones de los juristas y académicos Eugenio Zaffaroni y el fallecido Julio Maier, que respaldaron su pedido para que fuera revisada su condena.

“No hay una justificación o un porqué; lo que la Corte dice es no queremos opinar; quizá sea porque en la Corte no hay ningún penalista, no sé”, respondió y argumentó que con esta decisión, la Corte eligió no tener en cuenta “dos opiniones muy importantes en términos técnicos”, como la de Zaffaroni, “explicando por qué no había delito”, y la de “Julio Maier, sobre las declaraciones bajo el sistema del arrepentido”.

“Sabemos que el poder más desprestigiado de todos es el Poder Judicial por cómo vienen actuando gran parte de jueces y fiscales hace décadas, no ahora; todo lo que hace el Poder Judicial está teñido de sospecha, arbitrariedad, incluso de extorsión”, remarcó Boudou, quien mencionó la Causa de los Cuadernos, en la que “los testigos o imputados, si declaraban en contra de Cristina Fernández de Kirchner, se iban a su casa”.
Boudou apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Justicia, Germán Garavano, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al indicar: “Tenían armado un sistema criminal. A uno de los imputados le pagaron con un hotel para que cambiara dos declaraciones anteriores; eso es el Poder Judicial también”.

Y se defendió al remarcar que el caso de Ciccone “fue la compra de un grupo empresario a otro”, en la que él no tuvo “nada que ver”, tal y como consta en el expediente.
Además, remarcó que la imprenta “finalmente terminó en manos del Estado”, una condición que Boudou aseguró haber defendido siempre.

“Hubo una parodia de juicio oral y parodia de sentencia para convalidar una sentencia mediática que ya estaba en el 2012, que tiene que ver con tratar de sacarme a mí de la cancha”, declaró y disparó con munición gruesa sobre quienes lo condenaron al indicar que “cuando hay una sentencia de 900 páginas es porque muy bien no se puede explicar”.

Apuntó también contra el juez Pablo Bertuzzi, trasladado por el gobierno de Macri a la Cámara Federal, desde donde el Tribunal Oral Federal N°4 condenó y detuvo a Boudou.

El exvicepresidente insistió con que Bertuzzi fue “premiado” con ese cargo por haber ordenado su detención y haber sentenciado en su contra.

“Con lawfare no hay democracia”

Una solicitada de juristas, dirigentes políticos y sindicales y representantes de organizaciones de derechos humanos en respaldo a Amado Boudou, publicada ayer, indica que “la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre” el exvicepresidente, “atenta contra un Estado de derecho”.

La carta de apoyo a Boudou, titulada “Con lawfare no hay democracia”, lleva la firma de importantes dirigentes de todo el país: figuran el exministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni; representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano; sindicalistas como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso, y una larga lista de senadores, diputados, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos.

También adhieren organizaciones como La Cámpora y Los Curas en la Opción por los Pobres, y la Asociación del Personal Legislativo (APL).

En el texto, los firmantes señalan: “Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales” e indican que este fallo de la Corte, “sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento de lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y los más vulnerabilizados”.

El tercer párrafo del texto remarca que “la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a los jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de derecho, que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas”.

Entre los firmantes de la declaración de apoyo al exvicepresidente se encuentra el intendente de Ensenada, Mario Secco, además de una extensa lista de funcionarios nacionales y provinciales.