26/02/2016 - 06:09hs
La maniobra involucra a unas 700 familias que habrían sido damnificadas en $455 millones. Disparan contra la Procuradora de la Provincia y el suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, por “encubrimiento”
Hace siete años que Miguel Ángel Saner se jubiló como marino mercante. Y hace 16 que naufraga entre pasillos judiciales, expedientes, denuncias y dilaciones fiscales. Junto a unas 700 familias, litiga desde el año 1999 por una “estafa inmobiliaria” perpetrada en 1987 en Villa de Mayo (Malvinas Argentinas) contra los integrantes de la sociedad civil “Viviendas Trabajadores de la Sanidad y Marina Mercante”. Una década y media después de iniciada la disputa judicial contra las administraciones de esa entidad, Saner carga contra el “decidido encubrimiento” del fiscal del caso, Julio Alberto Novo, y de la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, que durante años ha protegido al mencionado funcionario público.
El 29 de octubre de 1987, le contó Saner a Hoy, una comisión de la Asociacion de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) le ofreció un plan de viviendas. “Y lo acepté, lo vi como una manera de ahorrar en un país tan cíclico como el nuestro. Pero pasaron los años, lo que iban a ser 120 cuotas se transformaron en 137 y nunca vi nada: ni el departamento, ni los $650 mil”, denunció. Así, en total, el perjuicio generado a las familias involucradas asecendería a $455 millones.
Saner, al igual que los demás “beneficiarios” del plan, pagó hasta 1999, cuando advirtió que el municipio de Malvinas Argentinas, que hasta el 10 de diciembre de 2015 gobernó Jesús Cariglino, decretó la “paralización de las obras” por “falta de planos” y “la existencia de graves peligros para la salubridad y seguridad pública”. Mayor fue la indignación de los damnificados cuando en 2003, el exintendente dispuso “construir casas en el mismo terreno donde había detenido la construcción de nuestras viviendas. Es decir, se quedó con la mitad de nuestro predio con el argumento de que adeudábamos impuestos en un lugar que nunca habitamos”, afirmó el exmarino mercante.
El conflicto fue motivo de numerosas demandas en la Fiscalía General de San Isidro, cuyo titular era el cuestionado fiscal Novo, suspendido el año pasado en el marco de una acusación por encubrir una red colombiana de narcotráfico que operaba en la Argentina. Entonces, también quedó en la mira la Procuradora Falbo, por haber “cajoneado” las denuncias contra el magistrado.
Para Saner, ambos le hicieron “mucho daño. Fueron cómplices de una estafa al no activar los mecanismos legales para garantizar nuestros derechos quebrantados. Me duele la forma vergonzosa en que se han movido jueces, fiscales y camaristas”, sentenció y recordó su apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 13 de agosto de 2015, contra Novo, por haber “cajoneado y rechazado” el caso, al no procesar a los acusados y no interrumpir “este escándalo que perjudicó a tantas familias. Acá hubo una amnistía encubierta”.
A su vez, el denunciante disparó contra Falbo por no activar “un expediente que está planchada desde hace años”, y adelantó que iniciará acciones legales “contra la Jurisdicción de San Isidro, la Procuración y la Corte, porque detener el juicio”.
Casi 30 años después de iniciada la “estafa”, Saner continúa reclamando por el departamento que pagó y nunca habitó o que le restituyan el dinero retenido, “para que de una vez por todas finalice el encubrimiento de los corruptos en nuestro país”.
En estas tres décadas, dijo, sufrió más que en Alta Mar: “Le juro que es muy doloroso, porque dediqué noches de mi vida al vértigo de navegar para que estos tipos, amparados por jueces y fiscales, me quiten la casa”.
Ya retirado, Saner espera una justicia que no llega en su domicilio de Quilmes Oeste, donde, gracias a un lote que le regaló su madre, pudo construir su vivienda.