“María del Carmen Falbo debería ir presa”
16/12/2016 - 03:00hs
La exprocuradora le dejó un campo minado a su sucesor. Mediante una resolución, le dio más poder a una familiar, que tiene un cargo de primera línea en la Procuración y se encuentra salpicada por un escándalo registrado en la Curaduría. Nombramientos de parientes y amigos, a mansalva
En un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ayer hizo oficial la aceptación de la renuncia de la polémica procuradora general bonaerense, María del Carmen “La Pochi” Falbo, en la mira de la Justicia por presunto encubrimiento en causas relacionadas con el narcotráfico. También se encuentra seriamente cuestionada porque habría puesto infinidad de trabas en la investigación de numerosas causas que involucran al poder político.
La exprocuradora accedió al beneficio de la jubilación con el claro objetivo de evitar el costo que hubiese significado el inicio de un jury. Ahora bien, antes de irse por la puerta de atrás, decidió dejarle el campo minado a su sucesor. Cabe destacar que el gobierno bonaerense propone para ese cargo al actual titular de la Secretaría Legal y Técnica, Julio Conte Grand.
La herencia que deja “La Pochi” es bien pesada. Concretamente, antes de irse, firmó la resolución -801/15-, que le otorga más facultades a su sobrina, Susana Deferrari, quien se desempeña como titular de la Secretaría de Estrategia de la Procuración. Se trata de un cargo vitalicio, al cual Deferrari habría accedido luego de ingresar “por la ventana” a la Procuración: fue designada como relatora de su propia tía, sin atravesar ningún concurso, lo que en su momento fue un verdadero escándalo, ya que la Suprema Corte tuvo que modificar la reglamentación vigente.
Entre varias funciones que le encomendó su tía, Deferrari era la encargada de controlar a la Curaduría oficial. En ese contexto, hace unos meses, la nueva curadora, Natalia Fernanda Vecchioli, advirtió un faltante de dinero de $110.445 en la cuenta oficial del organismo, lo cual sospechosamente nunca fue advertido (o no quiso ser advertido) por Deferrari.
La movida fue interpretada como una forma de encubrir a quien aparentemente habría sido responsable del faltante: el contador Jorge Díaz y los abogados Liliana Obluziner, Eduardo Roveda y Carlos Alberto Torre. Todos ellos fueron designados por Falbo como parte de la intervención de la Curaduría a partir del año 2005.
Distintas fuentes consultadas por Hoy afirmaron que, para tapar el escándalo, todos los involucrados, que siguen en funciones, habrían tenido que “hacer una vaquita y poner la plata faltante de sus propios bolsillos, haciendo un depósito bancario”.
Eso no fue todo: Falbo también habría nombrado en la Procuración a sus tres sobrinos nietos, Sebastián, Julieta y Ramiro Martiarena (hijos de Deferrari), y habría ascendido a su chofer personal, Miguel Restuchi, al máximo nivel administrativo.
En tanto, otro de los funcionarios que forma parte de la herencia de Falbo es el actual secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Homero Alonso, quien fue socio en el estudio jurídico del suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo. Como viene informando Hoy, Novo fue apartado preventivamente de su cargo a partir de una inédita resolución de la Suprema Corte Bonaerense, mientras se le sigue un juicio político por presunto encubrimiento en el caso del doble crimen de Unicenter, situación en la que también se vieron involucrados Falbo y Alonso.
Ante estos pesados antecedentes, Alonso tendría pensado seguir el mismo camino que su jefa. Es decir, jubilarse en enero próximo (tiene 65 años) y evitar así ser destituido.