La Cámara de Casación decidió
ayer no aceptar los planteos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
En la jornada pasada, la Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra uno de los jueces y el fiscal que deben revisar su condena a seis años de prisión en la Causa Vialidad.
Según informaron fuentes judiciales, el máximo tribunal penal, con una formación integrada por el juez Diego Barroetaveña, rechazó una recusación planteada por la expresidente justamente contra el juez Barroetaveña.
Cristina Kirchner también recusó al fiscal general Mario Villar, quien pidió que se duplique la condena en su contra, de seis a 12 años de cárcel.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y el propio Barroetaveña rechazaron la recusación planteada por el abogado defensor de la expresidenta, Alberto Beraldi, contra Barroetaveña y el fiscal Villar.
El fallo explica que el fiscal Villar también dictaminó en contra de la recusación contra sí mismo. “De conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y oída que fue la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en autos, el recurso intentado debe ser declarado inadmisible”, sostiene el fallo.
Cristina Kirchner aspiraba a que la recusación fuera revisada por la Corte Suprema, como última instancia judicial ante su planteo.
La inadmisiblidad del recurso le cierra la vía directa, pero le queda aún la posibilidad de apelar a un recurso de “queja”, de muy improbable éxito para los intereses de la exvicepresidenta.
Vale recordar que, tal como informó diario Hoy, en los primeros días de marzo la exmandataria nacional solicitó su absolución en dicha causa por la que fue condenada en el año 2022.
La defensa de Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, planteó ante el tribunal que la condena fue “un acto de una arbitrariedad monumental”, mientras que denunció que “hay dos derechos. Uno, el que se le aplica al resto de los argentinos; otro, el que se le aplica a mi defendida, siempre, para investigarla, procesarla y condenarla”.
En su exposición, Beraldi acusó al tribunal de incurrir “en gravísimas irregularidades desde el punto de vista del derecho procesal como del derecho sustantivo”, que se “violaron de una manera grosera garantías constitucionales”.