Vidal concretó la anulación al protocolo para abortos no punibles

La decisión fue oficializada en el Boletín Oficial de ayer, donde también salió publicada la resolución del 12 de octubre firmada por la ministra de Salud, Zulma Ortiz, que resolvía plegarse a la medida adoptada a nivel nacional el año pasado

Argumentando que a la resolución del 12 de octubre de adhesión de la Provincia de Buenos Aires al protocolo para la atención de abortos no punibles “no le fue dada debida intervención previa a las distintas áreas de la administración con competencia en la materia”, la titular de la cartera de Salud, Zulma Ortiz, firmó, con fecha del 25 del mismo mes, una nueva disposición que deja sin efecto la medida que ella misma había dispuesto hace trece días. Ambas resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de ayer. 

El Ministerio de Salud bonaerense había anunciado el 18 de octubre la adhesión a la guía para la atención de los abortos no punibles, dispuesta por la cartera sanitaria nacional en 2015 mediante la creación del “protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”; un documento cuya elaboración había solicitado la Corte Suprema de Justicia a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires en 2012.

La suma a esta guía, que ahora quedó suspendida, iba a aplicarse en todos los hospitales y centros de salud de la Provincia y preveía que todo el personal de los centros de salud facilitara las condiciones enmarcadas en la legislación vigente “en caso de interrupción ilegal de embarazo, cuando se ponga el riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación”.

Según la resolución ahora cancelada, las prácticas de los profesionales “deben estar destinadas a que, en base a la información veraz, adecuada y completa que se le brinde, la mujer pueda tomar la mejor decisión posible para ella”.

También contemplaba que la interrupción “debe ser realizada sin necesidad de una autorización judicial”, lo que implica, según el texto anulado, “que con la intervención de un médico es suficiente para decidir si el caso se encuadra en las causales permitidas”.

En su nueva resolución, Ortiz puntualizó que “la implementación de un protocolo para la atención integral de los casos habilitados legalmente para la interrupción del embarazo, a los fines de su adecuada motivación, exige la intervención y opinión fundada de distintas áreas de la administración provincial que tienen competencia en las materias comprometidas”.

Fuego interno

No se sabe a ciencia cierta si la ministra de Salud tomó la decisión sin consultar a Vidal o si la gobernadora recibió fuertes presiones de su gabinete, pero lo cierto es que la medida provocó una fuerte interna en el gabinete provincial. 

Cuando el Ejecutivo anunció que la norma no iba a ponerse en marcha, justificó la resolución en que la Provincia “ya tiene su protocolo”. Para ese entonces, desde la agencia Católica Argentina habían difundido un co­municado de la Asociación Familia por la Paz.

Hay quienes marcan como clave en la revocación de la medida al secretario de Legal y Técnica, Julio Comte Grand, reconocida personalidad del Opus Dei, y hombre de peso en el gabinete bonaerense. 

Tampoco hay que olvidar que la mayoría de los intendentes peronistas firmaron en enero pasado el pacto Pro Vida de San Antonio de Padua.

Por lo bajo, desde el interior del gabinete de Vidal señalan a los propios médicos y directores de hospitales, temerosos por la responsabilidad penal que podría caberles en este tipo de acciones.

Lo cierto es que en el artículo 2 de la medida que deja sin efecto la adhesión al protocolo, la responsable de la cartera sanitaria bonaerense ordena girar la resolución cancelada a los ministerios de Desarrollo Social, Justicia y Trabajo, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Asesoría General de Gobierno, “a fin de que emitan opinión fundada” sobre el protocolo.

Ortiz, una ministra con los días contados

La evidente desautorización que recibió por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal a raíz de la adhesión de la Provincia al protocolo para la atención de abortos no punibles parece ser la estocada final en la gestión de la ministra de Salud Zulma Ortiz.

Y es que, lejos de ser un hecho aislado, tal como viene señalando este medio, la titular de la cartera sanitaria bonaerense viene protagonizando escándalos desde hace meses.

Hace unos días, el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias la multó y embargó con $325.000 por no acatar una medida cautelar que ordenó al Estado cubrir prestaciones médicas, tratamiento, intervenciones y medicamentos a un paciente “de alto riesgo y en delicado estado de salud”. 

Esto se suma a un sistema sanitario en coma: hace tres días y luego de meses de conflicto con paros en los hospitales bonaerenses en reclamo de mejoras salariales, contra la falta de medicamentos e insumos básicos, como así también por la crisis edilicia que afecta a los nosocomios, los médicos y profesionales de la salud pública afiliados al Cicop aceptaron “en disconformidad” el aumento del 33,9 por ciento propuesto por el gobierno provincial, aunque advirtieron que se mantendrán en estado de alerta y movilización por el presupuesto 2017.

Tal como viene informando este medio, las razones del deterioro sanitario en la Provincia hay que buscarlas en la no ejecución de muchas de las partidas contempladas en el Presupuesto 2016. Por ejemplo, en el rubro “bienes de consumo” (que incluye insumos y provisiones para hospitales), se presupuestaron para todo el año $3.438 millones y, según la Contaduría de la Provincia, en el primer semestre solo se gastaron $839 millones. 

La subejecución presupuestaria también se hace evidente en programas de VIH-Sida y Hepatitis Virales, que en el primer semestre no insumieron un solo peso de los 20 millones asignados. Algo similar ocurre con Salud Bucal, que solo utilizó $92.000 de los $6,1 millones, o con Prevención de las Adicciones y Violencia de Género, que gastaron apenas $49.000 de los $2,3 millones presupuestados.