13/11/2012 - 23:22hs
Cinco hombres, todos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos hoy por la Policía Federal en allanamientos a siete talleres clandestinos ordenados por el juez federal Norberto Oyarbide, en una causa por trata de personas.
Fuentes judiciales informaron a DyN que en los talleres, todos en Capital Federal, se encontraron entre 25 y 30 personas esclavizadas laboralmente, entre ellas dos menores de 18 años -una de las cuáles es una niña de 15-, que declararán mañana en tribunales.
Los siete lugares, todos talleres de confección de ropa, fueron clausurados por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la AFIP constató que ninguno estaba inscripto, ya que todo el personal se encontraba en negro.
La causa se inició por una denuncia de la AFIP luego de inspeccionar un local y el juez Oyarbide ordenó escuchas telefónicas que llevaron a detectar a una red que operaba en siete talleres que hoy ordenó allanar.
En los lugares fueron detenidos cinco hombre, todos mayores de edad, que serán indagados el próximo jueves, informaron las fuentes.
En tanto, en los talleres se encontraron entre 25 y 30 personas que estaban bajo un régimen laboral de trata de personas, pero ninguno de ellos acusó a los responsables del lugar de la situación que estaban viviendo.
Los voceros explicaron que esa es una conducta típica de las personas que sufren esa situación, ya que se encuentran bajo la vulnerabilidad de no tener adónde ir, y se sienten amenazados ya que los dueños de los locales conocen a sus familiares en los países de donde provienen.
Entre las personas rescatadas se encuentran dos menores de edad, que sí relataron la situación de esclavitud en la que se encontraban y declararán mañana como testigos ante la Justicia.
La menor de 15 años es familiar de uno de los detenidos y ambos chicos quedaron bajo un plan de resguardo del Ministerio de Justicia de la Nación.
Los allanamientos y las detenciones fueron realizadas por la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc).
En los procedimientos también actuaron el Gobierno porteño, la AFIP, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Migraciones, que comprobó la situación irregular de residencia en el país de las personas.