La jueza Garmendia ordenó e beneficio para el acusado de doble tentativa de homicidio, pero el abogado de uno de los chicos atropellados apelará. Buzali está detenido desde el 8 de enero.
09/04/2021 - 08:04hs
Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada bonaerense Carolina Piparo, está a un paso de que le concedan el arresto domiciliario ya que la jueza Marcela Garmendia ordenó el arresto domiciliario con pulsera electrónica en el marco de la causa en la que está detenido por “doble homicidio en grado de tentativa”. Sin embargo, la medida aún no se hará efectiva; ya que el abogado de uno de los chicos atropellados, Martín de Vargas, apelará la resolución.
La orden de la magistrada se dio luego de que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo dictaminara a favor de conceder el beneficio al imputado. Si bien en un primer momento la funcionaria judicial condicionó su decisión a que el imputado se realice una nueva pericia psicológica, luego de la respuesta de las Licenciadas Maimone y Hiriart, de la Asesoría platense, cambió su opinión.
Para las expertas, el examen que ya le habían realizado al acusado es válido para cualquier otro recurso, además de que otra pericia más implicaría una revictimización para Buzali. Ante esta situación, la fiscal dictaminó que no encuentra obstáculos a que le fuera concedido el beneficio al marido de la legisladora.
La palabra de Peña
En tanto, Garmendia consideró que el esposo de la diputada no tiene antecedentes penales y que “en la presente investigación se ha producido la mayoría de la prueba de cargo”, por lo cual ya no existen “los importantes peligros procesales” que ella consideró al dictar la prisión preventiva al acusado, la cual había sido confirmada por la Cámara de Apelaciones.
“Tal como surge del pormenorizado informe socioambiental producido por las Peritos Trabajadoras Sociales de la Asesoría Pericial Departamental, Buzali cuenta con domicilio donde poder cumplir la medida, un núcleo familiar conviviente conformado por su esposa e hijos menores de edad, y la posibilidad de retomar su vínculo laboral –de manera remota- con la empresa YPF”, especificó la jueza. Y agregó: “Entiendo acreditado el actual afincamiento (del acusado) y su familia en esta ciudad, y su residencia en el domicilio propuesto”.
Por su parte, Peña le dijo a diario Hoy: “Estamos convencidos de que, una vez que quede firme la resolución y se otorgue al domiciliaria, vamos a insistir en recalificar la conducta. No tengo dudas, como defensor de Buzali, de que se trató de un accidente de tránsito; vamos a insistir con las pericias, porque fue imposible determinar que se trate de una tentativa de homicidio sino que son lesiones culposas. Respetamos a la Justicia, pero vamos a delinear para revertir la situación jurídica de mi asistido”.