Tragamonedas: millonario convenio con la UNLP en la mira

El gobierno bonaerense analiza dar de baja el convenio mediante el cual se deberían auditar las tragamonedas. Hay gestiones cruzadas y crece las sospechas por la falta de controles de una actividad que saquea las economías locales

Uno de los contratos más polémicos y onerosos que tiene la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) está en la mira. Nos referimos, concretamente, al convenio entre el Instituto de Lotería y Casinos bonaerense y el Rectorado, mediante el cual un laboratorio de la Facultad de Informática debería realizar tareas de auditoría de 24 mil de máquinas tragamonedas instaladas en la provincia de Buenos Aires. 

Estamos hablando de un negocio multimillonario ya que, tal como lo denunciamos en numerosas ocasiones en las páginas de Hoy, las tragamonedas nada tienen de azarosas. Son programadas para hacer perder, saquean las economías locales, esquilman los bolsillos de los trabajadores y endeudan y dejan a familias en la ruina más absoluta. En ese contexto, un aspecto clave del negocio pasa, precisamente, por la falta de controles que existe en la Provincia, que ha llevado a que durante la era K Buenos Aires se convirtiera en la meca de las maquinitas ya que, de los propios balances de la principal operadora del juego (Codere), se desprende que logra ganancias –en euros- muy superiores a los que consigue en otras partes del mundo. 

Cabe destacar que estas sospechas llevaron, en su momento, a que desde la Universidad de Buenos Aires se negaran a prestar el servicio de auditoría que ahora instrumenta la UNLP. ¿El motivo? Según el ex diputado provincial Walter Martello, autor del libro “Nunca Más”, “profesionales de la Universidad de Buenos Aires nos informaron que habían dejado de participar en las auditorías al no permitírsele acceder a la información: habían propuesto sistemas de supervisión y control específico, que fueron objetados y desechados, uno tras otro, por el Instituto”. También se denunciaron casos en que numerosas máquinas no estarían conectadas al software de contralor (ver aparte).

Ante esta situación, la tarea que ejerce la UNLP quedó en la mira del gobierno provincial. Y más después del apoyo abierto y explícito que dieron las autoridades universitarias a la candidatura presidencial de Daniel Scioli, en la previa de los comicios presidenciales, que llegó al extremo de emitir documentos con la firma de las autoridades del Rectorado y de casi todos los decanos. La excepción fue la titular de la Facultad de Medicina, Ana Lía Errecalde. A ello se le sumó que casi todos los convenios de la Universidad con el Estado nacional fueron dados de baja, ante las denuncias que hablan de que, en muchos casos, se habría utilizado como caja política para pagar ñoquis, militantes rentados y actores K.

Enterados de esta situación, desde la UNLP se habrían emprendido operaciones tendientes a que el convenio con Informática no sea dado de baja. El tema se maneja en el más absoluto hermetismo y desde ambas partes, ante una consulta de Hoy, evitaron dar mayor información. “A la facultad no llegó ninguna notificación, la auditoria se sigue haciendo y el contrato vence recién en 2019”, se limitaron a informar voceros consultados por nuestro diario.

Un dato que llamó poderosamente la atención es que la gobernadora María Eugenia Vidal designó a Armando de Giusti, el decano de Informática y ex vicepresidente de la UNLP, como titular ad honorem de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). De Giusti no se tomará licencia como decano y su nombramiento despertó muchas suspicacias tanto dentro como fuera de la Universidad. “De Giusti no es el responsable del convenio. El está vinculado al Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA) de la facultad, mientras que el convenio con las tragamonedas lo instrumenta el Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas (LINTI) que preside Javier Díaz, que tiene un pacto político con De Giusti mediante el cual se alternan cada cuatro años en la conducción de la facultad. El pacto implica no inmiscuirse en los convenios que hace cada laboratorio”, dijeron.  

Según pudo saber nuestro diario, por las tareas que desarrollan el  LINTI, la casa de estudio recibiría unos 3 millones de pesos por mes. Es decir, unos 36 millones al año, que no  son controlados prácticamente por nadie ya que se trata de fondos que no forman parte del presupuesto que año tras año se aprueban en el Consejo Superior de la UNLP.

En tanto, el LIFIA también tiene convenios que están bajo la lupa. Concretamente, prestó servicios –contratos millonarios mediante- para la puesta en marcha de la TV digital abierta, una plataforma que se convirtió en una usina de propaganda K y que además generó denuncias de todo tipo por el discrecional reparto de las licencias.

Un lobo cuidando el gallinero

Un dato que resulta llamativo es que la gobernadora ha manifestado públicamente que tiene intenciones de transparentar el negocio del juego en la Provincia y, al mismo tiempo, ponga como vicepresidente del Instituto de Loterías a Jorge “Piedrita” Rodríguez, quien estuvo al frente de ese organismo durante gran parte del gobierno de Scioli. 

“Piedrita” fue el que instrumentó, entre otras medidas, la renovación automática de licencias a bingueros bonaerenses, sin llamado a licitación, y también avaló que el parque de tragamonedas bonaerense creciera de forma descontrolada.

Las maquinitas generan $14 mil millones

A partir de datos proporcionados por las propias autoridades del Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas (LINTI), se desprende que el Estado bonaerense sale perdiendo en el multimillonario negocio del juego. Concretamente, según el LIFIA, en las 24 mil máquinas tragamonedas se juega más de $14 mil millones de pesos anuales y, de ese monto, el Instituto de Loterías recibe unos $5.000 millones, más una recaudación de $1.100 millones en concepto de Ingresos Brutos. Ante este panorama, que muestra que un puñado de empresas amigas del poder se queda con gran parte de los recursos del juego, se hace evidente la necesidad de que sea el Estado el que administre el negocio de las tragamonedas, tal como lo establece la Constitución bonaerense. Y más cuando la Provincia, luego de 8 años de gobierno sciolista, está quebrada.

Aparatos tocados

Otro caso que puso en la mira el sistema de controlar ocurrió en el bingo de Almirante Brown, en el año 2012, cuando una apostadora consiguió un premio de $39 millones en una tragamonedas que, obviamente, no le pagaron.  Ahora bien, en el expediente administrativo que se tramitó en Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia por este caso consta que se habrían registrado groseras irregularidades que impidieron el correcto funcionamiento de los sistemas de monitoreo que deberían controlar y supervisar a la información de las máquinas tragamonedas, determinando de forma automática los recursos que le corresponde al Estado. 

Un informe realizado por la firma IGT Argentina S.A, empresa fabricante de la máquina tragamonedas, es contundente. Afirma que la memoria de la máquina había sido borrada. Además, la placa del sistema on line estaba suelta dentro de la tragamoneda, sin ningún tipo de aislación.  Este software se utiliza para realizar un seguimiento on line de las maquinitas durante las 24 horas y sirve para hacer cumplir la ley vigente que otorga por ley $ 5 de cada $ 100 que se juegan al Estado, mientras el operador privado obtiene $ 10. Los $85 restantes se usan para pagar premios. 

En ese contexto, desde hace tiempo, existen serias sospechas de que se estaría implementando un mecanismo fraudulento que consiste en “tocar” las máquinas de manera tal que no reporten su funcionamiento al ente regulador del juego, una maniobra que afecta el erario público e influye luego en el aporte fiscal correspondiente.