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El ente busca poner bajo la lupa la desaparición de agentes bonaerenses durante la última dictadura cívico militar y modificar las causales de ceses de actividades para reflejar su verdad histórica.
09/03/2022 - 00:00hs
A través de la resolución 188/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial, acaba de ser modificada y reflotada una comisión para investigar la desaparición de policías bonaerenses durante la última dictadura cívico militar y modificar las causales de ceses de actividades. Bajo el nombre de Comisión de la Verdad Histórica del Ministerio de Seguridad, el ente creado originalmente en 2012 (cuando la cartera de Seguridad estaba unificada con la de Justicia) pone bajo la lupa las circunstancias en las que estos agentes pudieran haber sido víctimas de delitos de lesa humanidad en el marco del Proceso de Reorganización Nacional.
Según detalla el texto original de 2012, la comisión realizará “los estudios pertinentes a fin de determinar el universo de agentes que fueron víctima del delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas” durante la última dictadora cívico militar. De esta manera buscará cambiar en los legajos laborales la causal del cese de actividades de abandono de cargo, pedido voluntario de baja u otra similar que no refleje su verdad histórica por la de “ausencia por desaparición forzada”.
La comisión, que había quedado en una zona indefinida debido a la estructura orgánica de los Ministerios, vuelve a ponerse en actividad con una serie de modificaciones. “Ante la separación de ambas carteras ministeriales y los cambios operados en sus respectivas estructuras orgánico funcionales y a fin de continuar con la labor de la comisión referida, resulta necesario modificar su conformación”, señala la nueva normativa.
Así, la comisión quedará integrada por las siguientes autoridades de Seguridad: el/la ministro/a, o quien este designe en su representación; el/la subsecretario/a Técnico/a, Administrativo/a y Legal; el/la subsecretario/a de Planificación e Inteligencia Criminal; el/la subsecretario/a de Participación Ciudadana; el/la Auditor/a General de Asuntos Internos, o quienes estos designen en su representación quienes deben tener rango y jerarquía de director Provincial o equivalente; el/la director/a Provincial de Políticas de Género y Derechos Humanos; y el/la director/a Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.
Además, el ente estará integrado por “dos efectivos policiales que hayan sufrido desaparición forzada, en representación de todos aquellos que estuvieron o están en esa condición” y se invita “a la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a designar un representante”.