La organización Reporteros Sin Fronteras expone la permanente violencia que hay por la disputa de tierras y explotación de riquezas por parte de las mafias de la pesca ilegal.
06/06/2023 - 00:00hs
Al menos 62 ataques fueron perpetrados contra periodistas en la región amazónica brasileña en un año, según denunció la organización multinacional Reporteros Sin Fronteras. Esto se enmarca en el primer aniversario del asesinato del funcionario indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, por parte de las mafias de la pesca ilegal en el estado de Amazonas.
Pereira, que trabajaba en la Unión de los Pueblos del Vale do Javari, una organización de defensa de los indígenas de la región extremo oeste de Brasil fronteriza con Perú, fue asesinado por integrantes de los grupos criminales de la pesca ilegal junto con Phillips, colaborador de The Guardian que escribía una investigación para una entidad no gubernamental.
Con relación al primer aniversario del crimen por el cual están detenidas tres personas, el Instituto de Derechos Humanos Vladimir Herzog denunció con Reporteros Sin Fronteras la permanencia de la violencia por la disputa de tierras y explotación ilegal de riquezas en la selva amazónica, de la cual Brasil posee el 60% del territorio y se transformó en pieza clave de la política externa del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da SIlva.
Según la estadística, de los 62 ataques y amenazas, en 13 casos hubo agresión física. La información es parte del Observatorio de Violaciones a la Libertad de Prensa en la Amazonía. Los ataques incluyen cinco amenazas de muerte, tres ataques a sedes de vehículos y cuatro procesos judiciales abusivos con decisiones arbitrarias contra periodistas.
“El perfil de los perpetradores es el de los manifestantes de extrema derecha. Los ataques se produjeron en la Amazonía Legal e involucran a políticos, crimen organizado, empresas mineras, prospección e incluso turismo”, afirmó Artur Romeu, de Reporteros sin Fronteras, en conferencia de prensa.
En Río de Janeiro, familiares y amigos realizaron un acto con pedido de un rápido juicio por jurados contra los acusados de matar a Philips y Pereira.
Pereira era un funcionario especialista en indígenas de la gubernamental Fundación Nacional del indio (Funai) que había sido apartado de sus funciones por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, que redujo a niveles históricos el programa de fiscalización en la selva amazónica y en tierras indígenas.