La Fiscalía de Perú incautó en las últimas horas ocho inmuebles y congeló una cuenta bancaria del expresidente peruano, Alejandro Toledo (2001-2006), por un total de 6.5 millones de dólares, en el marco del proceso por lavado de activos abierto en su contra.
La medida cautelar fue realizada por el Ministerio Público en el proceso autónomo de extinción de dominio seguido al exmandatario, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, sindicados por el presunto delito de lavado de activos, al favorecer a la empresa brasileña Odebrecht con la concesión de millonarias obras públicas en Perú.
Los bienes inmuebles decomisados a Toledo son una residencia en el distrito residencial de La Molina, provincia de Lima, otra casa en el exclusivo balneario de Punta Sal, así como una vivienda y otras cinco unidades patrimoniales ubicadas en el edificio Torre Omega en el distrito limeño de Santiago de Surco, informó la agencia de noticias estatal Andina.
La administración de los inmuebles fue asumida por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y seguirá así hasta que se resuelva definitivamente su destino que podría ser que su titularidad quede para el Estado Peruano.
El exmandatario fue arrestado el 16 de julio del 2019 en Estados Unidos y durante los primeros meses del proceso de extradición fue recluido en la prisión de Santa Rita y la correccional Maguire, por considerarse que existía peligro de fuga.
Durante el inicio de la pandemia de coronavirus fue excarcelado el 20 de marzo del 2020 para cumplir arresto domiciliario.
El exmandatario está obligado a usar un grillete.
La justicia peruana espera la extradición de Toledo para que sea procesado por las presuntas coimas de 35 millones de dólares que presuntamente recibió de la constructora Odebrecht a cambio de la adjudicación y ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur durante su Gobierno.
El tratado de extradición entre ambos países que examina el magistrado y en virtud del cual se puede proceder con la entrega de Toledo a las autoridades peruanas fue firmado el 26 de julio de 2001, justo dos días antes de que Toledo accediera a la Presidencia de Perú.
La justicia de Estados Unidos resolvió el 28 de septiembre que el expresidente puede ser trasladado a Perú.
Con el visto bueno de la Justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de dos años.