Actividad pesquera: la caja negra de la política nacional

Una denuncia judicial acusa a funcionarios del gobierno de Macri de idear un sistema que incluye coimas por sumas millonarias, maniobras de lavado de dinero, evasión de impuestos y falsificación de papeles públicos. Procederes e irregularidades ocultas en la pesca argentina

La industria pesquera en la Argentina mueve miles de millones de dólares al año, lo que la convierte en una de las más lucrativas del país. Detrás de ella, se esconden una serie de irregularidades y negocios oscuros que amenazan con hacer explotar por los aires una actividad rentable y productiva.

Una denuncia presentada por Juan Carlos Nicolau, exjefe de Distrito Puerto Mar del Plata, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ante la Fiscalía Federal nº 2 de la ciudad balnearia, a cargo de Nicolás Czizik, da a conocer una cantidad de ilícitos que se cometen en el puerto bonaerense y que involucran a un gran número de autoridades nacionales.

Entre los actos ilegales cometidos se encuentran una red registrada de coimas que les permiten funcionar en suelo nacional, maniobras de lavado de dinero, evasión de impuestos y falsificación de papeles públicos, todo esto “recaudando” para una caja política que desvirtúa tan noble actividad.

Acusaciones varias

La principal ilegalidad en la industria pesquera surge por la ausencia de fiscalización por parte de las autoridades nacionales. Así, no se pasan los partes obligatorios cada 72 horas sobre la captura de los barcos, “dibujando” de esa manera los datos oficiales y permitiendo a los buques capturar más de lo permitido, ocasionando un grave daño al erario público al evadir impuestos por decenas de millones de pesos al año.

Además, según la acusación presentada ante la fiscalía marplatense por Nicolau, se ha ideado todo un sistema de coimas por parte de las diversas autoridades a partir del cual no se puede salir o entrar al muelle si antes no se paga una cierta cantidad de dinero que, solo en el puerto de la ciudad balnearia, ascendería a más de cinco millones de dólares por año.

Los funcionarios nacionales implicados en estas maniobras son Oscar Ángel Fortunato, representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Federal Pesquero; Sergio Salomón, coordinador de Fiscalización e Inspectores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y Ayelén Fortunato, fiscalizadora nombrada por el gobierno de Mauricio Macri, hija del mencionado en primer lugar.

Lo más grave de todo es que según la acusación y los diversos testimonios que pudo registrar diario Hoy, a su alrededor se han generado operaciones de lavado de dinero, donde se dan como válidos cargamentos de pescado que nunca ingresaron al puerto marplatense, pudiendo desde allí blanquear dinero de dudosa procedencia que entra al circuito legal.

De acuerdo a lo denunciado, todo lo que se pierde en el camino son pescados que pasan por un circuito negro que es absolutamente ilícito. Consta en lo presentado a la Justicia por ejemplo, que un camión que salió del muelle con la carga hacia la planta jamás llegó,  evidenciando una de las consecuencias de este corrupto accionar.

Avance corrupto

Antes de llevar la denuncia a la Justicia, Nicolau la presentó ante el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri; el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Tomás Gerpe, y el jefe de gabinete, Marcos Peña, quienes guardaron la acusación en un cajón, lo que motivó la renuncia a su cargo del exjefe de Distrito Puerto Mar del Plata.

En diálogo con nuestro medio, el oficial de Marina Mercante, Roberto Maturana, señaló que “Fortunato comanda una mafia que tiene como sus principales exponentes a su hija 

Ayelén y a Sergio Salomón, todo ello con la complicidad de la Secretaría de Agricultura y Pesca que juega un papel preponderante al mirar hacia otro lado ante el proceder de estos funcionarios públicos”.

Para el investigador y analista, “las coimas superan largamente los cinco millones de dólares al año solo en el Puerto de Mar del Plata. Se evaden cifras millonarias y se permite, bajo la esquiva mirada del Senasa y de otros organismos públicos, hacer operaciones de lavado de dinero que seguramente se convierten en una de las cajas negras de la política nacional”.

“Hay una falta absoluta de controles por parte del Estado nacional, que desde la asunción de Mauricio Macri se ha acrecentado. El nivel de corrupción es muy grande y las autoridades lo saben, porque han recibido las múltiples denuncias que se han hecho, y sin embargo nada hacen para detenerla”, recalcó Maturana.

Como puede observarse, la corrupción juega un papel central en un oscuro entramado que deja en evidencia la inacción de un Estado que prefiere taparse los ojos ante los actos ilícitos, permitiendo así negocios espurios arraigados y cada vez más difíciles de quebrar.

Presente oneroso

En la acusación judicial se destaca también el exponencial crecimiento patrimonial que ha tenido en los últimos años Sergio Salomón. La presentación de Nicolau muestra que el coordinador de Fiscalización e Inspectores de la Secretaría de Pesca y Agricultura de la Nación mantiene un nivel de vida que no se condice con los ingresos que él declara que percibe como monotributista, de hasta 33.000 pesos mensuales.

Según el denunciante, Salomón alquila una vivienda en el exclusivo barrio cerrado de Rumencó, en suelo marplatense, a la vez que tiene un tiempo compartido en Orlando, Estados Unidos, así como también posee dos cuatriciclos, una moto, un auto de alta gama, y dos lotes valuados en US$ 90.000 cada uno, también en Rumencó, bienes que no podría justificar de ninguna manera.

Sin controles

Uno de los aspectos que se resalta a lo largo de toda la denuncia presentada por Juan Carlos Nicolau en los Tribunales marplatenses radica en la falta de controles orquestada por la administración de Mauricio Macri para contener los oscuros manejos en el negocio de la pesca.

Allí se indica cómo las familias Fortunato y Salomón han puesto a fiscalizar en el puerto de la ciudad balnearia a un sinnúmero de personas ligadas a ellos que “hacen la vista gorda a los ilícitos cometidos”, registrándose así, a través de ellos, una red de coimas por las que se pueden realizar actividades que no están permitidas.

Salomón es el responsable de coordinar a los inspectores que se suben a los barcos a constatar cuál es la captura que hicieron en sus viajes. Allí es donde comienza el círculo de corrupción en la actividad pesquera. 

“Oscar Fortunato es un lobbysta del sector empresarial”

Así lo afirmó a este medio el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías. Fuertes críticas ante la inacción del Gobierno nacional frente a la corrupción pesquera

El pasado 20 de julio, mediante el Decreto 526/2017 firmado por el Presidente Mauricio Macri, se designó a Oscar Fortunato como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Federal Pesquero. La medida trajo inmediatamente una inmensa polémica debido a que el actual funcionario es una persona que, a través del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), defendió el accionar de las grandes firmas en perjuicio de los pequeños pesqueros.

Fortunato está ligado estrechamente a José Moscuzza, presidente del club Aldosivi de la ciudad de Mar del Plata, quien a su vez es un colaborador dilecto del presidente de Boca Juniors y operador judicial de la administración macrista, Daniel Angelici. Uno de los secretos a voces en la política es que 

Fortunato maneja todo el poder en el sector pesquero gracias a los vínculos que ha sabido cosechar con el oficialismo de la mano de Angelici.

Una de las primeras decisiones del funcionario, ni bien asumió, fue favorecer, a través de una serie de resoluciones, el proceder de la firma Moscuzza, propiedad de su íntimo amigo, que ocupa el podio como una de las tres empresas más redituables en la pesca nacional, lo que motivó una serie de dudas sobre los verdaderos motivos de su asunción en tan importante cargo.

Sin cambios a la vista

La actitud pasiva manifestada por el Presidente Mauricio Macri ante las reiteradas denuncias sobre el mal accionar de sus funcionarios en el área pesquera avala (con esta inacción) los actos espurios que se cometen por sus subordinados.

Jorge Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP), le dijo a diario Hoy que “en la Argentina se decide cómo, cuándo, dónde y quién pesca dentro del Consejo, que funciona bajo el régimen federal pesquero, que es una ley. En ese Consejo el poder ejecutivo, Macri, tiene dos representantes, y uno de ellos es Oscar Fortunato”.

Para el dirigente pesquero, “Oscar Fortunato es un lobbysta del sector empresarial. Le hemos hecho llegar al señor Presidente una carta para advertirle que tiene dentro de su Consejo, en representación de él, a un lobbysta de las empresas, lo cual es de conocimiento público y está violando la ley de ética y el cumplimiento de las funciones públicas, pero por ahora nada se ha hecho”.

En ese sentido, indicó: “Esto hace que lamentablemente tengan lugar acciones peores. Fue un grave error del Gobierno y esperamos que lo revierta. También esperamos que cambien un montón de cosas. De lo contrario, la corrupción va a ir en aumento”.

“Al principio del gobierno de Cambiemos, sostuve la postura de esperar, porque era un gobierno nuevo. Sin embargo, pasaron dos años y nada mejoró, sino que empeoró. Quienes debían haber aprendido, no aprendieron. Todo el sistema perverso sigue existiendo y ahora, encima, se le da chapa al lobbysta de la empresa, como Oscar Fortunato, para que tome decisiones”, recalcó Jorge Frías.

Un área en permanente crisis

La pesca crea a nivel nacional más de 40.000 puestos de trabajo de manera directa y genera más de 1.500 millones de dólares anuales de ingreso a las arcas del Estado por exportaciones. Sin embargo, el sector va de crisis en crisis sin poder consolidarse en el país. Especialistas consultados por diario Hoy resaltan que donde más se destaca la crisis en la pesca es en cuanto a la cantidad de trabajo que da la actividad, que en los últimos años ha descendido casi un 50%, viéndose puertos casi vacíos y con escasa ocupación, afectando directa e indirectamente a miles de familias argentinas.

La tarea de los pescadores se inicia con la descarga de lo capturado en el mar, de ahí pasa al camión y luego a la fábrica, donde lo agarran los peones, que vuelcan la mercadería en las mesas. También entran en acción los fileteros y luego los camaristas, que los meten en las grandes heladeras. Después intervienen los trabajadores que sacan al pescado de ahí y lo meten en cajas. 

En definitiva, se generaba un circuito laboral muy grande que ocupaba a una gran mano de obra, algo que ahora ha desaparecido.

El oscuro manejo de un empresario preso por la Operación Langostino

Entre las personas que reportarían directamente a Oscar Fortunato y Sergio Salomón se encuentra un inspector de pesca que trabaja en la Fundación ArgenINTA, que recibe cuantiosos fondos desde el Estado nacional, como lo es Emilio Puerto.

Se trata de uno de los empresarios pesqueros que cumplió una condena de 11 años por su participación en la causa conocida como Operación Langostino, ocurrida en julio de 1988, cuando se secuestraron 587 kilos de cocaína, escondidos en este crustáceo, listos para ir a los Estados Unidos y diversos países europeos.

Según pudo saber diario Hoy, Puerto es ahora una de las personas de mayor confianza de Fortunato y de Salomón a la hora de llevar adelante los registros e inspecciones de los barcos en la ciudad de Mar del Plata, lo que causa la indignación de muchos empresarios que recuerdan el turbio pasado del funcionario nacional.

El cargo oficial que ocupa el exconvicto por narcotráfico es el de inspector de pesca y fiscalizador de captura. Las denuncias a las actuales autoridades de la Secretaría de Pesca y Agricultura se vienen haciendo desde hace meses, pero hasta el momento, Puerto sigue firme en su cargo sin miras de que se revierta esta situación.

Para la Fundación ArgenINTA también presta servicios la hija de Oscar Fortunato, Ayelén Fortunato, quien fue nombrada fiscalizadora por la administración de Mauricio Macri, lo que para muchos es clave en el oscuro manejo que se viene haciendo de la actividad pesquera en la Argentina y que ha llevado a que la misma esté en el ojo de la tormenta por sus turbios procederes.