Aldo Tonón renunció como director de la Obra Social del Poder Judicial

Por unanimidad, la Corte Suprema aceptó la renuncia del director general de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Juan Tonón, en el marco de una crisis por el deterioro de los servicios y sospechosas licitaciones de una obra social que en su momento tenía un notorio prestigio. El escándalo afecta al máximo tribunal en su totalidad y es uno de los motivos del juicio político.

Tonón era un hombre de absoluta confianza de Juan Carlos Maqueda y, además, la tesorería estuvo a cargo de Guadalupe Burgos, sobrina de Maqueda, que, sin haber siquiera sido designada, sin ser contadora ni profesional, firmó cheques por unos mil millones de pesos mensuales.

En el texto de la aceptación de la renuncia no se le agradece por los servicios prestados, ni se exhibe un tono cordial. Asimismo, la resolución firmada por los cuatro cortesanos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tiene un segundo punto en el que se le hace saber a Tonón que tiene 30 días hábiles a contar desde el martes para presentar una declaración jurada patrimonial. Tratándose de una cuestión reglamentaria, podrían haber cursado ese segundo punto en otro texto.

La crisis desatada en la OSPJN motivó denuncias de los sindicatos de trabajadores judiciales y una causa que tramita en el juzgado de Daniel Rafecas. El magistrado delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo. En el marco de ese expediente, hubo varios allanamientos y secuestro de documentación. También en el Senado, Oscar Parrilli y Silvia Sapag firmaron un pedido de informes al respecto.

El punto básico que puso en marcha el escándalo es que una obra social que funcionaba relativamente bien empezó a defeccionar en los servicios y entró en una especie de bancarrota económica.

En la investigación surgieron evidencias de licitaciones más que extrañas, ya que a dos empresas, Emergencia Médica Integral y Farmandat, ambas cordobesas como Maqueda, se les adjudicaron contratos millonarios sin que los antecedentes lo justificaran. Farmandat, por ejemplo, tenía presencia escasa y consiguió una contratación por 2.600 millones de pesos.

También se autorizaban tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se les denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados. Hay una asombrosa cantidad de juicios por mala praxis, existía un total descontrol en materia informática, se descubrieron faltantes de medicamentos, desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, entre otras malas funciones.

La aceptación de la renuncia de Tonón no termina de cerrar un ciclo. La Comisión de Juicio Político tiene la cuestión de la obra social como uno de los temas centrales. Y no solo contra Maqueda, sino contra todos los miembros de la Corte, porque la responsabilidad sobre la obra social es del cuerpo en su conjunto.