Se trata de la orden con la que se obligaba a la Argentina a pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares.
24/02/2024 - 00:00hs
En las últimas horas, el Gobierno nacional apeló al fallo de la jueza de Estados Unidos que lleva adelante el juicio por la nacionalización de YPF en el año 2012, y que implicaba un pago en concepto de indemnización de 16 millones de dólares. Al apelar, desde el Ejecutivo argumentaron que el caso debe tramitarse en Argentina.
En ese aspecto, consideraron que Estados Unidos no es el lugar y cuestionaron que la Justicia de Nueva York no debía intervenir ante cuestiones que se tienen que dirimir en el derecho Argentino, o sea, no tenía jurisdicción para decidir.
También señalaron que hubo estimación errónea de daños sobre los demandantes y por eso también recurrieron ante la Cámara de Apelación del Segundo Circuito respecto de las sentencias emitidas por la corte de distrito de NY.
El escrito, cuyos detalles se conocieron en las últimas horas, lleva la firma de los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, en representación de la Argentina.
La demanda fue iniciada por Buford Capital y Eton Park cuando el Estado Argentino compró el 51 por ciento de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993.
Vale recordar que, en el mes de diciembre, la Justicia del gigante norteamericano rechazó el pedido formulado por el Gobierno argentino para evitar presentar garantías en el juicio.
Entre los argumentos del Estado argentino, se señaló la “falta de acceso a fondos” para hacer el depósito de garantías. “Demuestra que no ha tomado, y supuestamente no puede tomar medidas para el pago y que no tiene un plazo para hacerlo”, señaló la jueza Preska, al darles la razón a los demandantes, que se opusieron a este pedido, consignó la agencia AFP.
Ahora, en la última apelación presentada, los abogados señalaron: “El tribunal otorgó el fallo a favor de los demandantes, interpretando preguntas complejas de la ley argentina y, en su mayoría, estableciendo nueva jurisprudencia argentina a favor de los demandantes en casi todos los aspectos”.