Aprietes de la AFIP: la Justicia va a fondo

Ordenó reabrir una causa que involucra a Cristina Kirchner y a Ricardo Echegaray por los hostigamientos al presidente de la Corte Suprema. Se confirman las denuncias del diario Hoy sobre los aprietes del organismo recaudador para silenciar a críticos, opositores y medios independientes

En un fallo que fue un duro cachetazo al gobierno nacional, la Cámara Federal ordenó ir a fondo en las investigaciones sobre los mecanismos de aprietes que utiliza Cristina Kirchner para intentar silenciar a los críticos, opositores y medios independientes, utilizando para ello la estructura de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que preside el polémico Ricardo Echegaray.

Concretamente, el tribunal de alzada, que es el mismo que el año pasado confirmó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por la escandalosa compra de la ex Ciccone, anuló ayer por "arbitrario" un fallo que sobreseyó a la presidenta y al jefe de la AFIP en la causa penal sobre el supuesto control del organismo al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y su entorno. En un contexto donde la administración K redobló la ofensiva contra la Corte y busca desplazar a Carlos Fayt del máximo tribunal, los camaristas consideraron que el fallo del juez federal Sergio Torres "peca por omisión" al no identificar los hechos y "tampoco valora en extensión las probanzas producidas en la instrucción" de forma que el pronunciamiento "resulta dogmático y falto de sustento".

La mandataria y el jefe de la AFIP fueron denunciados en 2013 luego de que se informara mediante la prensa que Lorenzetti habría comentado a sus pares de la Corte que la AFIP lo investigaba a él, a sus hijos y a un funcionario allegado suyo.  Esos comentarios se habrían producido pocos días después de que la Corte se pronunciara en forma negativa sobre dos asuntos impulsados por el Gobierno nacional: la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura y el freno a la elección popular de sus integrantes.

El funcionario de la AFIP que habría organizado el operativo de apriete a Lorenzetti sería Guillermo Michel, quien habría montando un “equipo especial” que estaría encargado de tareas de hostigamiento a opositores, empresarios, jueces y periodistas. Pese a estos antecedentes, el pasado 6 de marzo, Echegaray lo ascendió y lo puso como titular de Aduana, sin importar sus conexiones con la causa carbón blanco, uno de los episodios de narcotráfico mas escandaloso de la historia argentina.

El diputado nacional del PRO Federico Pinedo y el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa radicaron sendas denuncias en los tribunales federales y ambas quedaron radicadas en el juzgado de Torres, que dictó los sobreseimientos tras considerar que los hechos no constituían delito. Pero la fiscalía apeló y el caso llegó a manos de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

"Es que el deber del juez de motivar los fallos requiere que sus decisiones contengan la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinada o determinadas normas del plexo sustantivo", arguyeron los jueces. Y concluyeron que en el fallo de Torres, "en suma, no se ha descripto el hecho y no se han evaluado las pruebas para descartar la atribución de responsabilidad; y por esa razón la decisión resulta arbitraria".

El fallo de la cámara constituye un importante antecedente para que finalmente la Justicia pueda ir a fondo respecto a lo que venimosdenunciando en estas páginas desde hace tiempo: el kirchnerismo se sirve de las estructuras del Estado, especialmente de la AFIP, para intentar silenciar aquellas voces que denuncian las mentiras del relato oficial como así también a los medios independientes, como el diario Hoy, que se atreven a investigar al poder político, sacando a la luz los negociados que busca ser escondidos bajo siete llaves.

Escandalosa protección a Echegaray en La Plata

A diferencia de lo que ocurre en los tribunal de Comodoro Py, donde aún quedan jueces y fiscales que se atreven a investigar, imputar y procesar a funcionarios públicos, en la Justicia Federal en lo Penal de La Plata los cargos de magistrados son desempeñados por títeres de La Cámpora, que fueron designados de forma ilegal y que no reúnen la más mínima idoneidad para cumplir ese cargo. Un claro ejemplo de ello es Laureano Durán, un simple auxiliar escribiente de 33 años, de pobre trayectoria profesional y académica, que fue puesto a dedo por La Cámpora como subrogante en el juzgado para importante de la Provincia, con competencia electoral (ver Confirman maniobras oscuras en el juzgado de Durán).

Según pudo saber Hoy, Durán estaría siguiendo al pie de la letra las instrucciones emanadas desde la Casa Rosada y desde distintos organismos gubernamentales, ordenando allanamientos y distintos procedimientos judiciales como forma de apriete a críticos y opositores al gobierno, cajoneando a su vez todas las denuncias que afectan al poder político.  Así lo demuestra la forma en que está actuando Durán ante la denuncia que en su Juzgado presentó la directora del diario Hoy, la señora Myriam Renée Chávez de Balcedo,  el 28 de octubre del año pasado. La demanda es por los aprietes instrumentados por el organismo recaudador contra nuestro diario e involucra a Echegaray y a varios funcionarios de la AFIP por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, falsa denuncia y extorsión.  Pasaron casi 5 meses desde el momento en que Duran se hizo cargo de ese Juzgado, luego de un proceso colmado de irregularidades (denunciado por la oposición y asociaciones profesionales), y aún no llamó a la directora a ratificar la demanda, un trámite de rutina que suele realizarse a los pocos días del momento en que algún particular decide hacer una demanda penal.  Por eso,  la señora Chávez de Balcedo presentó a principios de abril una nueva demanda penal, que incluye todos los delitos de corrupción que involucra a funcionarios de la AFIP, que fueron investigados y publicados por nuestro diario, que recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata a cargo de Jorge Di Lorenzo, secretaria Nº 9 (cuyos titulares son Juan Nogueira y Pablo Ernesto Muñoz). Esta última demanda será ampliada y ratificada en las próximas horas.

Los tiempos de Durán son absolutamente distintos cuando las órdenes de intervenir provienen de la Casa Rosada, al punto que en ambientes tribunalicios ya bautizaron al joven escribiente como “el Norberto Oyarbide de La Plata”.

Recordemos que Oyarbide fue el magistrado que, entre otros escándalos, ordenó archivar en tiempo récord una pesada denuncia por enriquecimiento ilícito contra la presidenta luego de que funcionarios de la AFIP viajarán al sur para dibujar, junto al contador de los Kirchner, las declaraciones juradas de la familia presidencial.